En el mismo sentido, al pronunciarse V.E. en Fallos: 317:1541 , sostuvo, apoyándose en la citada doctrina de Fallos: 311:2453 , que la no aplicación de los principios de derecho penal a la legislación económica que establece infracciones administrativas, se justifica por las particularidades del bien jurídico protegido por la ley específica, que es en última instancia el orden público económico, cuyo resguardo se debilitaría mortalmente si se despojase de toda consecuencia a la lesión infligida a los intereses del Estado en un momento fáctico distinto al existente al dictar sentencia.
Incluso, la Corte consideró, contrariamente con lo sostenido por el a quo en el fallo impugnado, que la invocación del Pacto de San José de Costa Rica -que consagra la obligación internacional de aplicar la ley posterior más benigna en cuanto a la pena más leve no guardaba relación directa e inmediata con la cuestión debatida porque la norma que define la infracción e impone la pena —al igual que en el sub examine- ha mantenido su vigor y sólo han variado los reglamentos administrativos a los que remite el tipo legal (considerando 10).
—IV-
Por todo ello y demás fundamentos vertidos por el señor Fiscal de Cámara, mantengo la queja interpuesta. Buenos Aires, 3 de mayo de 1996. Angel Nicolás Agiiero Iturbe.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 16 de abril de 1998.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Carolina Robiglio fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico) en la causa Ayerza, Diego Luis s/ infracción al régimen cambiario", para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
Que las cuestiones debatidas en el sub lite son sustancialmente análogas alas tratadas por este Tribunal en Fallos: 320:763 ,a cuyas
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Año: 1998, CSJN Fallos: 321:832
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