del Registro de la Propiedad Inmueble Provincial, el que, al emitir un certificado de dominio sin la constancia del derecho real de hipoteca constituido a favor de la presentante sobre un inmueble de propiedad de José Alberto Giussani, frustró la posibilidad de hacer efectivo el crédito que el demandante tenía contra el constituyente mediante la ejecución forzada de la cosa gravada.
Funda su pretensión en los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.
2) Queafs. 62 el señor Procurador General dela Nación, dejando a salvo el criterio del Ministerio Público en procesos análogos al presente en los que ha sostenido la naturaleza administrativa del pleito, regido por normas de derecho público local, dictamina que -de estimarse probada la distinta vecindad de la actora respecto de la provincia demandada-— el asunto correspondería a la competencia originaria de ese Tribunal.
3) Que a partir de lo decidido en la causa "Barreto" (Fallos:
329:759 ), —en la que el actor reclamaba la indemnización de los daños y perjuicios causados por la actuación de personal de la pdlicía provincial— esta Corte ha definido un nuevo contorno al recaudo de causa civil —a fin de determinar su competencia originaria por razón de la distinta vecindad o de extranjería— atribuyendo ese carácter con un criterio riguroso a los litigios regidos exclusivamente por normas y principios de der echo privado, tanto en lo que concierne a la relación jurídica de que se trata, como en el examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada y, en su caso, de la determinación y valuación del dañoresarcible.
Esta doctrina ha sido reiterada por el Tribunal en causas en las que se atribuye responsabilidad extracontractual al Estado local por los daños y perjuicios causados por la inundación de campos originada en obras públicas realizadas por la provincia (Z.110.XLI "Zulema Galfetti de Chalbaud e Hijos Sociedad de Hecho c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia del 9 de mayo de 2006); por el ejercicio de funciones administrativas (K.363.XL "Krinsky, Dina Ruth c/ Río Negro, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia del 16 demayo de 2006) y jurisdiccionales "Contreras", (Fallos: 329:1311 ); por el ejerciciodel poder de policía de seguridad (A.820.XXXIX "Aguilar, Patricia Marcela c/ Rey, Héctor y otra (Provincia de Buenos Aires) s/ daños y perjuicios", sentencia del 30 de mayo de 2006), de salud (L.171.XL1 "Ledesma, Luis c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjui
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Año: 2007, CSJN Fallos: 330:3451
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