Art. 19 del Codigo Civil y Comercial Comentado  



    LIBRO PRIMERO - PARTE GENERAL >>
    TITULO I - Persona humana >>
    CAPITULO 1 - Comienzo de la existencia >
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    Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.



    I. Fuentes

    art. 70 del Cód. Civil; art. 15 del Proyecto de 1998.



    II. Comentario

    1. Introducción Como primera observación, cabe resaltar que el nuevo Código Civil regula en tres artículos el régimen de la persona por nacer, tal como lo había hecho el Proyecto de 1998 en sus arts. 15, 16 y 17, a diferencia de los 16 que le había dedicado Vélez a esta cuestión central. En segundo lugar, no contiene ninguna definición de persona, tampoco caracteriza a la persona física o de existencia visible a la que denomina persona humana como lo hace el Proyecto de 1998 , ello porque si hay algo que no requiere definición, menos en un cuerpo de leyes, es el propio ser humano (Llambías). Este es el criterio de la doctrina mayoritaria que acertadamente ha tomado la reforma, y es, asimismo, la dirección que siguió el Proyecto de Código Civil de 1998, que evitó definir o caracterizar a las personas físicas, abandonando incluso la idea de sustituirla por otra más apropiada, tal como se destaca en sus fundamentos.
    1.1. El artículo 19 en su versión original Es importante destacar que el Proyecto de Código Civil de 2012 (hoy nuevo Código Civil y Comercial aprobado por ley 26.994) tuvo más de 180 modificaciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional y la Cámara de Senadores, entre ellas, se cambió el texto del art. 19 redactado por la comisión reformadora. En efecto, la norma originaria había sido concebida de acuerdo con la redacción siguiente: "La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado".
    Este precepto dejaba de lado cualquier discusión con relación al nasciturus concebido en el vientre de la madre, al que se lo seguía considerando persona y sujeto destinatario de la protección del derecho. Sin embargo, no ocurría lo mismo con relación a los embriones no implantados, los que quedaban huérfanos de toda protección legal hasta tanto se produjese su implantación en el cuerpo de la madre, momento a partir del cual recién eran considerados personas humanas.
    Con relación a la ley especial referida a la protección de los embriones que mencionaba el art. 19, y a la que alude el art. 9° cláusula transitoria segunda de la ley de aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación, debo hacer notar que los mentores de este precepto se aferran a mi juicio infundadamente al argumento completamente estéril al sostener que los embriones serán protegidos mediante una normativa especial, pero jamás aclaran cuáles serán las medidas protectorías. Además, esta ley específica sería una suerte de consuelo, una especie de concesión divina a favor de los embriones, que les aseguraría por lo menos no ser suprimidos arbitrariamente, sino bajo una cobertura legal. En rigor de verdad, la única forma de tutelar eficazmente a los embriones es declarar lisa y llanamente que los embriones son personas humanas, sea cual fuere el lugar de su concepción, y dejar sí para después, la regulación exhaustiva de las técnicas de fertilización in vitro.
    Como paso previo al examen del texto definitivo, se impone previamente analizar el artículo primigenio para entender los motivos y la filosofía que tuvieron en cuenta sus redactores. En ese sentido, la comisión de reformas suministró tres argumentos por los cuales los embriones no implantados no son personas humanas.
    El primero de ellos, tiene que ver con el estado actual de las técnicas de reproducción humana asistida, y de acuerdo con ellas, no existe posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del cuerpo de la mujer. Por ahora diré que este es el mismo fundamento que utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sustentar su disparatada sentencia del 28 de noviembre de 2012 recaída en la causa "Artavia Murillo"; en donde decretó que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del art. 4.1 de la Convención Americana, porque la concepción en el sentido de tal norma tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del art. 4° de la Convención. Esto significa recrear el monstruoso requisito de la viabilidad, pero con un matiz diferencial a aquel que fue rechazado por Vélez y duramente criticado en la nota al art. 72 del Código Civil.
    El segundo motivo alegado por la comisión radica en que la regulación de la persona humana tiene como finalidad establecer los efectos jurídicos que tienen fuente en esa personalidad, tanto en el orden patrimonial como extrapatrimonial, sin ingresar en otros ámbitos como puede ser el derecho penal, conducido por otros principios. Esto es en parte cierto, porque sin duda alguna, la regulación del inicio de la persona humana tiene relación directa con la cuestión tan delicada del aborto, y paradójicamente, los juristas que siguen esta posición hoy sector minoritario , son partidarios muy entusiastas de ese crimen tan despiadado. Para entender esto, basta con examinar las actas de la conferencia especializada en donde los representantes de los distintos países americanos aprobaron la Convención Americana de Derechos Humanos.
    En este orden de ideas, cuando se estaba discutiendo la redacción del art. 4° del referido Pacto, el delegado de Brasil, Sr. Carlos Alberto Dunsh es de Abranches, afirmó que la cláusula final es vaga y por eso no tendrá eficacia para impedir que los Estados Partes en la futura convención incluyan en sus leyes internas los más variados casos de aborto. Dicha cláusula podrá, por lo tanto, provocar dudas que dificulten no sólo la aceptación de este artículo, como su aplicación, si prevaleciera la redacción actual. Mejor será así que sea eliminada la cláusula "en general desde el momento de la concepción", pues es materia que debe ser dejada a la legislación de cada país. Esta fue, además, la postura de Uruguay y Ecuador. El antecedente citado demuestra acabadamente que la regulación legal del comienzo de la persona humana tiene que ver, además, directamente con el aborto.
    El tercer sustento argumental de la peligrosa norma originaria era el siguiente:
    "Esta posición en el Código Civil no significa que los embriones no implantados no tengan protección alguna, sino que, tal como sucede en el derecho comparado, corresponde que esta importantísima cuestión sea regulada en leyes especiales que, incluso, prevén su revisión periódica, dado el permanente avance científico en la materia". Comparto lo que sostienen los mentores de la norma cuando afirman "esta importantísima cuestión", pero nada más que ello, porque lo que hicieron fue maquillar el precepto que elaboraron, como una suerte de esperanza futura para los embriones, que serán protegidos de alguna forma en una ley que dictará el Congreso de la Nación. Nada más alejado de la realidad.
    Lo que debió haber hecho la comisión, más allá de la referencia a una ley especial, es disponer lisa y llanamente que los embriones son personas humanas, pero no lo hicieron, con lo cual la tan mentada protección legal sólo es una ficción.
    En este sentido, de los múltiples proyectos que sobre el tema existen en el Congreso, solamente en dos de ellos se protege la vida de los embriones desde la concepción extrauterina. Como ejemplo, se puede citar el proyecto elaborado por la diputada María Ivana Bianchi, titulado "Fertilización humana asistida" (iniciado en Diputados, expediente nro. 3671-D-2012, publicado en trámite parlamentario n° 62, fecha: 5/6/2012), en donde se entiende por embrión al óvulo humano fecundado por el espermatozoide humano dentro o fuera del seno materno, y por lo tanto, sujeto de derechos desde concepción, la que se produce en el momento en que el espermatozoide humano penetra al óvulo femenino humano (art. 10). Como corolario de lo señalado, el embrión tiene derecho a nacer, a la salud, a la integridad física, a la identidad, y a que se respete su medio ambiente natural y la vida (conf. arts. 10 y 11 del Proyecto).
    En los restantes proyectos sobre este tema, se trata a los embriones no como vidas humanas, sino como objetos descartables, tal como lo hace la actual ley 26.862 de "Fertilización asistida". Ninguna duda cabe que la persona humana existe desde el mismo momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, debiendo reconocerse y darle al embrión el trato digno que le corresponde, siendo ilícito el desecho de los embriones porque implicaría matar vidas humanas, lo que no puede encontrar amparo en la Jurisdicción, ni ésta obligar a nadie a cooperar en ello (CFed. Salta, 3/9/2010, "R., N. F. y otro c. Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/amparo del voto del Dr. Loutayf , Rubinzal on line; RC J 14923/10).
    1.2. Texto definitivo del artículo 19 Encarando ahora el comentario del texto final del art. 19, su nueva redacción deja bien en claro que el embrión concebido fuera del cuerpo de la madre es también persona, gozando de igual tutela jurídica que aquellos formados intrauterinamente. De esta forma, se sigue así el camino trazado por la jurisprudencia y doctrina mayoritarias, por las conclusiones a las que se arribó en las XIX y XXIV Jornadas nacionales de Derecho Civil, realizadas en Rosario (2003) y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (2013) respectivamente; y por supuesto, por el Proyecto de Código Civil de 1998.
    Esta nueva redacción del art. 19 que ha sido calcada del art. 15 del Proyecto de 1998, si bien constituye un avance fundamental en la protección de los embriones, quedó a mitad de camino, porque debió haber seguido la redacción propuesta en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil para evitar futuras interpretaciones del término concepción, que conspiren contra la vida de los embriones. En este orden de ideas, la Comisión N°1 de parte general (en el mencionado evento académico) elaboró de lege lata un primer despacho de mayoría (por 43 votos a 7) reformulando el art. 19 del Proyecto de acuerdo con el texto siguiente: "Comienza la existencia de la persona humana desde la concepción, entendida como fecundación sea dentro o fuera del seno materno".
    Como se puede advertir, en el texto transcripto se define el hecho jurídico de la concepción no dejando ninguna duda al respecto: la fecundación del óvulo por el espermatozoide da inicio no sólo a la vida humana sino también a la persona humana, sea que la fecundación se hubiese producido en el seno materno o en el laboratorio. La finalidad que se tuvo con la redacción del texto fue muy clara:
    evitar la interpretación que la Corte Americana había efectuado del art. 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos, negándole la condición de "persona" a los embriones no implantados. Esta es la razón por la que en el despacho de mayoría se definió a la concepción como la fecundación que se produce dentro o fuera del seno materno.
    De otra parte, como segunda resolución de la mayoría, la comisión determinó que "en el marco del derecho vigente en nuestro país, debe considerarse excluida la posibilidad de eliminar embriones humanos, o su utilización con fines comerciales, industriales o de experimentación". Este segundo despacho fue coincidente con lo que paralelamente decidió la comisión N° 4 de Contratos en el punto 6° de sus conclusiones, en donde se propuso por unanimidad que "Debe incorporarse la prohibición legal expresa de los embriones como objeto de los contratos, en tanto repugna los principios que surgen del artículo 15 y concordantes de la Constitución Nacional, que excluye a la persona humana como objeto de un derecho subjetivo".
    Por otro lado, en la tercera conclusión de la comisión se hizo alusión al fallo dictado por CIDH en la causa "Artavia Murillo", donde se afirmó que tal doctrina no es vinculante para nuestro derecho. Hubiese sido muy importante respaldar jurídicamente tal afirmación, sobre todo cuando la doctrina mayoritaria opina que los fallos de la CIDH tienen obligatoriedad erga omnes . Sigo pensando como en aquel momento que fue un error no fundamentar la conclusión tercera, máxime teniendo en cuenta que la propia Corte Americana sigue insistiendo que sus pronunciamientos son obligatorios no sólo para los Estados que han sido parte en el proceso, sino además, para todos los miembros del Pacto de San José de Costa Rica.
    En definitiva, la modificación del art. 19 del Proyecto resulta sumamente positiva, pero no se pierda de vista el horizonte: por más que se establezca que la existencia jurídica de la persona principia con la concepción, si se interpreta que ésta consiste en la fecundación del óvulo por el espermatozoide dentro del cuerpo de la madre, o en la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer, los embriones crioconservados o logrados en el laboratorio no serían personas.
    La consecuencia obligada de esta errónea interpretación sería devastadora: la aniquilación de miles de embriones humanos.
    1.3. El fallo "Artavia Murillo" Con fecha 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia de suma trascendencia porque fijó su posición respecto del status jurídico de los embriones no implantados, extremo sobre el que anteriormente no se había pronunciado. De este modo, la doctrina del Tribunal coincide con la posición del art. 19 originario del Proyecto de Código Civil del año 2012, y con uno de los fundamentos que ha esgrimido la Comisión de reformas, que radica en la imposibilidad de sobrevivir que tienen los embriones concebidos mediante la técnica de la fertilización in vitro fuera del cuerpo de la mujer.
    Además, interpreta el art. 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos llegando a redefinir el término "concepción" en los casos de técnicas de fertilización asistida. Desde esa óptica, para la CIDH el embrión no puede ser entendido como persona para los efectos del art. 4.1 de la Convención Americana, porque la concepción en el sentido de tal norma tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del art. 4° de la Convención.
    Además, es posible concluir de las palabras "en general", que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general (considerando 264). Asimismo sostiene que el objeto y fin del art. 4.1 de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos (considerando 258).
    Entonces, para el mismo órgano el derecho a la vida de los embriones no puede ser absoluto, pero le otorga este carácter al derecho a fundar una familia, y específicamente a los derechos reproductivos de las personas. Aunque parezca innecesario, es bueno recordar que un derecho es absoluto cuando su titular lo puede ejercer sin ningún tipo de limitación legal, y su ejercicio depende de la voluntad soberana de su titular y no de terceros o del Estado . Pues bien, esto es lo que propone la CIDH respecto al derecho de tener descendencia.
    Esta interpretación de la Corte Americana resulta en mi criterio peligrosa y arbitraria, y claramente tiende a favorecer a los laboratorios que se dedican a realizar las técnicas de fecundación humana asistida. Ello porque en el expediente se encuentra acreditado que en la FIV se produce una mortandad del 90 % de los embriones, mientras que en las fecundaciones naturales alcanza al 30% (según la perito Garza). Otros afirman que la mortandad es aún mayor en la FIV (perito Caruso). Ante esta afirmación de los peritos, el Tribunal haciendo la vista gorda sostuvo que no le corresponde determinar cuál teoría científica debe prevalecer en este tema ni debe analizar con profundidad cuál perito tiene la razón en estos temas que son ajenos a la experticia de la Corte; para la cual es suficiente constatar que la prueba obrante en el expediente es concordante en señalar que tanto en el embarazo natural como en el marco de la FIV existe pérdida de embriones" (considerando 309).
    A mayor abundamiento y contrariamente a la interpretación que efectúa la CIDH , el término concepción empleado por el art. 4.1 de la Convención, debe ser interpretado, más allá de cualquier otra consideración, como la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Eso fue y no otra cosa lo que se convino en 1969 al suscribirse la Convención, y ese es todavía jurídicamente el sentido de tal término, e incluso parte muy importante por no decir mayoritaria de la ciencia médica así también lo estima. Esta interpretación se encuentra abonada, además, por el hecho insoslayable de que con posterioridad a la suscripción de la Convención Americana no se suscribieron otros acuerdos o tratados entre los Estados Partes de la misma que consagren un concepto distinto al expresado. Por otra parte, tampoco existe norma consuetudinaria diferente a la interpretación dada que les sea aplicable (disidencia, p. 9, párr. 2do.).
    1.4. Obligatoriedad del fallo "Artavia Murillo" para la República Argentina En este capítulo resulta fundamental analizar la cuestión de la obligatoriedad del fallo "Artavia Murillo" para la República Argentina, porque la nueva redacción dada al art. 19 del Código Civil pareciera contradecir abiertamente la doctrina fijada por el tribunal americano. En efecto, éste determinó que los embriones no son personas hasta tanto se produzca su implantación, en cambio en la República Argentina el concebido extrauterinamente es persona para el derecho, conforme la aplicación analógica del art. 70 del Cód. Civil, ello teniendo en miras el actual desarrollo de las técnicas biomédicas (CNCiv., sala J, 13/9/2011, LA LEY, 2011-E, 435). Entonces, si se llega a la conclusión de que esa doctrina de la CIDH resulta forzosa para nuestro país, podríamos incurrir en responsabilidad internacional por violación del art. 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nada más alejado de la realidad, y paso a explicar los motivos.
    Como principio general, ninguna duda cabe que los fallos de la CIDH son obligatorios para los Estados involucrados en el expediente o que son parte en el mismo, este el principio general en materia de jurisprudencia como fuente del derecho, sea cual fuere el tribunal que hubiese dictado la sentencia. Precisamente esta conclusión se impone en razón de lo normado por el art. 68, inc, 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula que "Los Estados partes en la Convención se comprometerán a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que sean partes".
    No obstante la expresa previsión del precepto transcripto, el propio Tribunal americano sostuvo en varias oportunidades (casos "Barrios Altos", "El Tribunal Constitucional de Perú" y "La Cantuta", citados por Hitters) que sus fallos no sólo resultan obligatorios para el caso concreto sino, además, para todo el derecho interno de un país, aun fuera del caso juzgado, es decir, para la generalidad de los casos similares.
    Resulta alarmante que la propia Corte con el correr de los años haya acrecentado la obligatoriedad de sus decisorios para los Estados Parte en la Convención, pero que no intervinieron en un expediente concreto ante el Tribunal.
    En tal sentido, sostuvo en el caso "Gelman vs. Uruguay s/supervisión de cumplimiento de sentencia" del 20/3/2013 (también citado por Hitters), que "todas las autoridades estatales están en la obligación de ejercer de oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención". Como el lector podrá advertir, la propia Corte le asigna a sus fallos efectos vinculantes erga omnes, no sólo para los Estados que han sido parte en el expediente, sino además para todos aquellos integrantes del Pacto de San José de Costa Rica.
    No obstante los argumentos que reiteradamente viene sosteniendo el Tribunal americano, ni de su Estatuto, ni de su Reglamento, y mucho menos de la Convención Americana, se desprende que sus fallos tengan obligatoriedad erga omnes más allá del expediente en el que fueron dictados, más bien todo lo contrario.
    Encarando ahora la obligatoriedad del fallo "Artavia Murillo" en particular, considero que no es vinculante para la República Argentina (Reviriego, Nicolás, " El inicio de la persona humana en la visión de la CIDH. Obligatoriedaderga omnes de sus sentencias. Modificación del art. 19 del proyecto de Código Civil", Compendio Jurídico errerius N° 86, julio/2014, Errepar) por las razones siguientes:
    1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos decreta que los decisorios de la Corte son definitivos e inapelables para los Estados que han sido partes en un caso tramitado ante dicho Tribunal (conf. arts. 67 y 68). Nuestro país no fue parte en los autos "Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica", por lo que no resulta amarrado jurídicamente por dicho decisorio.
    2. No existe norma expresa ni implícita dentro del estatuto o del reglamento de la Corte que le confiera a sus pronunciamientos efectos generales erga omnes , y los torne vinculantes para los Estados ajenos al expediente judicial.
    3. Tampoco puede un tribunal decidir por sí mismo y sin respaldo normológico, que sus sentencias y las interpretaciones de las normas de la Convención allí efectuadas serán obligatorias para todos los Estados miembros de la Convención, hayan sido parte o no en un expediente concreto. La única forma jurídicamente posible de dotar a los fallos de la CIDH de efectos generales sería a través de una norma expresa, no como lo hace la Corte "legislando" de manera indirecta. En este sentido, se ha sostenido con acierto, que ni siquiera puede predicarse el seguimiento obligatorio por parte de los jueces internos sobre las sentencias de nuestra Corte Suprema, mucho menos puede predicarse de tribunales supranacionales que no guardan una directa relación ni supremacía sobre los jueces locales (Colombo Murúa, Ignacio).
    4. Los hechos involucrados en el caso Artavia Murillo difieren abismalmente de la situación imperante en la República Argentina. Recordemos que en Costa Rica se prohibía la fertilización in vitro, mientras que en nuestro país la técnica es aceptada y permitida sin restricción alguna, ello a tal punto que los embriones son tratados como objetos descartables dejándolos huérfanos de toda protección legal (no jurisdiccional). Lo que acabo de señalar se aprecia fácilmente con la lectura de las normas contenidas en la ley 26.862 de "Fertilización asistida" que procura garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, pero que no tutela de ninguna forma a los embriones. Lo mismo ocurre con el decreto 956/2013 que reglamenta la ley, en cuyos fundamentos se garantizan los derechos de toda persona a la paternidad / maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con el derecho a la salud. Esto está muy bien, lo que resulta inhumano e irrazonable es la destrucción de innumerables e invalorables vidas humanas (embriones) para lograr la finalidad que tanto la ley como su decreto reglamentario se proponen alcanzar, esto es, tener descendencia.
    Como corolario de los señalado, el derecho a tener hijos en la República Argentina constituye un derecho absoluto, porque al no estar limitado ni restringido por la ley, su ejercicio depende exclusivamente de la voluntad "soberana" de las personas que quieren ser padres o madres, extremo contrario a la previsión de los arts. 14 (1ra. parte) que condiciona los derechos constitucionales a las leyes que reglamentan su ejercicio, y 28 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de razonabilidad de las leyes. Además, el absolutismo del derecho a tener descendencia se opone a la previsión de los arts. 12, inc. 3°; 19, inc. 3°; 21 y 22, inc. 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del art. 4° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y es contrario también a lo normado por el art 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
    5. Desde otra óptica, la Corte Interamericana interpreta el art. 4° del Pacto de San José de Costa Rica arribando a la siguiente conclusión: el derecho a la vida de los embriones puede perfectamente ser suprimido cuando colisiona con el derecho a tener hijos, razón por la cual este segundo derecho tendría prioridad de rango por sobre la vida. En nuestro país, la vida humana y la persona humana son protegidas con mayor amplitud que en la arbitraria interpretación que la Corte hace del Pacto de San José de Costa Rica, y no digo en el sistema americano porque el art. 4° de la Convención y sus antecedentes son claros al respecto, la vida humana se protege en general desde la concepción.
    A mayor abundamiento, el art. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño determina que "niño" es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, sin embargo dicho Pacto no aclara cuando se inicia la existencia biológica y jurídica de las personas humanas. Esta fue la razón por la que la República Argentina efectuó una reserva (declaración interpretativa para algunos autores) al momento de la ratificación de la Convención con relación al comienzo de la existencia de la persona física, en donde se consignó que el art. 1° del Pacto sobre los Derechos del Niño debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Lo apuntado significa que en nuestro país la persona comienza su existencia biológica y jurídica con la concepción, cualquiera sea el lugar en donde se haya producido, sea en el cuerpo de la madre o en el laboratorio.
    6. Desde otro ángulo, se ha puesto de manifiesto un hecho fundamental que había pasado inadvertido para la doctrina: "La inexistencia de mayoría en muchas de las afirmaciones del primer voto que no fueron acompañadas en el voto concurrente del juez Diego García-Sayán, al que adhirió la jueza Rhadys Abreu Blondet, lleva a que no se pueda considerar que existe un pronunciamiento de la Corte sobre aquellos aspectos que no tuvieron cuatro pareceres contestes" (Palazzo, Eugenio Luis). El autor citado aclara que "si bien el art. 56 de la Convención permite que la Corte tenga quórum con cinco integrantes, en el caso lo conformaron seis, por lo cual la mayoría es de cuatro".
    Siguiendo tal observación, téngase en cuenta que de los 7 jueces que integran la Corte, sólo 6 suscribieron la sentencia, de los cuales 5 votaron a favor de los reclamantes, y uno en disidencia. Pero de los 5 jueces de la mayoría, su presidente efectuó un voto concurrente al que adhirió la jueza Abreu Blondet, en donde se afirma que "en la medida en que el Estado (Costa Rica) ha basado buena parte de sus alegatos en cierta interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte ha procedido en esta sentencia a interpretar dicha norma para efectos de este caso" (voto concurrente del juez Diego García-Sayán, sentencia de la CIDH, caso "Artavia Murillo y otros fecundación in vitro vs. Costa Rica", del 28/11/2012). En otras palabras, el propio presidente del Tribunal advierte que la sentencia bajo examen sólo obliga al Estado denunciado, por lo que carece de efectos generales.
    Por las razones expresadas, la doctrina del fallo en análisis no sólo no liga jurídicamente a nuestro país, sino que además, nuestros jueces deberán rechazar tal doctrina y constituirse en el último bastión de defensa de los embriones humanos.


    Comentario Infojus del Art. 19 del C.C.C.N

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    Artículo actualizado vigente de la Republica Argentina
    Fecha de vigencia: apartir del 1 de Agosto del Año 2015
    Fuente de información: infojus: Fuente: Infojus Codigo Comentado
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