Definición de acción pauliana


    La que es concedida a todo acreedor quirografario para demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos (art. 961 del Cód. Civ. arg.).
    Con escasos discrepantes, el nombre de esta acción se atribuye al pretor Paulo, el cual la reconoció. Es llamada también revocatoria, por antonomasia, ya que puede comprender toda clase de actos de enajenación; y asimismo se cita como rescisoria en el Cód. Civ. esp. (art. 1.294) y en la Ley Hipot. (art. 37).
    Como en tantas otras instituciones jurídicas, acerca de su naturaleza existe infinidad de opiniones. Paulo la calificó de personal, y es el parecer que cuenta con mayor número de adeptos; pero en la Instituía se trata como real. Otras tesis ven en ella una reparación de perjuicios, una reconstitución patrimonial; una acción rescisoria, negada por cuanto no existe contrato entre los acreedores y los terceros, ni existe recíproca devolución de lo recibido; o como revocatoria, por cuanto deja sin efecto actos que, ante la inacción, se consolidarían, si bien no procede de las partes que los realizaron.
    Lo indudable es la facultad atribuida en las legislaciones para evitar la "defraudación civil", que puede ser también penal en ciertos casos de concurso o quiebra, y que el Cód. Civ. esp. reconoce en estos términos: "Los acreedores, después dé haber perseguido los bienes de que esté en poder el deudor, para realizar cuanto se les debo, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho" (art. 1.111).
    A esa declaración, hecha en el primero de los títulos sobre las obligaciones, se añaden preceptos complementarios ya al tratar de los contratos: son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no pueden de otro modo cobrar aquello que se les deba (art. 1.291, n9 3?). Es ta acción es subsidiaria; y sólo procede cuando se carezca de otro recurso legal para la reparación del perjuicio (art. 1.294). La misma ley simplifica el concepto de fraude con esta declaración: "Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por los cuales el deudor enajenare bienes a titulo gratuito. También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes" - (art. 1.297). El que haya adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les haya causado, siempre que por cualquier causa no pueda devolverlas. La acción rescisoria dura cuatro años (arts. 1.298 y 1.299).
    Con arreglo a esta exposición legal, la jurisprudencia esp. ha estructurado así los requisitos la procedencia de la acción pauliana: 1 La doctrina y la jurisprudencia españolas han extendido la eficacia de la acción pauliana a la renuncia de la prescripción; a la hereditaria, si existe el consilium jraudis (intención o, al menos, conciencia del perjuicio) ; a la constitución de dote; pero no al cumplimiento de una obligación natural, a la cual no podía ser compelido el deudor, y por tanto la disminución patrimonial es enteramente voluntaria, y contra los de mejor derecho ante la ley.
    Con respecto a la acción de simulación (v.e.v.), aun tendiente asimismo a perjudicar eventualmente al acreedor, en realidad es opuesta: la pauliana deshace actos firmes y existentes, en que el deudor enajena gratuitamente o por una suma de dinero que oculta; pero en la simulación, aparenta que enajena, pero retiene, bien por confianza con su cómplice o adoptando precauciones más o menos hábiles y eficaces en combinación con otros contratos o con documentos privados.
    No obstante la declaración del Cód. Civ. arg. con que, como noción legal, se ha iniciado esta voz, la acción pauliana corresponde sin duda a los acreedores hipotecarios y pignoraticios; pero ya sin privilegio real sólo como acción personal, si los bienes sujetos a su garantía resultaran insuficientes para la cancelación del crédito.
    Por el art. 902 dei Cód. Cív. arg. se determina que, para ejercer esta acción, es necesario: "1? Que el deudor halle en estado de insolvencia. Este estado se presume desde que se encuentra fallido. 2° Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente. 3? Que el crédito, en virtud del cual se intente la acción, sea de fecha anterior al acto del deudor".
    Excepción expresa del ii? 3- es la de las enajenaciones hechas por el que ha cometido un crimen, aun consumadas antes del delito, si fuesen ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto; las cuales pueden ser revocadas por quienes tengan derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que les irrogue el crimen (art. 963).
    Entre otras disposiciones del mismo cód., debe citarse que ios acreedores pueden revocar también las facultades renunciadas por el deudor y con cuyo ejercicio hubiera podido mejorar el estado de su fortuna. El tercero contra el cual se dirija la acción puede paralizarla o pagando todos los créditos (que constituye un allanamiento) o afianzando el pago integro de los mismos (que compensa el fraude sufrido o temido). Los acreedores del heredero pueden, si éste, por una connivencia fraudulenta con los acreedores hereditarios, acepta una sucesión evidentemente mala, demandar en su propio nombre, por una acción revocatoria, la retracción de la aceptación. En esta lucha entre acreedores hereditarios (del causante) y del heredero (suyos y anteriores a la apertura de la sucesión), se tiende, por justicia a impedir la confusión de patrimonios, a fin de que cada uno responda por sí. (v. los arts. 964 a 972 y 32140 del mismo cód.; y, además, RESCISIÓN, RESOLUCIÓN, REVOCACIÓN.)

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