que es imposible su modificación parcial ya que son demasiados los aspectos incompatibles con el objetivo buscado que el mismo contiene" conf. párrafo 9).
En el sentido indicado, la nueva ley, además de permitir la impor tación de vehículos terminados previo pago de los aranceles respectivos, eliminó las restricciones a la importación de autopiezas, sin perjuicio de mantener la exigencia de un porcentaje de integración nacional, que disminuiría paulatinamente. A su vez, la normativa del año 1979 se apartó deliberadamente de los regímenes promocionales vigentes entrelos años 1959 y 1971 al "eliminar la exención de derechos arancelarios de que gozan las importaciones de autopartes, comprendidas en los por centajes de importación permitidos" (del párrafo 28 de la nota aludida; conf. artículo 4? del decreto 201/79).
De este modo, las empresas del sector perdieron los beneficios promocionales que les acordaban los antiguos regímenes después de ser cumplidas ciertas condiciones. Cabe recordar que la verificación del cumplimiento de estas condiciones había justificado en el año 1963 la creación de la tasa cuyo cobro se persigue en este juicio. Sin embargo, el nuevo régimen legal no requería la realización de la compleja actividad administrativa exigida por aquéllos. Más aún, de acuerdo a los considerandos del decreto 201/79, que reglamentó la ley 21.932, "la necesidad de adoptar diversas medidas tendientes a posibilitar la competencia externa e interna obliga a revisar el concepto de la máxima integración nacional y delas complejas tramitaciones administrativas involucradas, todo ello con el objetivo de insertar al sector automotriz dentro del esquema general dela actividad económica". Por consiguiente, en lugar de establecer mecanismos administrativos de aprobación de las importaciones de autopartes, tal como lo hacían los decretos 3693/59 y 3642/65, tan solo se autorizó a la autoridad de aplicación a realizar inspecciones, pericias u otros actos conducentes a la comprobación de infracciones (conf. artículo 8° del decreto 201/79).
6°) Que ante los alcances de la modificación que importó la ley 21.932 no cabe admitir la subsistencia implícita de las disposiciones que componían el régimen vigente hasta el dictado de esa norma.
En tal sentido es de advertir que, tal como fue señalado en la nota al Poder Ejecutivo que acompañó a la citada ley, a la cual ya se ha hechoreferencia, aun cuando sehaya considerado que "el tránsitodesde
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Año: 1996, CSJN Fallos: 319:2191
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