Art. 959 del Codigo Civil y Comercial


    C.C.C. Comentado >> LIBRO TERCERO - DERECHOS PERSONALES >>
    TITULO II - Contratos en general >>
    CAPITULO 1 - Disposiciones generales >
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    Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.

    I. Relación con el Código Civil. Fuentes del nuevo texto

    El art. 1197 del Código de Vélez establecía que los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma; estaba inspirado en el art. 1134 del Código Napoleón, conforme al cual "las convenciones legalmente formadas tienen lugar de ley". Este art. 959 consagra el mismo principio del efecto obligatorio de los contratos aunque suprime la equivalencia con la fuerza obligatoria de la ley. El segundo párrafo de este art. 959 es un agregado aclaratorio que ha de relacionarse a los efectos de su interpretación y aplicación con el Capítulo 13 de este mismo Título II del Libro III, que a partir del art. 1076 trata de la "Extinción, modificación y adecuación del contrato".

    II. Comentario

    1. Fuerza vinculante del contrato Más allá de múltiples disquisiciones de los autores sobre la cuestión del fundamento del efecto obligatorio de los contratos, lo cierto es que él constituye un presupuesto de todo el derecho patrimonial y es universalmente acogido en la legislación comparada. De modo que las partes del contrato quedan obligados a cumplir el contrato tal y como ha sido libremente convenido por ellas. El precepto que examinamos explicita que es obligatorio el contrato "válidamente celebrado". Pero es conveniente precisar que por regla general quien pretenda la invalidez de un contrato debe invocar y probar la causa de tal invalidez, salvo que el vicio del acto cause una nulidad absoluta con lo cual puede ser invocada por el Ministerio Público y declarada de oficio por el juez si es manifiesta en el momento de dictar sentencia (art. 387). 2. Protección constitucional del contrato La fuerza obligatoria del contrato encuentra su fundamento constitucional en el art. 19 de la Constitución y su tutela en el art. 17, pues la Corte ha declarado que los derechos emanados de un contrato están comprendidos en la noción constitucional de propiedad. Esto viene a quedar consagrado explícitamente por el art. 965 del Cód. Civ. y Com. a cuyo comentario remitimos. 3. Límites a la fuerza obligatoria de los contratos Los mismos límites que tiene la libertad de contratar se aplican a la fuerza obligatoria. De modo que la ley organiza institutos que importan limitaciones a la eficacia de las convenciones, como lo son la lesión subjetiva y la imprevisión, más allá de los límites genéricos que implican el principio de buena fe y la doctrina del abuso del derecho. No está de más recordar que el Código Civil y Comercial da una jerarquía particular tanto al principio de buena fe como a la doctrina del abuso del derecho, a los que regula en el Capítulo 3 del Título Preliminar (a partir del art. 9°). Por lo demás, como ya ha sido explicado antes, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido elaborando a lo largo de los años una doctrina conocida como "de la emergencia" conforme a la cual son constitucionalmente válidas las limitaciones legalmente impuestas al ejercicio de derechos de causa contractual, siempre que: exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; que las medidas adoptadas sean acordes con la Constitución, para lo cual es preciso: (i) que la ley tenga como finalidad legítima, la de proteger los intereses vitales de la sociedad y no a determinados individuos; (ii) que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; (iii) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria.

    III. Jurisprudencia

    1. Si el derecho de propiedad que emerge de un contrato de préstamo es igual, del punto de vista constitucional, al que se tiene sobre una cosa o un campo, u otra cosa cualquiera, queda por determinar si el Congreso en uso de su facultad de legislar puede modificar el plazo de exigibilidad de los intereses (o de los alquileres o arrendamientos), esto es, de la renta que el acreedor o el propietario en su caso, hayan convenido por contrato con su deudor, inquilino o arrendatario; y si, además de ello, pueden limitar la renta en uno y otro caso, por razones de bienestar general... [N]uestra constitución...no ha reconocido derechos absolutos de propiedad, ni de libertad, sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa (arts. 14, 28 y 67 de la CN) lo estime conveniente, a fin de asegurar el bienestar general, cumpliendo así, por medio de la legislación, los elevados propósitos expresados en el Preámbulo (CSJN, 7/12/1934, Fallos: 172:21, JA, 45-698). En la misma sentencia la Corte sentó las pautas de valoración de la legislación de emergencia que se mencionan en el II.3; ellas han sido en general seguidas en relevantes pronunciamientos posteriores. 2. La jurisprudencia de la Corte ha admitido, en situaciones de emergencia, la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente los efectos de los contratos libremente ajustados por las partes, como los efectos de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos u otras, a fin de proteger el interés público en presencia de graves perturbaciones" (CSJN, 27/12/1990, LA LEY, 1991-D, 518). A título de ejemplo, la Corte recordó que, de acuerdo a su jurisprudencia, "es lícito que la ley disponga la fijación del plazo y el precio de las locaciones urbanas; la reducción de las tasas de interés pactadas entre particulares; la moratoria hipotecaria; el establecimiento de precios máximos; la suspensión de desalojos y lanzamientos; la imposición de la agremiación obligatoria a los viñateros ..., la paralización transitoria de los juicios de reajuste de haberes previsionales; la disminución del monto de jubilaciones ya acordadas...". 3. No hay violación del art. 17 de la Constitución cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero" (consid. 56) (CSJN, 27/12/1990, LA LEY, 1991-C, 158).

    Comentario Infojus del Art. 959 del C.C.C.N

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    Artículo actualizado vigente de la Republica Argentina
    Fecha de vigencia: apartir del 1 de Agosto del Año 2015
    Fuente de información: infojus: Fuente: Infojus Codigo Comentado
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