Afirma que no se trata de una invocación tardía de normas pues la actora denunció el estado de quiebra en el expediente principal en 1997 y que la denegatoria de aplicar la ley de quiebras y su correlato con el art. 5° de la ley de tasas judiciales trasunta un avasallamiento del principio de razonabilidad que debe presidir la labor de administrar justicia, de tal forma que afecta sus derechos de propiedad y de defensa en juicio.
Aduce que es impropio e improcedente que, a las empresas declaradas en quebranto como la de autos, se les exija el pago de la tasa de justicia en los términos de la sentencia que recurre. Máxime, cuando el síndico de la quiebra —que debe velar por conservar o incrementar el patrimonio de la sociedad— no se opone al pago de la suma que en justicia corresponda, sino que solicita su diferimiento conforme lo estipula la ley de quiebras.
Finalmente, entiende que si bien en lo relativo al art. 5° de la ley 23.898, la indeterminación del monto del daño fue suficientemente explicitado, es insoslayable el aplazamiento del pago de la tasa debida en tanto la voluntad de la norma es proteger situaciones como la de autos.
— II En mi concepto, el agravio vinculado con la aplicación de la ley de quiebras —en particular el art. 182- que formula la quejosa, suscita cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria pues, si bien remite al examen de cuestiones de carácter fáctico y procesal -ajenas como regla a la vía intentada ello no resulta óbice decisivo para la procedencia del recurso cuando el tribunal obvió —sin razón plausible la norma legal inequívocamente aplicable al caso y que era susceptible de ser determinada en virtud del principio de ¿ura novit curia (Fallos: 324:1590 ).
Tiene dicho el Tribunal que, cuando el art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que la alzada no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, tal limitación sólo veda la introducción de pretensiones o defensas ajenas a las que fueron objeto de debate original, más ello no obsta a la calificación que correspondiere por ley de las pretensiones deducidas en juicio, toda vez que el juzgador tiene la facultad y el
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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:1641
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