INTERPRETACION DE LA LEY
Una exégesis que respete no solo la letra de la ley -primera fuente obligada para el intérprete- sino también su finalidad -la racional administración de los recursos públicos-, exige no desatender que el art. 68, última parte, de la ley 26.895 establece que el pago de las condenas dinerarias del Estado se hará -dentro de cada jurisdicción deudora-. "siguiendo un estricto orden de antigúedad conforme la fecha de notificación judicial".
DEMANDAS CONTRA EL ESTADO
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que intimó al Estado Nacional a cancelar el monto de una condena judicial ni bien comenzado el ejercicio presupuestario y disponer la ejecución del crédito en tanto ello desatiende la finalidad del art. 68, última parte, de la ley 26.895 -la racional administración de los recursos públicos- respecto del plazo de espera impuesto a la actora y de los acreedores con preferente derecho de cobro de acuerdo a la pauta fijada por el legislador, en cuanto establece que el pago de las condenas se hará -dentro de cada jurisdicción deudora- "siguiendo un estricto orden de antiguedad conforme la fecha de notificación judicial".
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Curti, Gustavo Alberto -inc. ejec. sent.— y otros c/ EN - M° Defensa - Ejército - dto. 1104/05 1053/08 s/ proceso de ejecución", para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1") Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había intimado al Estado Nacional a cancelar en el plazo de 5 días el monto de la condena. Contra tal pronunciamiento, este último dedujo recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la presente queja.
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Año: 2016, CSJN Fallos: 339:1814
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