la cual indicaría las reformas necesarias. Estas serían consideradas, a su vez, por una asamblea nacional, a la que concurriría Buenos Aires, con un número de diputados proporcional a su población. Una de esas modificaciones consistió, precisamente, en sustraer del texto constitucional la fijación del lugar de asiento de las autoridades federales, cuya decisión se difirió al Congreso Nacional, "previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse" (art. 3"). Así se gestó y concluyó la reforma de 1860 a la Constitución Nacional de 1853.
Tiempo después, el gobierno central se instaló de nuevo en Buenos Aires y se federalizó toda la Provincia de Buenos Aires, colocada durante tres años "bajo la inmediata y exclusiva dirección de las autoridades nacionales, con las reservas y garantías expresadas en la ley" ver ley N° 12, del 28 de agosto de 1862). La Provincia de Buenos Aires rechazó esta ley, que contrariaba los compromisos contraídos para lograr la unidad nacional y violaba el art. 3° de la Constitución reformada en 1860.
Una nueva ley del Congreso, dictada el 8 de octubre de ese año, dio solución transitoria al problema estableciendo la residencia de las autoridades nacionales en Buenos Aires por el plazo de cinco años, que se creyó suficiente para resolver definitivamente la cuestión.
Ese esquema no pudo, sin embargo, resistir la convivencia de hombres y partidos rivales, y así fue que, ya vencido el plazo, estalló un nuevo conflicto de intereses entre el Estado Federal, cuyo presidente era Nicolás Avellaneda, y el gobierno provincial, a cargo de Carlos Tejedor. Mientras tanto, dada la inseguridad que se vivía —a raíz de la movilización de las fuerzas milicianas provinciales—la capital se asentó transitoriamente en el pueblo de Belgrano, por decreto presidencial del 4 de junio de aquel año. A consecuencia de esa tensión, se produjeTon cruentos enfrentamientos armados, en junio del mismo año (Olivera, Barracas, Puente Alsina y Corrales Viejos), en los que triunfaron las fuerzas del gobierno federal sobre las provinciales. El resultado de ese largo proceso fue la sanción de la ley nacional N° 1029, del 20 de septiembre de 1880, que designó a la ciudad de Buenos Aires capital de la República, volviendo, aquella vez por imperio legal, a ser la sede administrativa de las autoridades federales. En el mensaje que acompañó ala ley, el presidente saliente, Nicolás Avellaneda, luego de señalar que las antiguas formas de la residencia de Buenos Aires "han desaparecido bajo la experiencia más dolorosa" y que "sería volver a poner
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Año: 1997, CSJN Fallos: 320:919
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