A fs. 117/124, el actor amplió la demanda, solicitando la eliminación de la información de morosidad, fundando el pedido en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en el artículo 26, inciso 4", de la ley 25.326.
El Juez de grado rechazó la demanda con fundamento, en lo sustancial, que las deudas no están prescriptas y por lo tanto son exigibles v. fs. 319/321). La Alzada rechazó la apelación y confirmó la sentencia recurrida con argumentos similares a los del inferior.
—I-
Al estudiar los agravios del escrito recursivo a la luz de los fundamentos de la sentencia impugnada, advierto que las cuestiones materia de recurso, guardan sustancial analogía con las examinadas en la causa: S.C. N.122, L. XLII, caratulada "Nápoli, Carlos Alberto c/ Citibank N.A. s/ hábeas data" dictaminada por esta Procuración el día 19 de febrero de 2007, a cuyos términos y consideraciones cabe remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad.
A todo evento, corresponde recordar que el artículo 24, inciso 4, de la ley 25.326, establece, en su primer párrafo, que sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica financiera de los afectados durante los últimos cinco años, y que el decreto reglamentario 1558/01, aclaró que su cómputo se efectuará a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.
Vale destacar al respecto, como lo hizo la juez que votó en disidencia, que la propia entidad bancaria reconoció que las tarjetas de crédito fueron dadas de baja el 23/09/97 (Mastercard) y el 06/04/00 (Visa) y que la cuenta corriente fue cerrada el 19/08/97, antecedentes que no fueron controvertidos por los demandados. Surge, asimismo, del juicio ejecutivo agregado por cuerda, que la sentencia que condenó al actor al pago de lo adeudado por dicha cuenta, es de fecha 16/11/98, la que está firme y consentida, lo que indica que en todas las operaciones mencionadas se ha operado el plazo de caducidad de la ley citada y su decreto reglamentario. También indicó la juez mencionada que, de las constancias de autos se desprende que el recurrente adjuntó un informe de Veraz del que surge que la información desfavorable vinculada con sus operaciones con el Citibank data de 1995 y que el Banco Central
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Año: 2011, CSJN Fallos: 334:1278
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