Interpretación Art. 1716 del C.CyC. Infojus


    C.CyC. Infojus >> LIBRO TERCERO - DERECHOS PERSONALES >>
    TITULO V - Otras fuentes de las obligaciones >>
    CAPITULO 1 - Responsabilidad civil >
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    Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el Incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.

    >>> Introducción COMENTADA al Art. 1716 (con doctrina)


    2. Interpretación
    2.1. La unificación de las órbitas Los Códigos decimonónicos —entre ellos, el de Vélez Sarsfield— consagraron una neta división entre la responsabilidad civil contractual (en el derecho argentino, se trata en realidad de la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones, incluso surgidas de fuentes no contractuales, tales como la ley, los cuasicontratos, o la voluntad unilateral) y la extracontractual. Varios fundamentos fueron avanzados por la doctrina de esa época para fundar esa postura "dualista"; entre otras cosas, se decía que los intereses en juego eran distintos en cada uno de esos sectores, porque mientras la responsabilidad contractual tutelaba únicamente el interés de las partes, plasmada en un derecho relativo (el de crédito), la extracontractual protegía derechos absolutos, y se ponía en funcionamiento ante una violación de la ley, lo que implicaba que en este último caso estaba comprometido el interés general.
    Sin embargo, un largo proceso que tuvo lugar a partir de los últimos años del siglo XIX fue dando por tierra con esa neta distinción entre las dos esferas. Si bien pueden identificarse varios fenómenos como determinantes de esa evolución, sin duda alguna el más importante de ellos fue el cambio de eje de la responsabilidad civil que pasó de castigar a un responsable a pretender resarcir todo daño injustamente sufrido. Desde esta última perspectiva, carece de sentido que la reparación de perjuicios que son idénticos esté sujeta a un régimen distinto según que ese daño resulte del incumplimiento de una obligación o de la violación del deber general de no dañar.
    En nuestro país, hace ya tiempo que existía consenso doctrinal en el sentido de propiciar una reforma del CC que unificara los dos subsistemas de responsabilidad. Esta corriente ya había tenido, incluso, manifestaciones concretas en algunos microsistemas, como sucede con la ley 24.240, que regula de manera unitaria los daños sufridos por los consumidores en el ámbito de la relación de consumo.
    Sin perjuicio de otras varias, las diferencias de regulación más importantes que subsistían entre las dos órbitas en el código de Vélez eran las siguientes:
    a. el resarcimiento se extendía en la responsabilidad extracontractual a las consecuencias inmediatas y las mediatas, y podía comprender también casuales cuando mediaba dolo del autor del daño (arts. 903 a 905 CC), mientras que el deudor que incumplía una obligación únicamente debía indemnizar —en principio— las consecuencias "inmediatas y necesarias" (art. 520 CCyC), y las mediatas solo en caso de incumplimiento "malicioso" (art. 521 CC); b. la acción para reclamar el resarcimiento en la responsabilidad aquiliana prescribía a los dos años (art. 4037 CC), mientras que en la esfera contractual se aplicaba —en principio— el término genérico de diez años (art. 4023 CC); y C. aun en ausencia de base legal, la jurisprudencia y la doctrina mayoritarias postulaban que mientras en la responsabilidad extracontractual la mora se producía de pleno derecho desde el momento en que se sufría cada daño (y a partir de allí corrían los intereses), en la contractual era preciso interpelar al deudor.
    El CCyC parte del principio opuesto, pues la norma en comentario dispone que cualquiera sea la fuente de la responsabilidad (el incumplimiento de obligaciones, o la violación del deber general de no dañar) serán aplicables —en principio— las mismas reglas. Como consecuencia de ello, desaparecen las diferencias antes aludidas:
    a. se fija un plazo común de tres años para la prescripción liberatoria de las acciones de responsabilidad civil (art. 2561, párr. 2, CCyC), cualquiera sea la fuente del deber de resarcir; y si bien se prevén plazos distintos para supuestos especiales (arts. 2561, párr. 2 y 3; 2562, incs. b y d, y 2563, inc. c, CCyC), ellos no se fundan en la naturaleza obligacional o extracontractual de la responsabilidad en esos casos; b. el deber de resarcir se extiende a las consecuencias inmediatas y mediatas, lo cual es aplicable tanto en el ámbito aquiliano como en el obligacional —con la excepción de los contratos paritarios, como se verá—; y C. el curso de los intereses comienza con la producción de cada perjuicio (art. 1748 CCyC), lo que echa por tierra todo debate en cuanto a la forma en que se produce la mora en ambas órbitas.
    Finalmente, la unificación de las órbitas de responsabilidad trae, como correlato inevitable, la desaparición de la obligación de seguridad del derecho común (aunque subsiste en el derecho del consumo), que en un régimen unificado carece de todo sentido. Así, puede leerse en los Fundamentos del Anteproyecto que se unifican los supuestos que habían generado dificultades serias, como ocurre con los daños a la persona en el ámbito de la responsabilidad contractual. En tales situaciones, la reparación del daño se regirá, según los casos, por los arts. 1749 CCyC (responsabilidad por culpa o dolo) o 1757 CCyC y 1758 CCyC (riesgo), según que se hayan empleado o no cosas viciosas o riesgosas para ejecutar la obligación, o bien que la actividad desplegada por el deudor pueda o no calificarse en sí misma como peligrosa en los términos del art. 1757 CCyC. Coherentemente con este sistema, y previendo los problemas que podría generar la aplicación a los profesionales liberales (particularmente, los médicos) de la responsabilidad por riesgo creado en los términos de los arts. 1757 y 1758 CCyC, el art. 1768 CCyC establece que cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no se rige por aquellas normas, excepto que el daño provenga de su vicio. Asimismo, en el ámbito del contrato de transporte, si bien aparecen referencias a la obligación de seguridad (arts. 1289, inc. c, 1291 CCyC y concs.), el art. 1286 CCyC somete la reparación de los daños a las personas transportadas al régimen de los arts. 1757 CC y ss., es decir, a la responsabilidad por riesgo o vicio de las cosas.
    2.2. Las diferencias que subsisten Más allá de lo antes dicho, no debe perderse de vista que la unificación de las dos órbitas no diluye la distinta estructura del contrato —o más ampliamente, del incumplimiento de obligaciones— respecto del hecho ilícito, sino que se propone, simplemente, unificar las consecuencias de ambos, sometiéndolos, salvo casos de excepción, a las mismas reglas.
    Es por ello que el CCyC mantiene estas diferencias irreductibles, que derivan de la distinta naturaleza del hecho generador de responsabilidad en cada una de las hipótesis.
    En primer lugar, mientras que la antijuridicidad es atípica en el ámbito extracontractual, no sucede lo mismo en la órbita obligacional, pues en este último caso el perjuicio se produce como consecuencia de la infracción de una obligación específica, que ligaba al deudor de la ejecución de determinada conducta.
    En segundo término, a diferencia de lo que ocurre en la responsabilidad extracontractual, el incumplimiento de una obligación no solo da lugar a la reparación del daño causado, sino que también genera el derecho del acreedor a exigir la ejecución forzada de lo debido, incluso si esa ejecución se logra por equivalente dinerario (art. 730, inc. c, CCyC). Es claro que se trata de remedios diferentes, que tiene presupuestos propios: mientras que, para lograr la ejecución forzada, basta al acreedor con alegar el incumplimiento, para obtener el resarcimiento de los daños ocasionados es preciso que acredite los presupuestos de la responsabilidad civil; en especial, la existencia de un daño resarcible.
    Asimismo, en la responsabilidad extracontractual la determinación del factor de atribución depende de las circunstancias del hecho que generó el daño (si intervinieron cosas viciosas o riesgosas, si fue un hecho propio del agente, etc.), o de la relación que tiene quien dañó con un tercero (dependiente, hijo menor, etc.). Por el contrario, en el ámbito obligacional el deber de resarcir nace como consecuencia de la infracción de una obligación, que es un vínculo específico que constriñe a uno o algunos sujetos a cumplir cierta conducta en relación a otro u otros, en todos los casos determinados o determinables. Es por ello que, en este último supuesto, el factor de atribución depende del alcance del deber de conducta asumido por el obligado (solo conducta diligente, o un resultado concreto), y de la forma en que, de hecho, se incumple. Así, cuando lo debido sea un resultado se aplica el art. 1723 CCyC, razón por la cual el incumplimiento se configura por la falta de obtención del fin perseguido por el acreedor. Por el contrario, si el plan prestacional consiste en una conducta diligente jugará el art. 1724 CCyC, y la configuración del incumplimiento —y de la responsabilidad del obligado— requerirá de la presencia de culpa del solvens.
    Por otra parte, si bien el caso fortuito libera siempre de responsabilidad (art. 1730 CCyC), en el campo de las obligaciones ese efecto únicamente se produce si el casus genera una imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta (art. 1732 CCyC).
    En cuanto a la relación causal, cuando la obligación incumplida surge de un contrato celebrado paritariamente el CCyC se aparta de la teoría de la causalidad adecuada, pues dispone que en tal caso el deudor únicamente responde por las consecuencias que hayan sido previstas o previsibles para las partes (y no para un hombre medio) al momento en que se celebró el contrato (y no al momento del incumplimiento), con la salvedad de los casos en que haya actuado con dolo (art. 1728 CCyC).
    Por lo demás, el deudor contractual responde siempre en forma directa (art. 1749 CCyC), incluso si el incumplimiento es materializado por un tercero (art. 732 CCyC). En cambio, en el terreno extracontractual el principal responde indirectamente por el daño causado por su dependiente (art. 1753 CCyC).
    Finalmente, para los casos de pluralidad de responsables el art. 1751 CCyC establece el principio según el cual todos ellos responden frente a la víctima por el total de la deuda, ya sea que las obligaciones respectivas sean solidarias o concurrentes. Sin embargo, en materia de obligaciones el art. 828 CCyC mantiene el principio de la simple mancomunación, pues expresamente dispone que la solidaridad no se presume, y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación.

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    Artículo actualizado vigente de la Republica Argentina
    Fecha de vigencia: apartir del 1 de Agosto del Año 2015
    Fuente de información: Infojus Codigo Comentado
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