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cia de la ley 24.241, cabe destacar que las resoluciones a las cuales reenvía la norma aplicable sólo dispusieron ajustes por períodos anteriores a aquella fecha (confr. resoluciones S.US.S. 4/91; S.S.S. 28/92 y S..5. 37/92) y nada se ha previsto para las posteriores.

47) Que, como lo ha expresado esta Corte en Fallos: 316:3104 , corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que -aunque no ostensiblemente incorrectas en su inicio— devienen indefendibles desde el punto de vista constitucional, pues el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Carta Magna. —.

Sobre dicha base se observa que el art. 7 en cuestión reconoce explícitamente la vigencia de la movilidad por el lapso ulterior al 1° de abril de 1991, mas del examen de las disposiciones encargadas de ejecutar dicho mandato indisimulablemente se concluye que dicho propósito ha sido frustrado en la medida en que las prestaciones quedaron sujetas a una cristalización desde dicha fecha hasta el mes de abril de 1994, en que fue de aplicación la resolución S.S.S. 26/94 dictada sobre la base del sistema de movilidad por la variación del AMPO establecido por la ley 24.241. , Con tal comprensión y sobre la base de la doctrina sentada en el precedente invocado, de una adecuada integración de la norma establecida en el art. 7, apartado 12, inc. b), de la ley 24.463, con las resoluciones encargadas de llevar a cabo la movilidad reconocida en el texto legal, se verifica una nítida frustración del propósito enunciado que afecta en forma directa e inmediata la efectiva operatividad de la cláusula constitucional que jamás se desconoció y que se intentó reglamentar, por el lapso transcurrido desde el 12 de abril de 1991 hasta la aplicación del sistema contemplado por los arts. 32 y 160, párrafo 19, de la ley 24.241.

48) Que, en las condiciones expresadas, corresponde declarar la invalidez constitucional de la norma examinada y a los efectos de preservar satisfactoriamente la garantía de orden superior vulnerada, ordenar que por el período transcurrido desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1994, deberá ser aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28, por ser esta variación de igual extensión cuantitativa que la experimentada por el Aporte Medio Previsional Obliga

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Año: 1996, CSJN Fallos: 319:3287 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-319/pagina-3287