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que, si bien una ley del Congreso declarada inconstitucional noesley, que es inoperativa y que no confiere derechos ni impone deberes, su existencia efectiva en forma previa a esa declaración es un hecho operativo cuyas consecuencias no pueden ser justamente ignoradas. El pasado no siempre puede ser borrado por una nueva decisión de la justicia. El efecto de una sentencia posterior que declara la invalidez debe ser considerado en diversos aspectos referidos a relaciones particulares —personales y societarias— y a conductas particulares —privadas y oficiales—. Las cuestiones concernientes a derechos que se alegan como adquiridos, al estadolegal, a decisiones pr evias que se consideran firmes y en cuyas consecuencias se ha actuado, y al orden públicoalaluz dela naturaleza de la ley y de su anterior aplicación requieren ser examinadas. Estos interrogantes aparecen entre los más difíciles que han ocupado la atención delos tribunales, estaduales y federales; y surge en forma manifiesta de numerosas sentencias que la afirmación general de un principio de invalidez retroactiva absoluta nopuede ser justificada" (conf. doctrina enanada de los casos "Norton vs. Shelby County" 118 U.S. 425, Chicot County Drainage Dist. v.

Baxter State Bank 308 U.S. 371, 374).

No está demás traer a colación que, años antes, la Cortede Apelaciones de Carolina del Sur había confirmado los actos dictados por una persona designada por el gobernador para ejercer la función judicial en virtud de una ley que autorizaba al primero a nombrar esta suerte de jueces subrogantes en aquellos supuestos en que el juez estuviere enfermo o que por cualquier otra razón no pudiera desempeñar su función. Este Tribunal manifestó que los actos que había dictado esta persona que ejerció la función dejuez eran "generalmente válidos más allá de que fuera nuloel título en virtud del cual actuó. La conveniencia pública como la justicia pública exigen que sean mantenidos. Se generaría un daño incalculable si se dedarara la nulidad e invalidez de todos procedimientos llevados a cabo por los jueces designados de este modo" ("Archibald Taylor v. Thomas Skrine", Constitutional Court of Appeals of South Cardiina, 1815).

Tiempo más tarde, en ese mismo sentido, se pronunció la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto de los actos celebrados por un secretario pro tenpore de una Corte de Circuito de Mississippi designado por el juez ante la imposibilidad de que el secretario que había sido designado del modo constitucional —elecciones- asistiera a cumplir su función (41 U.S. 71, "Stephen Cocke v. Joseph A. Halsey, 1842").

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Año: 2007, CSJN Fallos: 330:2391 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-330/pagina-2391