virtud de haberse cuestionado en autos la inteligencia de normas federales y ser la decisión contraria al derecho que la apelante funda en dichas normas.
3") Que, en apoyo del recurso, la recurrente invocó las disposiciones del decreto-ley 4838 del 15 de abril de 1958, substancialmente modificatoria, en su opinión, del art. ?, inc. e) del decreto ley 31.665/44, agregando que la aplicación de esta última norma "importaba plantear para un sector de los empleados públicos una situación de "irritante desigualdad" que la Constitución Nacional, en su art. 16, rechaza expresamente".
4) Que, según lo dispone el art. 1 del decreto-ley 4838/58, la incorporación al régimen de la ley 4349 sólo rige con respecto a los funcionarios y empleados que se encontrasen prestando servicios en las cajas nacionales de previsión para el personal del comercio y actividades afines a la fecha en que entró en vigencia dicho decreto-ley, y a los que ingresasen a aquellas cajas con posterioridad a la fecha indicada.
5) Que, sin duda, ninguna de esas situaciones es la de autos, habida cuenta que la apelante cesó en los servicios que desempeñaba con fecha 7 de febrero de 1956. Por lo tanto, cabe concluir que la situación de aquélla se halla regida por el art. ?, inc, e) del deereto-ley 31.665/44, que tiene por efecto, en el caso, excluir a la recurrente del beneficio del art. 3? de la ley 14.069, según resulta de aquel texto y del propio decreto-ley 4338/58, dirigido precisamente a modificar la situación legal en vigor al respecto.
6") Que, en cuanto al agravio fundado en el art. 16 de la Constitución Nacional, debe recordarse que esta Corte ha deelarado reiteradamente que dicho precepto constitucional no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra-determinada persona o grupo de personas o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo (Fallos: 205:68 ; 244:352 y los allí citados, entre otros), y también que dicha garantía... "no impone una rígida igualdad, pues entrega y la discreción y sabiduría del Poder Legislativo una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación, siempre que las distinciones o elasifienciones se basen en diferencias razonables y no en propósitos de hostilidad contra determinadas clases o personas" (Fallos: 238:60 y los allí citados).
7) Que, en el caso particular, la distinción entre agentes que se desempeñen en la Caja Nacional de Previsión para el Personal de Comercio y Actividades Civiles y los sometidos al régimen de la ley 4349, así como la que resulta de la aplicación en el tiempo del decreto-ley 4838/58, con referencia 2 los primeros, no importa discriminación irrazonable ni propósitos persecutorios
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Año: 1960, CSJN Fallos: 247:189
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