la causa ha comenzado con una citación policial —de fecha 26 de febrero de 1942— carente de todo indicio del hecho que motiva la formación del expediente municipal a que hace referencia. El trámite continúa con la declaración indagatoria prestada en 28 de febrero por el recurrente que niega haber cometido la infracción que se le imputa, y entre otras defensas, invoca el art. 18 de la Constitución Nacional y la imposibilidad en que se ha hallado para traer a la audiencia prueba alguna de descargo, por causa de no haber sido citado en la forma prevista en el art. 27 del Digesto Municipal. Desconoce también valor probatorio a la boleta con que se inician las actuaciones. A continuación éstas son elevadas por la policía a la Intendencia Municipal, cuyo Director de Sumarios y Faltas dicta, sin más trámite que un informe sobre antecedentes del prevenido, la sentencia apelada de fs. 7.
Que no aparece así de lo actuado que se haya respetado el derecho de defensa que la Constitución Nacional garantiza al recurrente. El simple comparendo del mismo, dispuesto y practicado como se ha dicho, y el subsiguiente asentamiento de sus manifestaciones, no le otorgan otra posibilidad que la de expresar su disconformidad y protesta por el procedimiento seguido, pero no puede conducir, como no ha sucedido ciertamente en la especie, a su absolución.
Que es verdad que en la eausa decidida por esta Corte a raíz de un recurso traído por el mismo Parry y transcripta en Fallos: 191, 85, el Tribunal declaró infundada la tacha de inconstitucionalidad formulada contra la norma municipal que organiza el procedimien= to a seguirse en casos de infracciones similares a la presente, porque encontró que ella prevé la oportunidad indispensable para la prueba de descargo del impu
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Año: 1942, CSJN Fallos: 193:414
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