adecuadas y efectivas formas no penales de control. Con respecto de los delitos leves, el Congreso estimó que el uso indebido de drogas forma parte del problema general de la salud pública e hizo hincapié en la adopción de medidas de tratamiento y reinserción social de los toxicómanos. Las sanciones penales y la política penal en modo alguno debiera impedir la aplicación de tales medidas de tratamiento y reinserción, sino que han de limitarse a garantizar su aplicación cuando fuera pertinente.
Por su parte el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social, entre las conclusiones de un estudio comparativo de un grupo de sujetos de experimentación y control realizado en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos de América (estado de Nueva York), Japón, Jordania, Italia, Malasia y Singapur, dijo, sobre la correlación entre uso indebido de drogas y criminaJidad que los datos parecen sugerir que, cuando la adicción persiste, la mera sanción penal no sólo fracasa tratar de reducir el comPortamiento delictivo de los sujetos, sino que —por el contrario— parece iniciarlos o causar su aumento. A la luz de las opiniones mencionadas, puede decirse que en el caso de los adictos y de los simples tenedores, el encarcelamiento carece de razonabilidad y puede representar para tales sujetos un ulterior estigma que facilita adherirse a modelos de vida criminal y a la realización de conduc- .
tas desviadas, en vez de fortalecer la readaptación a la vida productiva. En dichas condiciones la sanción penal per se es insuficiente cuando no va acompañada de una terapia seria y medidas .
de rehabilitación capaces de modificar en un sentido positivo el comportamiento de los individuos. .
Además, nuestro país se encuentra vinculado por la Convención Unica sobre estupefacientes, adoptada por la Conferencia de las .Naciones Unidas reunida el 30 de marzo de 1961 y aprobada por decreto-Iey 7672/63, art. 72, cuyo art. 38 obliga a las partes contratantes a considerar las medidas que pueden adoptarse para el tratamiento médico, el cuidado y la rehabilitación de los toxicómanos, y —si sus recursos económicos lo permiten— a establecer servicios .
adecuados para su tratamiento. .
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Año: 1986, CSJN Fallos: 308:1419
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