nos en la adquisición de buques y permisos de pesca en sociedad con supuestos inversores particulares españoles.
Firmados los respectivos convenios y luego de efectuarse los apor tes de los inversores domiciliarios en Mar del Plata, comenzó a dilatarse la concreción de la operación así convenida, por lo cual se buscaron distintas formas para integrar aquellos, hecho este que tampoco se verificó.
Finalmente, se acreditó en autos que no existían solicitudes de permisos de pesca ni representaciones vinculadas a la actividad efectuada por las personas físicas y jurídicas involucradas (fojas 314).
Por ser éstos los sucesos a investigar, encuentro que asiste razón al señor juez provincial cuando sostiene la competencia del tribunal a su cargo, pues la mera circunstancia de que el negocio jurídico que constituye el objeto procesal se vincule con la actividad pesquera, no convierte a la presente en una causa de almirantazgo y jurisdicción marítima, ni constituye una causal delas enumeradas en los artículos 3° dela ley 48 y 33 del Código Procesal Penal de la Nación, disposicioneséstas que, en razón de su especialidad, desplazan para el casoalas contenidas en los artículos 1° y 2° de la ley 48, que cita en su apoyola Cámara Federal.
Tampoco surte la competencia federal el hecho de que se hubiesen invocado por los presuntos autores del ilícito, en la realización de la maniobra investigada, las disposiciones contenidas en un tratado internacional suscripto por la República con el Reino de España, pues ello aparece sólo como un elemento más del ardid desplegado y carece de idoneidad para constituir en parte con interés legítimo en el proceso ala Nación, a la Provincia o al Estado extranjero supuestamente afectado.
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A mérito de lo expuesto, opino que debe continuar entendiendo en los autos principales el juzgado en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 8 dejulio de 1994. Oscar Luján Fappiano.
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Año: 1994, CSJN Fallos: 317:1325
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