En efecto, el art. 12 de la citada ley 23.658 que dispuso sustituir "de pleno derecho" el sistema entonces vigente (entre los que se encontraba el de las leyes 22.021 y 22.702), por el allí implementado —al que luego se hará referencia-, facultó al Poder Ejecutivo Nacional "a dictar las normas complementarias y reglamentarias pertinentes".
En ejercicio de las atribuciones conferidas en esa disposición, se dictó el decreto PEN 2054/1992, cuyo art. 32 dispone: "Delégase en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos la facultad de dictar las normas reglamentarias que considere convenientes para la ejecución del presente, como así también atribuciones para prorrogar los plazos previstos en el mismo".
En uso de las facultades delegadas por los arts. 12 de la ley 23.658 y 32 del decreto 2054/92, el citado Ministerio dictó la resolución 1280/92, mediante la cual delegó en la Dirección General Impositiva "la Autoridad de Aplicación del Título II de la Ley N° 23.658, quedando a su cargo el otorgamiento, entrega y control de la utilización de los bonos de crédito fiscal" (art. 4).
En consecuencia, en virtud de las sucesivas delegaciones realizadas por las normas citadas, cabe concluir en que la AFIP-DGI se encuentra habilitada para promover la presente acción, lo que determina el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa opuesta.
3 Que, a su vez, la circunstancia de que la nota del 3 de mayo de 2002 dirigida por el Administrador Federal de Ingresos Públicos a la señora Gobernadora provincial haya motivado el inicio de actuaciones administrativas en sede local que se encontraban en trámite a la fecha de promoción de este proceso, no es un obstáculo a la procedencia de la vía aquí intentada, habida cuenta de que la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya fuente directa es la Constitución Nacional, no está subordinada al cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes locales, ni al agotamiento de trámites administrativos de igual naturaleza (causa CSJ 4/2011 (47-T)/CS1 "Telecom Argentina S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 26 de diciembre de 2017 y su cita).
4 Que, por otro lado, corresponde aclarar que, sin perjuicio de la denominación que la actora le otorgó a su acción (s. 7, apartado ID), de lo que se trata en el caso es de la pretensión anulatoria, efectuada por
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Año: 2023, CSJN Fallos: 346:1123
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