resolución que constituye el antecedente del certificado de deuda alude también "al valor del impuesto que pretendió defraudar", pero, debe observarse que el pago del impuesto ofrecido y aceptado por la administración sin observación excluye por sí mismo la idea de defraudarlo. El pago del impuesto en la cantidad reciamada o impuesta por la ley y su defraudación son ideas o hechos inconciliables entre sí. Es verdad también que se habla de una tentativa anterior de defraudación consistente en el cambio de hojas del libro fiscal en que se lleva la cuenta a los bodegueros, pero, a este respecto y admitiendo la realidad de aquel cambio, cabe formular dos observaciones: a), que la sustitución se habría realizado en un libro fiscal llevado por la administración y no por el contribuyente; b), que el cambio se habría producido no para pagar un impuesto menor 0 no pagar ninguno, sino para pagar el que realmente correspondía, es decir, todo lo contrario de un propósito de defraudar.
Que si la sustitución de los folios o su adulteración ha tenido lugar en los libros fiscales que no se hallan a disposición del contribuyente sino de los empleados administrativos. el «delito no sería ya puramente fiscal, sino de derecho penal y su conocimiento correspondería por consiguiente a los jueces del orden local ante los cuales debió presentarse la correspondiente acusación fiscal. Hasta tanto la justicia no dicte pronunciamiento al respecto nada es posible anticipar sobre si existió el delito y sobre el punto de saber si en él tuvo o no intervención el contribuyente.
Que desechada en esos términos la imputación de fraude, es evidente que la interpretación atribuida al art. 34 del deereto reglamentario de la ley 91 para aplicarle la multa al recurrente por el simple retardo en el pago del impuesto se encontrara en pugna con cl art. 18 de la Constitución Nacional, desde que !a ley reglamentada no autoriza la sención impuesta.
Que a igual conclusión se llega si se examina la cuestión bajo el punto de vista también invocado del art. 31 de la Constitución Nacional, pues la constancia de denda que sirve de antece
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Año: 1930, CSJN Fallos: 158:89
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