Definición de tiranicidio  



    Muerte dada al tirano por serlo.
    En principio, como homicidio, la muerte del tirano ofrece apariencia delictiva, y mas por tratarse del jefe del Estado, hecho para el cual se halla reservada en todo caso la más grave de las penas que los códigos establecen. Pero el tirano es un sujeto al margen de la ley, que ya no posee título legítimo para ejercerlo, que sitúa al pueblo en general, o a sus enemigos en especial, en la situación, de los que se defienden legítimamente; porque han de optar entre perecer o librarse del tirano. De ahí el cúmulo doctrinal de autores de gran prestigio, teólogos entre ellos, que estudian y justifican el tiranicidio.
    Se cita, como uno de los testimonios más antiguó« en est& defensa de la libertad de los pueblos, a Mencio, discípulo de Confucio; para el cual, aunque el príncipe es sagrado, convertido en tirano se reduce a hombre, y por tanto cabe darle muerte. Cicerón, en diversas obras, expone sus ideas favorables o recoge análogos sentimientos de sus contemporáneos; y dice que el tiranicidio es una de las acciones más bellas, al punto de que incluso los hijos debían sacrificar la piedad filial ante la conveniencia de la patria; y que entre los griegos los ti- ranicidas merecían honores divinos. Más aún, en lo jurídico lo califica como el máximo de los deben s justificado porque el tirano no tiene vínculo alguno con el resto de la sociedad y porque han de arrojarse del cuerpo social a quienes, con figura de hombres, encubren la crueldad fíe las bestias feroces.
    Durante la Edad Media, aunque hay aislados alegatos, y aun panegíricos del tiranicidio, como el del franciscano francés Juan Petit, que públicamente ensalzaba, en 1408, al duque de Borgoña por haber dado muerte al duque de Orleáns, el Concilio de Constanza se opone a que un subdito o vasallo cualquiera pueda y deba, lícita y meritoriamente, matar a un tirano cualquiera, valiéndose de todos los medios, no obstante juramento o pacto con él, y sin esperar mandato o sentencia de un juez; parto esta última de indudable ingenuidad, como si el tirano pudiera tolerar un proceso contra él... Bal- mes entiende con restricciones esa proposición; en la que ve el propósito de no entregar a un particular cualquiera la posibilidad del tiranicidio; se pretende salir al paso del asesinato con pretexto de que la víctima es tirano en el concepto individual de su agresor. Expone que una cosa es la libertad de los pueblos y otra el derecho de asesinato.
    En España, la defensa del tiranicidio alcanza su mayor cláridad y prestigio con Domingo de Soto, Molina, Suárez y, en especial, Mariana, cuyo pensamiento se resume. Para Domingo de Soto, en su obra De justicia et jure (De la justicia y el derecho), publicada en 1556, cuando el tirano invade por la fuerza la cosa pública, y usando de ella ha logrado entronizarse sin que el^ pueblo consienta expresa ni tácitamente tal autoridad, una vez que haya sido dictada sentencia, cualquiera puede convertirse en ministro de su ejecución; porque el tirano ha declarado la guerra al país, y éste ha de defenderse mediante la fuerza. Este supuesto parece el de rebelión frustrada y aun victoriosa en parte del territorio nacional; pues, en otro caso, no hay posibilidad de enjuiciar, a menos de extenderse el tiranicidio a casos de imposible juicio, suplido por la ilegalidad, por la usurpación del poder y la contraria opinión, manifestada más o menos clandestinamente. Ahora bien, si el prínqipe empezó a ejercer legítimamente el poder, entonces no cabe sino recurrir al superior, si lo tiene, o a Dios. Pero, aun así, si arrebata los bienes de un súbdito o intenta darle muerte, entonces cabe el tiranicidio, porque no es sino el ejercicio de la legítima defensa.
    Molina, en 1592, publica una obra con igual título que la anterior. Distingue también entre el tirano por usurpación, al qué cabe darle muerte por cualquier ciudadano, y el de régimen (de origen legítimo y luego degeáerado en cruel o déspota), al que sólo cabe matar en legítima defensa. No obstante, da un paso más adelante en pro del tiranicidio al declarar que, si el rey legíllmo se loma tirano, cabe que una junta de las personas más notables del reino resuelva su deposición; y, de ser preciso, que se imponga el castigo que merezca.
    Suárez, en 1613, publica su obra Defensio catholicae et apostholicae fidei (Defensa de la fe católica y apostólica), donde, completando lo expuesto en De legibus (De las leyes), reconoce la licitud del tiranicidio en el caso de manifestar la sociedad su voluntad de resistir al tirano, siempre que no haya otro medio de deshacerse de él. En cuanto al rey legítimo y convertido en tirano, estima que sólo cabe la justa resistencia cuando el papa haya fulminado contra él excomunión y orden de deposición, si se obstina en conservar la corona.
    El padre Mariana, jesuíta español, es el más famoso en este orden de ideas, por la elegancia, claridad y vehemencia de sus palabras y razones. Lue- fo de definir al tirano (v.e.v.), sc plantea el problema de la licitud de darlo muerte, y proclama: "Enrique II de Francia yace sepultado por haber sido muerto a manos de un fraile que le atravesó las entrañas con un puñal envenenado al intento. ¡Espectáculo horrendo, memorable como pocos!; pero que enseña a los príncipes que no quedan impunes sus criminales proyectos". Incluso para la escena que describe el asesinato por Jacobo Clemente, valido de la entrega de unas cartas para que el monarca no advirtiera el desnudo puñal, tiene una arrebatada aprobación: "¡Admirable valor ce ánimo, memorable hazaña!" En la obra De rege et regís institutione (Del rey y de la institución real), aparecida en 1598, expone así su conocida doctrina: "Todos los teólogos y filósofos convienen en que al príncipe que, por medio de la fuerza y de las armas ocupó el trono sin derecho alguno y sin el consentimiento de los ciudadanos, es lícito a cualquiera quitarle la vida y despojarle de aquél; pues que, siendo un enemigo público y oprimiendo al país con todos los males, se reviste de todo carácter e índole de tirano, a quien por cualquier modo es necesario que se quite y despoje de la potestad que violentamente se atribuyó. Mas si el príncipe ha sido elevado al trono por consentimiento del pueblo o por derecho hereditario, entonces se deben tolerar todos sus vicios, mientras que no llegue a despojar públicamente todas las leyes, de la honestidad y del pudor que debe observar".
    Y agrega: "Pero si el rey atropella el reino, entrega al robo las fortunas públicas y las privadas, y desprecia y vulnera las leyes públicas y la sacrosanta religión; si su soberbia, su arrogancia y su impiedad llegasen hasta insultar a la divinidad misma, entonces no se le debe disimular de ningún modo. Como esto es peligroso, lo mejor sería deliberar sobre lo más conveniente, en grandes reuniones, y después advertirle al príncipe para que se corrigiera, haciéndole la guerra, de no lograrlo y, declarado enemigo público, darle muerte".
    En moderna posición penal y política a la vez, no cabe duda de que, por rebelión, le corresponde la pena de muerte al tirano que ha usurpado el po- ^der; si bien ante la imposibilidad de juzgarlócuan- do domina todo el territorio, deba admitirse que cualquiera pueda darle muerte si no existe otro ^e- dio de hacer justicia, e intentar la liberación nacional. Y siempre es más económico ese homicidio justo que una guerra, en que tantos inocentes mueren. De haberse entronizado la tiranía tras la legitimidad del poder, evidentemente se han perdido los títulos legítimos, probados por la falta de renovación de parlamentos o gobiernos, desprecio de lá Constitución o por no ofrecer garantías de libertad para que la opinión pueda manifestarse. En tal supuesto, se está ante el mismo caso, o agravado por conculcar normas constitucionales cuya observan ia se había prometido.
    El tiranicidio, en forma colectiva, surge a través de las revoluciones, menos objetadas y más frecuentes, que deponen a quienes ejercen el poder y le dan muerte en las luchas inmediatas o en el juzgamiento ulterior.


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