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ción— los documentos indubitados o simplemente conserven los propios (vgr., en esteúltimo supuesto, si el documentoincautado pertenece a una persona distinta al autor de la falsedad). Tales alternativas no serían posibles en el caso, toda vez que —precisamente— los eventuales vicios del documento identificatorio derivarían de los que presentasen el certificado y acta de nacimiento. Esta especial ponderación de las consecuencias que acarrearía la inopinada "retención" dispuesta en la causa impone dejarla sin efecto, toda vez que privaría absolutamente a la apelante de acreditar su identidad —como ya se señaló supra— convirtiéndola en un ser anónimo, carente de un nombre, una nacionalidad y un estado familiar que, aun controvertidos, a ningún habitante de la Nación pueden serle arr ebatados.

En tales condiciones, la disposición de retener la documentación identificatoria expedida sobrela base de lafiliatoria en este estado del proceso sólo hizo gala deun desmedido escrúpulojudicial, productode la ausencia de una adecuada hermenéutica constitucional con arreglo a las circunstancias de la causa, por lo que corresponde revocar lo decidido sobre el punto.

11) Que la recurrente también cuestionó en su recurso extraordinario el carácter compulsivo de la extracción de sangre ordenada a su respecto. Desde su perspectiva, la medida representa una inadmisible intromisión del Estado en su esfera deintimidad, que lesiona su derechoconstitucional ala integridad física, al obligarla a tolerar una injerencia sobre su propio cuer po en contra de su voluntad. Al mismotiempo, afecta su dignidad pues norespeta su decisión de no traicionar los intensos lazos afectivos que mantiene con aquellos que la criaron y a quienes sigue viendo comosi fueran sus auténticos padres. Calificóde arbitraria la decisión de la cámara, pues ella se basa en precedentes y doctrina elaborados para casos que difieren sustancialmente del sub examine. Asimismo, señaló que el a quo omitió examinar el argumentorelativo a la violación de garantías constitucionales pues no ha tomado en cuenta que la ley procesal la autoriza a proteger a su núcleo familiar, al autorizarla a negar su testimonio cuando de él pueda derivar una prueba de cargo (arts. 163 y 278 del Código de Procedimientos en Materia Penal). Lo mismo ocurrió con su pedido de que, en caso de consentir el examen, el resultado no fuera utilizado en contra de los imputados.

12) Que también en este punto el recurso extraordinario resulta procedente, en tantola decisión recurrida pone fin a la cuestión fede

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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:3796 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-326/pagina-3796