ción de la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo.
Por otro lado, esta Corte reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa", a reclamos fundados en violaciones al derecho a la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos: 326:3032 ).
5) Que la aplicación del régimen indemnizatorio establecido en la ley 19.101 para el personal militar al que se aferra la demandada conduce a un resultado incompatible con los principios enunciados en los considerandos anteriores. Ello es manifiesto, toda vez que, contrariamente a lo que ocurre con el civil, el sistema de la ley 19.101 se aparta de la concepción reparadora integral, pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias de la persona afectada, la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera expoliatoria.
En efecto, si por acaso se admitiese que una disminución menor del 66 para el trabajo en la vida civil -en el sub examine, del 30- puede entenderse reparada con el pago de "dieciséis veces el importe del haber mensual del grado de cabo o cabo segundo" (conf. ley 19.101, art. 76, inc. 3, ap. c y decreto 829/82, art. 5 ap. 1.b), debería reconocerse que los derechos constitucionales en juego así entendidos constituyen enunciados huecos, a ser llenados de cualquier modo por el Estado. Ello es así en la medida en que el importe que resulta de esa tarifación se traduce en la suma de $ 44,432, de conformidad con lo establecido en el decreto 926/11 (texto según decreto 1305/2012), en cuyo Anexo I se fija como haber mensual de cabo el importe de $ 2.777, base referencial para el caso del conscripto.
De ahí que, aun en el supuesto de que el actor hubiera percibido la suma referida, resulta impertinente el argumento
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Año: 2012, CSJN Fallos: 335:2355
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