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No puede haber dudas razonables de que el órgano jurisdiccional que es tribunal de alzada del magistrado de instrucción carece objetivamente de imparcialidad para juzgar, pues como fue subr ayado en el fallo al remitir alas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal (cons. 17 del voto mayoritario; cons. 32 del voto del Juez Petracchi; cons. 6° del voto de los Jueces Belluscio y Argibay) no puede cumplir tal atribución "quien haya inter venido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia de la misma causa" .

3) Quefrentealas consecuencias queinmediatamente derivan de la doctrina establecida sobrela constitucionalidad de ciertas reglas que prevé el sistema de juzgamiento regulado por el Código Procesal Penal de la Nación y las leyes 24.050 y 24.121, esta Corte tiene el deber institucional de adoptar las medidas razonables y apropiadas para preservar la validez de los procesos, futuros y en trámite, en que la aplicación de la regla descalificada por el Tribunal dé lugar ala violación de las garantías constitucionales en juego, además de incurrir en una grave afectación de uno de los pilares fundamentales de la administración de justicia en un estado democrático.

Se trata, pues, de enfrentar con la rapidez que exige la naturaleza de los intereses comprometidos una situación que dista de ser novedosa en la doctrina de los precedentes de esta Corte, que ante casos que guardan analogía con el presente ha debido tomar decisiones con la mayor celeridad para evitar situaciones frustratorias de garantías constitucionales o de atolladero institucional en la administración de justicia (acordadas 15/87, 6/89, 45/96, 75/96, y 34/2002, y suscitas).

4) Que con tal comprensión y con particular referencia alos Tribunales Orales en lo Criminal Federal comprendidos en el art. 1° dela ley 25.269, el cumplimiento de la competencia juzgadora que les atribuyen los arts. 28 y 32 del Código Procesal Penal de la Nación (conf. Ley 24.050, art. 16) es constitucionalmente incompatible con la atribución que, por meras razones de conveniencia, les asigna el art. 90 de la ley 24.121 en cuanto reenvía a las funciones de órgano de alzada de las resoluciones de los jueces de instrucción que contempla el art. 24, inc. 1°, del ordenamiento mencionado, con respecto alas causas penales que recibirán en elevación a los fines de dar cumplimiento con el juicio reglado en el Libro lll del código citado.

De ahí, pues, que a fin de superar la situación examinada, y con el preciso límite establecido precedentemente en cuanto a excluir la intervención de los tribunales orales indicados sólo en cuanto se les ha asignado funciones revisoras —como órgano de alzada— con respecto a las resoluciones correspondientes a la instrucción de procesos penales en los que ulteriormente deban intervenir como tribunal dejuicio, corresponde dejar sin efecto parcialmente la acordada n.° 19/2000 con respecto al art. 2, segundo párrafo, in fine, dela ley 25.269. Y, en consecuencia, disponer que en las causas penales en que cesan de intervenir los tribunales orales con respecto a la competencia reglada por el art. 90 de la ley 24.121 y únicamente en lo que concierne a lo dispuesto en el art.

24,inc. 1°, del código de rito, entenderán las Cámaras Federales de Apelaciones que son cabecera del distrito respectivo.

Por ello Acordaron:

1°.—Dejar sin efecto la acordada N ° 19/2000 con el parcial alcance establecido en el considerando4°.

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Año: 2005, CSJN Fallos: 328:4846 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-328/pagina-4846