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- DECRETO 49/2022
- LA PLATA, 21 de Enero de 2022
- Boletín Oficial, 26 de Enero de 2022
- Vigente, de alcance general
ARTICULO 1°. Establecer que la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar, incluye su infraestructura, al resguardo de fondos documentales, bases de datos y otras fuentes de información que den cuenta del funcionamiento represivo ilegal, como así también a la labor pedagógica y toda acción destinada a la transmisión de la memoria y la promoción de los derechos humanos que se desarrollen en relación a los mismos y/o desde de los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos que se hayan constituido en ellos y los que se constituyan a futuro.
ARTÍCULO 2°. Disponer que la colocación de placas identificatorias a las que hace referencia el artículo 2° de la Ley N° 13.584 incluye a las acciones de señalización realizadas mediante placas, carteles, monumentos y marcas o signos conmemorativos de las víctimas del terrorismo de Estado y sus experiencias vitales de organización social. Las mismas serán consideradas parte inescindible del sitio señalizado y deberán ser conservadas o repuestas en caso de deterioro que impida lograr su objetivo.
ARTÍCULO 3°. Designar Autoridad de Aplicación de la Ley N° 13.584 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en tal carácter deberá:
a. Aplicar los estándares vigentes para la recuperación y preservación arquitectónica, arqueológica y forense a los efectos de favorecer las investigaciones judiciales en curso y futuras, así también como para dejar testimonio histórico a la comunidad;
b. Promover las obras y acciones de reguardo y mantenimiento edilicio necesarias para su preservación y conservación;
c. Garantizar el funcionamiento de los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos constituidos en los ex centros clandestinos de detención, dotando a los mismos de recursos económicos, técnicos y humanos para su desarrollo pleno y gestión;
d. Garantizar la plena participación ciudadana como pilares del sistema democrático, realizando la más amplia convocatoria a los sobrevivientes, familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, organizaciones sociales y a las denominadas "Mesas por la Memoria" locales a fin de lograr la inclusión y participación de estos actores territoriales en las acciones de señalización y/o en el diseño y los contenidos de los Espacios para la Memoria;
e. Promover todo tipo de actividades educativas, de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, garantizando el desarrollo de políticas públicas tendientes a evitar la repetición del horror allí vivido, para que el compromiso con la vida y el respeto irrestricto a los derechos humanos sean valores fundantes de una sociedad justa, inclusiva y solidaria;
f. Generar, impulsar y/o auspiciar proyectos específicos de preservación y de recopilación, sistematización y conservación de material documental y testimonial, y fomentar la creación de archivos;
g. Propiciar la participación de universidades nacionales u otras instituciones educativas para cooperar en el estudio y la investigación de los hechos históricos acontecidos durante el terrorismo de Estado;
g. Articular con las áreas específicas del Estado nacional, provincial y municipal;
a. Establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos humanos, universidades y organizaciones de la sociedad civil para el diseño de las políticas públicas de memoria y modalidades individuales y colectivas de restitución de derechos en materia de políticas de memoria, verdad y justicia.
ARTÍCULO 4°. Derogar el Decreto N° 600/07.
ARTÍCULO 5°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Justicia y Derechos Humanos y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 6°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
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Fuente de Información
➥ La Corte puntana debió revocar la sentencia en la que rechazó una indemnización por violación a la propiedad privada
➥ Confirmaron la condena por abuso sexual basados en el testimonio de la víctima y de su madre
➥ Calificaron de permanente el daño psicológico sufrido por la empleada a raíz de un accidente in itinere
➥ Ordenaron al trabajador restituir a la aseguradora los fondos percibidos en exceso