En primer lugar, el referido decreto no contempla el específico supuesto de la contratación de publicidad oficial con los medios gráficos de comunicación, sino que su pretendida aplicación por la provincia —por notener el diario actor domicilio real en ella- parte únicamente de una interpretación de sus previsiones. En efecto, el decreto creóun "Programa de apoyoa la actividad de las pymes neuquinas", en beneficio de "productores, contratistas profesionales y técnicos neuquinos" que tengan domicilio real en la provincia demandada. Sin embargo, dicho "programa" no regula el supuesto en examen, por loqueresultaría inconveniente aplicar sus disposi ciones en un ámbito material ajeno.
En segundo lugar, si, por vía de hipótesis, se considerase que el decreto es aplicable, existen dos razones más que avalan aquella conclusión.
Por un lado, si bien es cierto que —según jurisprudencia pacífica de esta Corte- nadie tiene derecho al mantenimiento de un régimen normativo, no puede desconocerse que dicho decreto fue dictado el 14 de diciembre de 2000 y sólo fue aplicadoal diario actor a partir de diciembre de 2002, es decir, dos años después de su entrada en vigencia, en fecha coincidente con los sucesos alegados en la demanda comoorigen de la reducción y supresión de la publicidad oficial en el diario "Río Negro". En otros términos, resulta —al menos- llamativo que un decreto que entró en vigencia en el año 2000 haya sido recién aplicado al actor dos años después y en forma contemporánea ala fecha en que el diario publicó la denunciareferida.
Por otro lado se advierte que, a pesar de la invocación del decreto 2700/00 1a provincia demandada, a partir de febrero de 2003, y hasta el presente, ha continuado la contratación y la oferta de publicidad oficial con el diario editado por la actora —sin que ésta cuente con la medida cautelar que fue solicitada en la demanda-, lo que importaría dejar de lado dicha norma y ponerse en contradicción con su conducta inmediata anterior (Fallos: 313:367 ; 315:1738 y 316:1802 , entreotros).
La teoría de los actos propios hace, pues, que el argumento en examen pierda toda eficacia.
7) Quecan relación al segundo argumentoreferido a la inexistencia de una obligación de proporcionar publicidad oficial a diarios como el actor, la provincia señala que, si bien la publicidad de los actos oficiales la obliga a publicarlos en el boletín oficial y en un diario de gran
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Año: 2007, CSJN Fallos: 330:3939
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