- Toda expresión legislativa fundada, no en la represión del delito, sino en la peligrosidad del delincuente y en la necesidad de un tratamiento especial que defienda a la sociedad - de la amenaza que significa e intente la curación de sus anormalidades psicofisiológicas o su regeneración moral. La denominación de leyes de defensa social proviene de 1& Escuela positiva italiana del Derecho Penal, que prefiere este nombre finalista al de leyes penales o códigos de igual clase, de corte clásico.
tención o reclusión, alcanzan no sólo a los delincuentes típicos, sino a ciertos anormales (invertidos, alcohólicos habituales, morfinómanos, etc.) e incido a categorías sociales sin conexión con el delito penado ni estrictamente enfermos, pero sí pertenecientes al hampa, a la mala vida, al vicio, a esa zona de la sociedad donde germina la delincuencia, donde la degeneración fisiológica y moral es inevitable; tales como las prostitutas de ínfima calidad, los jugadores profesionales, los rufianes, los carentes de oficio y de medios propios de subsistencia, etc.
En cuanto a su estructura, estas leyes de defensa social suelen constar de tres partes: a) la definición de los estados de peligrosidad social, con delito o sin él; b) las medidas a que deben ser sometidos, y lugares y formas de su aplicación; c) el expediente o proceso a que deben ser sometidos los sospechosos, para comprobar que se encuentran incursos en la peligrosidad tipificada y para determinar el tratamiento que se les debe aplicar, sustitutivo de la pena.
Esta tendencia se ha abierto paso en el Derecho positivo. En la Argentina ha habido diversos proyectos, ya desde 1924. Bélgica adoptó una ley en 1930; España promulgó una de las más perfectas en la técnica, en 1933, denominada de vagos y maleantes, muy tenida en cuenta en el Paraguay, al legislar en sentido análogo; y asimismo es de citar el Código cubano de 1938. (v. DEFENSA SOCIAL.)
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