corriéndole vista. no le correspondía a la Dra. Fátima Ruiz López realizar actos que escapabana sus facultades específicas dentro del proceso. Agregócltribunal, finalmente, que "sin perjuicio de lo señalado. cabe interpretar que la actitud de la representante del Ministerio Público, más que un alzamiento contra la investidura del señor Juez de Primera Instancia. puede interpretarse como un exceso al marco de sus atribuciones que debe corregirse..." (fs. 48/49).
—I-
Me parece conveniente recordar que el Procurador General y los Fiscales ante las Cámaras son quienes, según la ley, deben cuidar de que los encargados de ejercer el Ministerio Fiscal promuevan las gestiones que les correspondan y desempeñen fielmente los demás deberes a su cargo (art. 116.inc. 3". del Código de Procedimientos en Materia Penal).
Como lo sostuvo mi antecesor en el cargo. Dr. Andrés José D' Alessio. en dictamen del 12 de abril de 1989, en el expediente de superintendencia 244/89, la vía idónea. antc el presunto incumplimiento de esas obligaciones, consiste en poner en conocimiento de tales funcionarios las falencias que se advierten, para que sc pongan en marcha los mecanismos pertinentes para su corrección.
Los principios apuntados fueron acogidos por esta Corte. en la resolución N° 927/ 87, habida cuenta que en la motivación sc sostuvo "que en principio los tribunales inferiores ejercen facultades disciplinarias contra los fiscales en cuanto actúan como parte en el proceso penal. y no pueden ejereerlas cuando se trata de juzgar la idoncidad de su desempeño en tanto representan al Ministerio Público, facultad que en este último caso es inherente al Procurador Gencral" (conf. considerando 1).
— Il Sobre la base de la doctrina así expuesta, encuentro que las atribuciones del magistrado para disponer cl desglose de la documentación acompañada por la señora Fiscal están fuera de toda duda. pero no es así las que hacen a la imposición de una sanción disciplinaria por la conducta reprochada.
Amimodo de ver.los jueces de las instanciasinferiores.al sancionar al representante del Ministerio Público. exhorbitaron su competencia. toda vez que, como quedó muy claro cn la resolución de la Cámara, no se trató de una actitud que importara un alzamiento contra la magistratura. sino de un presunto exceso en las atribuciones
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Año: 1990, CSJN Fallos: 313:281
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