2 Que afs. 278/625 contesta la demanda la Provincia de Mendoza y, en primer lugar, plantea la incompetencia de la Corte para resolver responsabilidades ambientales en el marco de la jurisdicción dirimente (artículo 127, Constitución Nacional), al considerar que lo que aquí se plantea es una causa judicial típicamente jurisdiccional.
Sostiene que en este caso, en ejercicio de la función dirimente, la Corte Suprema no actúa como Tribunal de Justicia, sino como componedor institucional. Expresa que el artículo 127 de la Ley Fundamental habilita un poder en la Corte, para ajustar, fenecer, componer controversias entre las provincias, asegurando la paz interior y que cuando este Tribunal dirime controversias en los términos de la cláusula constitucional citada, no se trata de una contienda jurídica sino de decisiones políticas que ante el desacuerdo afectan los intereses provinciales.
En línea con lo anterior, postula que esta Corte no tiene atribuciones para disponer la creación de un Comité Interjurisdiccional para la cuenca del río Atuel, ya que corresponde a los estados locales -y no al gobierno federal- la integración de poderes de carácter local (artículos 122, 124, 125, Constitución Nacional). Entiende que una solución distinta a la que postula, afectaría la autonomía de las provincias involucradas. Resalta el funcionamiento de la Comisión Interprovincial del Río Atuel Inferior (C.LA.I.) conformada en 1989, como un ámbito para promover acuerdos.
En segundo lugar, opone la excepción de cosa juzgada (artículo 347, inc. 6, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ) al considerar que es imposible que coexista lo decidido en la sentencia dictada en 1987 (Fallos: 310:2478 ) con la pretensión de la actora, la que en definitiva procura interferir con lo ya resuelto en aquella oportunidad, reeditando la discusión bajo un nuevo ropaje. Afirma que la cuestión ambiental ya integró el thema decidendum en la sentencia firme de esta Corte Suprema, pasada en autoridad de "cosa juzgada" (res judicata).
En tercer lugar, opone la excepción previa de falta de legitimación activa para obrar (artículo 347, inc. 3) en virtud de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley General del Ambiente 25.675), deducida la demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares habilitados señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros en el proceso iniciado.
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Año: 2017, CSJN Fallos: 340:1716
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