ciones especiales para ensos de fuerza mayor, o de hecho ajeno n la voluntad de los contratantes que hagan imposible al cumplimiento de lo pactado. Así, en plena paz, admítese que una huelga hecha por terceros, influya válidamente en el cumplimiento de ciertos contratos, particularmente los de transporte o locación de servicios; y no sería excesivo pensar que el brusco cierre de mercados exteriores a los productos argentinos , pueda, en ciertos momentos, equipararse a un bloqueo.
Producida una de esas situaciones, resulta razonable que el Congreso adopte medidas excepcionales y transitorias, a fin de que la colectividad haga frente con más éxito a la nueva y peligrosa situación existente por obra de factores ajenos a los contratantes. Es lo que resolvió V. E. in re Avico v. De la Pesa ( 172:21 ), precisamente acerca de la constitucionalidad de la ley 11.741, cuya prórroga se objeta ahora. El Tribunal, aceptando doctrinas admitidas por la Suprema Corte de los Estados Unidos, declaró que en casos de emergencia el Congreso puede imponer constitucionalmente una moratoria a favor de los deudores hipotecarios, siempre que "el fin fuese legítimo, y fuesen razonables y justas las disposiciones aceptadas"; circunstancias de emergencia que, a su juicio, concurrieron en 1933, al dictarse la ley.
El fallo aludido pasó con la disidencia del Dr.
Roberto Repetto, en cuya opinión, si pudo reputarse constitucional la moratoria misma, no lo era la rebaja del interés pactado, en cuanto representaba quitar al patrimonio del acreedor el derecho de cobrarlo a cierto tipo, para hacer pasar la rebaja al bolsillo del deudor.
"Si la propiedad privada —dijo— en virtud de la reglamentación... pudiera ser quitada a una o más personas para darla a otra u otras por razones de orden
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Año: 1939, CSJN Fallos: 184:367
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