tión de hecho: ¿subsistían en 1936 las razones de emergencia que, a juicio de la Corte, permitieron considerar ajustada a la Constitución la actitud del Congreso, en 1933? Tal cuestión ha de ser resuelta con arreglo al prudente criterio de V. E., mediante una acertada estimación de las condiciones generales del puís en una y otra fecha. Me limitaré, pues, a recordar que los escasos antecedentes legislativos susceptibles de ser tenidos en cuenta, inclinan el espíritu hacia una solución negativa; a saber:
a) la moratoria dictada con motivo de la erisis y la revolución de 1890, se redujo a pocas semanas (ley 2705), y tampoco excedió mucho dicho plazo la concedida para los préstamos de dinero no internacionales, con motivo del estallido de la gran guerrn mundial (leyes 9477 y 9478) ; b) ambas medidas de emergencia tuvieron earzcteres de generalidad, comprendiendo a todos los deudores, en tanto que la moratoria materia de este litigio sólo dificulta la ejecución de los bienes de ciertos deudores hipotecarios sin aleanzar a los demás deudores que tengan bienes libres y tampoco a quienes concierten hipotecas durante el presunto período anormal, lo que significa favorecer a una categoría especial de deudores en perjuicio exclusivo de ciertos acreedores; e) una nueva ley — 12.544, — publicada el 14 de octubre ppdo. acaba de prorrogar por otro año la exigibilidad de los préstamos aludidos, estableciendo al mismo tiempo formas opeionales de devolución a largo plazo, y por cuotas. Con esto, la rebaja legal del interés, por razones de emergencia, duraría seis años y las condiciones pactadas por las partes habrían sido no ya suspendidas sino modificadas definitivamente por imposición del legislador.
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Año: 1939, CSJN Fallos: 184:370
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