en la Ley de Accidentes de Trabajo (24.028). Contra tal pronunciamiento la parte demandada interpuso el recurso extraordinario federal (fs. 348/356) cuya denegación dio origen a la presente queja.
— II Para así decidir y en lo que interesa, el a quo señaló que no le asistía razón a la demandada en cuanto reclamó la aplicación del decreto 214/02 de pesificación, al tope previsto por la ley 24.028 que establece un límite expresado en dólares (U$S 55.000), a las reparaciones por accidentes de trabajo. Destacó las afirmaciones del juez de grado en cuanto había afirmado que la ley de convertibilidad había sido derogada y que sólo existía el mer cadolibrede cambio, que según informaciones periodísticas daban cuenta que, el día anterior al del fallo, el dólar cotizaba a $ 2. Con apoyo en el dictamen del Fiscal General ante la Cámara sostuvo que tanto la ley 25.561 como el decreto invocado, establecen un sistema llamado de pesificación para deudas existentes y formuladas en dólares que no puede ser aplicado al aludido tope legal, pues el legislador al limitar el monto de las indemniZaciones sólo utilizó la moneda extranjera como una pauta dotada de estabilidad e inmutabilidad. Por lo que, continuó, al no tratarse de una obligación, las normas citadas no resultan aplicables a la cuestión.
— 1 La parte demandada se agravia porque, a su entender, el a quo habría prescindido de lo dispuesto por laley 25.561 y el decreto 214/2002 al condenar, según los términos del recurso, al pago de cincuenta y cinco mil Dólares Estadounidenses (U$S 55.000), con total exclusión de las normas citadas que resultarían aplicables a todos los contratos y obligaciones que se encontrasen expresados en dólares a la fecha de entrada de vigencia de esas normas de emergencia. Sostiene que resulta arbitraria la decisión porque vulnera la defensa en juicio y el debido proceso, como también el derecho de propiedad, al obligar a abonar una indemnización que no está establecida por ley. Agrega que también se viola la garantía establecida en el art. 19, último párrafo, de la Constitución Nacional, por cuanto el decisorio atacado no constituiría una derivación razonada del derecho vigente con aplicación alas circunstancias comprobadas de la causa. Por último, señala
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Año: 2006, CSJN Fallos: 329:2603
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