1462 336 ción o diseminación al ambiente se efectúa sin las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental y sin que se realice el proceso de audiencias públicas, según lo establece la ley 25.675 General del Ambiente. Tampoco se han adoptado -según afirman- sistemas de vigilancia y monitoreo, ni se ha dictado una adecuada reglamentación de la actividad, ni se ha realizado una capacitación técnica en general e informado de manera clara y completa al usuario, entre otras omisiones mencionadas en la demanda.
Fundan su pretensión en los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, las leyes 25.675 Ceneral del Ambiente, 24.240 de Defensa del Consumidor, 24.375 de Aprobación del Convenio sobre Diversidad Biológica, los artículos 3 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 11 y concordantes del Protocolo Adicional a la Convención Americana (Protocolo de San Salvador), y en las leyes locales de medio ambiente de cada una de las provincias demandadas.
Por último, solicitan que se dicte una medida cautelar innovativa por la cual se ordene la suspensión provisional de las autorizaciones otorgadas a la fecha y en trámite de "eventos" para la liberación, producción, comercialización o desarrollo de organismos genéticamente modificados, sean éstos de origen animal o vegetal; y la venta y aplicación de glifosato o las sales derivadas de éste o glufosinato de amonio.
2) Que para que proceda la competencia originaria de esta Corte prevista en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, es necesario que una provincia revista el carácter de parte en el pleito, no solo en sentido nominal ya sea como actora, demandada o tercero sino también sustancialmente, esto es, que tenga en el litigio un interés directo de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria (Fallos:
312:1227 y 1457; 322:1511 y 2105, entre muchos otros), Asimismo, el interés directo de la provincia debe
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Año: 2013, CSJN Fallos: 336:1462
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