aquella capacidad y el poder de reconocerla en los casos concretos, ha podido también la ley nacional determinar el organismo ante el cual esa idoneidad ha de ser comprobada y, muy particularmente, sujetar sus resoluciones a recurso ante un Tribunal de la Nación, pues es exactamente congruente con la dotrina de los antecedentes recordados que sea un órgano nacional quien en definitiva se pronuncie sobre la aptitud que se alega para el desempeño de las tareas profesionales que la ley nacional reconoce y tutela.
Que, por último, la circunstancia de que la ley de la Nación declare —art. 29— que los gobiernos de provincia la aplicarán en sus respectivas jurisdicciones "y dictarán las reglamentaciones que correspondan" no puede entenderse sino con el aleance de que tal aplicación y reglamentación ocurrirá en concordancia y no en desmedro de los preceptos de la norma nacional, sin que la discrepancia sobreviniente pueda encontrar justificativo en la autonomía de la legislación provincial sobre la materia. Por lo demás, la misma delegación de la reglamentación recordada hace inoperante el argumento de la renuncia a la discusión de la validez de las cláusulas contradictorias de la ley nacional, por el mero hecho de la iniciación del procedimiento conforme a los términos de la ley local. Y en todo caso de cello no derivaría impedimento para el planteo de la pertinente cuestión de competencia por el Tribunal de la Nación, que es lo que debe decidirse en los autos.
En su mérito y habiendo dictaminado el Sr. Procurador General se declara que corresponde conocer en la apelación interpuesta por D. Edward Cockburn Richardson, respecto de la resolución del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, a la Cámara Nacional de Apelaciones de Rosario, a
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Año: 1952, CSJN Fallos: 224:305
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