1608 336 puede ser alcanzado por ningún otro medio que no incluya la discriminación. Por el contrario, si la disposición cuestionada no tiene un carácter proteccionista y sus efectos sobre el comercio interestatal son solo incidentales, dicha ley deberá ser, como regla, convalidada, a menos que introduzca un entorpecimiento sobre dicho comercio que resulte claramente excesivo en relación con los beneficios que se busca alcanzar. (ver, Tribe, Laurence, Constitutional Law, third edition, volume one, New York, 2000, p. 1059 y 1062-3;: también: Gunther, Gerald y Sullivan Kathleen, Constitutional Law, thirteenth edition, New York 1997, pp. 297322 y Redlich, N., Attanasio, J. y Goldstein, J., Constitutional Law, fifth edition, 2008, p. 220-227).
En el caso Pike v. Bruce Church, Inc., 397 U.S. 137 1970) y, más recientemente, en el caso Edgar v. MITE Corp., 457 U.S. 624 (1982), la Corte invalidó leyes locales cuyo impacto sobre el comercio interjurisdiccional, si bien colateral, no se veía compensado por un beneficio concreto de esas leyes a favor del estado que las dictó. En el primero de esos pronunciamientos, ese tribunal declaró inválida una regulación del estado de Arizona que prohibía la salida de melones a granel, es decir, sin contar con un empaquetado en el que se consignase el origen del producto. El propósito de la restricción era el de facilitar el reconocimiento de los melones producidos en ese estado, evitar su confusión con los provenientes de otros lugares y mantener así el prestigio que los productores locales se habían ganado. Sin embargo, la Corte consideró que ese propósito, aún cuando era legítimo y estaba dentro de las atribuciones de la legislatura local, no servía como contrapeso del grave perjuicio que ocasionaba a los productores que se veían así impedidos de utilizar instalaciones de empaquetamiento ubicadas fuera del territorio del estado. En el caso "Edgar", declaró la inconstitucionalidad de una ley del estado de Illinois mediante la cual se establecían exigencias muy rigurosas que debía cumplir una oferta pública para adquirir el capital accionario de una empresa con el propósito de tomar su control. El argumento que concitó
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Año: 2013, CSJN Fallos: 336:1608
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