que el agravio a un derecho constitucional básico —como es el ataquea lalibertad de prensa noreciba protección hasta que el Poder Legislativo entienda oportuno la elaboración y sanción de las normas pertinentes. Una parte primordial de la historia de la Constitución es "el relato (story) de la extensión de los derechos constitucionales y delas protecciones a gente alguna vez ignorada o excluida" (United Statesv.
Virginia, 518 U.S. 515, 557; 1996). La negativa a la concesión de —precisamente el remedio por excelencia elaborado en nuestro país por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos citados y recibidos posteriormente por vía legislativa y constitucional— supondría convertir en inútil a un derecho que el Tribunal ha consagrado, precisamente, como fundamental. Adviértase que no se trata aquí de reconocer un der echo que noestá incorporado a la Constitución Nacional, el derecho a recibir subvenciones gubernamental es como recaudo básico para el ejercicio del derechoa la libertad de prensa. Se trata, en realidad, de considerar si existen criterios judiciales elementales para determinar si la conducta gubernamental en el caso ha sido dirigida a limitar —mediante una vía indirecta— el ejercicio de la libertad de expresión por la empresa periodística demandada.
Tal postura es también la que resulta de lo establecido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobada en el 108 período ordinario de sesiones de octubre de 2000 que en su principio 13 establece que "la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales... con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales debe estar expresamente prohibida por ley".
En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que existen medios indirectos que usan los gobiernos para restringir la libertad de expresión de medios periodísticos que pueden considerarse violatorios de los arts. 13.1 y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que ello puede ser remediado mediante una decisión que permita la recuperación del uso y el goce del medio respectivo por el titular —a quien sele había quitadolanacionalidad— para el libre ejercicio de aquel derecho (Caso |vcher Bronstein del 6 de febrero de 2001, N° 162 y 164 y 191, N° 8-—SerieC Ne 74).
Es posible advertir que se han dictado algunos pronunciamientos en derecho comparado que respaldan las pretensiones de quienes se
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Año: 2007, CSJN Fallos: 330:3969
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