ción económica, de acuerdo a lo expresado en el escrito defs. 164/169.
En cuanto al procedimiento administrativo seguido, sostuvo que resulta inválido, puesto que, sin perjuicio de que aquél pudiere haber sido responsable de lasfaltas atribuidas y pasible de sanción disciplinaria, lo cierto es que se violó su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso (arts. 18 de la Constitución Nacional y 12, inc. f, ap. 1 y 7°, inc. d dela ley 19.549).
Finalmente, en punto al valor probatorio de las actuaciones administrativas, consideró que el conjunto de rectificaciones efectuadas en esa sede, "distan mucho de la seriedad que se les ha pretendido asignar" ante la falta de documentación que las respaldara y que habría permitido afirmar la presunción de validez a su respecto. En este sentido, hizo lugar al argumento del actor acerca de que los "documentos de personal", a los que alude el anexol del decreto 1571/81, debían ser guardados en forma permanente.
— 1 Disconforme, el señor Dima interpuso el recurso extraordinario fs. 186/191) que, denegado, dio origen a la presente queja.
Sostiene que el tribunal interpretó en forma errónea la expresión vertida en la última parte del escrito de agravios, pues no "resigno" el reclamo de los salarios caídos y del retiro voluntario, sino que sólo pretendió "dejar aparte" tales cuestiones para reforzar la falta de opción de la demandada en el sentido de que debía conceder obligatoriamente el retiro voluntario sin posibilidad de rechazar su pedido.
Aduce que se omitió el tratamiento de la sanción requerida por la temeridad y malicia con que actuó la demandada durante la etapa probatoria.
Por último, expresa que el a quo incurrió en autocontradicción al imponer las costas de la segunda instancia a la demandada, sin adecuar las de primera instancia en función de loresuelto, pues la revocación de la sentencia de grado implica el reconocimiento de que efectivamente tenía derecho a litigar y no que pudo creerse con derecho a ello.
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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:3201
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