Fuentes del Tomo 1 del C.C.C.N


    LIBRO PRIMERO
    Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Directores Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Tomo I Título Preliminar y Libro Primero Artículos 1 a 400 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Tomo I Título Preliminar y Libro Primero Artículos 1 a 400 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación Caramelo, Gustavo Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo Caramelo ; Sebastián Picasso ; Marisa Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Infojus, 2015. v. 1, 672 p. ; 23x16 cm.
    ISBN 978-987-3720-30-7 1. Código Civil y Comercial Argentino. I. Sebastián Picasso II. Herrera, Marisa III. Título CDD 348.023 Fecha de catalogación: 21/04/2015 ISBN Obra completa: 978-987-3720-29-1 ISBN Tomo 1: 978-987-3720-30-7 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado 1ra edición - Junio 2015 2da edición - Mayo 2016 Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329, C.P. 1041AFF, C.A.B.A. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Correo electrónico: ediciones@saij.gob.ar Esta publicación se encuentra disponible en forma libre y gratuita en: www.saij.gob.ar Los artículos contenidos en esta publicación son de libre reproducción en todo o en parte, citando la fuente.
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    DIRECTORES MARISA HERRERA GUSTAVO CARAMELO SEBASTIÁN PICASSO COORDiNADORES NATALiA DE LA ToRRE Tomo I, Il y vi FÌORELLA VIGO tomo i, ii y Vi CECILIA KANDUS tomo iii, iV y Vi MARíA EuGENiA rodríguez PERíA tomo iii y iV Luis R. J. sÁENz tomo iii y iV FEDERICO s. CARESTIA tomo iii y iV FEDERICO J. CAUSSE Tomo V CHRISTIAN R. PETTIS Tomo V COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL TOMO MARISA HERRERA Y GUSTAVO CARAMELO Arts. 1° a 18 MARISA HERRERA Arts. 19 a 21 Arts. 93 a 99 SILVIA E. FERNÁNDEZ Arts. 22 a 50 Arts. 138 a 140 ELEONORA LAMM Arts. 51 a 61 LUZ MARÍA PAGANO Arts. 62 a 72 GUSTAVO LUIS GAIBROIS Arts. 73 a 75 DIEGO TACHELLA Arts. 76 a 78 ALDO M. DI VITO Arts. 79 a 84 GERMÁN HIRALDE VEGA Arts. 85 a 92 ANGELES BALIERO DE BURUNDARENA Arts. 100 a 137 Arts. 289 a 312 MAURICIO BORETTO Arts. 141 a 224 GONZALO PEREZ PEJCIC Arts. 225 a 256 Arts. 398 a 400 MARÌA ISABEL BENAVENTE Arts. 257 a 288 Arts. 332 a 357 Arts. 382 a 397 ADRIAN RICORDI Arts. 313 a 319 ADRIAN RICORDI y ALDO M. DI VITO Arts. 320 a 331 CHRISTIAN PETTIS y MARÌA ISABEL BENAVENTE Arts. 358 a 381 El contenido de esta publicación expresa solo la opinión de sus autores, y no necesariamente la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
    PRÓLOGO AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI En el año 2014, en una cuidada edición, Infojus puso el texto oficial del Código Civil y Comercial (CCyC), aprobado por la ley 26.994, a disposición de todos los habitantes del país.
    Hoy, en 2015, pocos meses antes de que el Código entre en vigencia, Ediciones Infojus ofrece un texto comentado. El organismo público se suma, así, a la tarea emprendida por algunas editoriales privadas que están colocando comentarios exegéticos, con diferentes modalidades, en el mercado del libro.
    La obra que prologo, seriamente realizada por autores de todas las generaciones que viven a lo largo y a lo ancho del país, cuenta con la codirección de Marisa Herrera, Sebastián Picasso y Gustavo Caramelo, personas que, desde hace tiempo, responsablemente, vienen explicando el nuevo ordenamiento en artículos monográficos, conferencias, cursos, clases, intervenciones en otras obras colectivas, etc. Se trata de verdaderos juristas que actúan en distintos ámbitos (la Justicia, la cátedra universitaria, la investigación). El fruto del esfuerzo mancomunado de autores y directores rememora el aserto según el cual "un libro siempre es un proyecto colectivo, hecho de conversaciones, debates, textos y voces de otros".1 En efecto, una síntesis que explique correctamente cada nuevo artículo y que culmine en una obra coherente como esta, solo es posible si viene precedida de intercambios de ideas en los que se ha participado activamente. La tarea realizada es muy importante, pues todos son y han sido conscientes de que el CCyC respeta el fenómeno imparable de la descodificación y, por lo tanto, en palabras de Natalino Irti, de que la "nueva exégesis" debe "racionalizar el juego de los microsistemas y componer la coherencia sistémica". 2 Precisamente, el Código Civil y Comercial que entrará en vigencia en agosto de 2015 pretende ser el factor de integración del conjunto de los microsistemas del derecho privado. Dicho de otro modo, las fuentes dialogan: las leyes especiales, los microsistemas, no existen en el aislamiento, en el vacío, sin interrelación alguna; al contrario, sin perjuicio de sus reglas específicas, pueden acudir al CCyC como instrumento de integración al sistema. Piénsese, por ejemplo, en los principios de buena fe, de interdicción del abuso del derecho, del fraude a la ley y de la irrenunciabilidad anticipada y general de los derechos (arts. 8/13); todos se aplican a estatutos cerrados, como la Ley de Seguros, la Ley de Concursos, el Código de la Navegación, la Ley del Ambiente, etc.
    Esa función de cohesión es posible, ciertamente, por la incorporación expresa en el CCyC de los principios que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
    Claro está, esta "nueva exégesis" se consolidará con el auxilio de la jurisprudencia que se forjará al interpretar y aplicar sus disposiciones. Cabe señalar que esa tarea ya ha empezado, desde que no son pocos los jueces que invocan las nuevas normas como parte de la motivación en la que fundan la solución a la que llegan en decisiones anteriores a la entrada en vigencia del CCyC. Más aún, el Código es citado en decisiones administrativas de los registros del estado civil y capacidad de las personas.
    Independientemente de este inusual fenómeno, no hay dudas de que, por ahora, corresponde a la doctrina constituirse en el principal instrumento para llevar adelante un adecuado diálogo entre las diversas fuentes.
    El CCyC ayuda porque incorpora diversas reglas relativas a la interpretación y orden de aplicación de las normas según su origen (ver arts. 1, 2, 150, 768, 963, 964, 1709, 1834 CCyC, etc.). Artículos de este tipo son necesarios en un Código que, como dije, reconoce expresamente el fenómeno de la descodificación, tal como surge de sus reiteradas remisiones a las leyes especiales. Me detengo en algunos ejemplos:
    1) Entre las disposiciones transitorias, se afirma que "Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial" (primera disposición, que corresponde al art. 18 CCyC); que "La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial" (segunda disposición, que corresponde al 19 CCyC); que "La responsabilidad del Estado nacional y de sus funcionarios por los hechos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial" (cuarta disposición, que corresponde a los arts. 1764, 1765 y 1766 CCyC).
    2) En el Título Preliminar se dispone: (i) al determinar el ámbito subjetivo, que "Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales (art. 4° CCyC); (ii) al establecer la vigencia, que "Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen" (art. 5° CCyC); (iii) al reconocer la existencia de situaciones de abuso de posición dominante, que ellas se rigen por las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales (art. 11 CCyC); (iv) al incorporar los derechos sobre el cuerpo humano, que "no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o so- cialy que sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales" (art. 17 CCyC); (v) al reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, que ese derecho se ejerce conforme la Constitución Nacional y según lo establezca la ley (art. 188 CCyC).
    3) Respecto del régimen general de la capacidad de las personas humanas reguladas en el Libro I, se explica en los fundamentos que acompañaron al Anteproyecto: "El punto de partida es que existe una ley especial que regula la temática; de allí que se ha estimado que el anteproyecto sólo debe establecer reglas generales que deben observarse en toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de estas personas". Por eso, el art. 102 CCyC prevé que las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales.
    4) En el ámbito de las personas jurídicas, el art. 143 CCyC, al regular la personalidad distinta a la de cada uno de sus miembros, remite a las excepciones que puedan contener las leyes especiales; el art. 162 CCyC prevé que las leyes especiales regulen otros supuestos de transformación, fusión y escisión; y el artículo siguiente, en tres incisos, admite que las leyes especiales pueden dar efectos diferentes; por su parte, las disposiciones relativas a la extinción de la responsabilidad de los directivos, dejan a salvo lo dispuesto en la ley especial (art. 177, inc. b CCyC).
    5) Resulta muy significativo el art. 240 CCyC que, al establecer que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, impone que deben conformarse a "las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la susten- tabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial". También son importantes los arts. 235, 236 y 238 CCyC, que priorizan a la ley especial respecto de la calificación de los bienes como pertenecientes al dominio público y privado del Estado y algunos de los particulares; el art. 237, que prevé que el uso y goce de esos bienes está sometido también a la legislación especial. En este ámbito, también hay referencias a las leyes especiales que declaran la inembargabilidad absoluta o relativa de ciertos bienes (por ejemplo, los afectados a un servicio público) y autorizan patrimonios especiales (arts. 242 y 243 CCyC). El novedoso régimen de la afectación de la vivienda también remite a las "reglamentaciones locales"para la determinación de la unidad económica en los inmuebles rurales (art. 256 CCyC).
    6) El reconocimiento de las leyes especiales alcanza también la obligación de llevar contabilidad (arts. 320, 328, 331 CCyC).
    7) La materia de la reproducción humana asistida, regulada por primera vez en el país en el Libro II, debió dejar muchas cuestiones a la ley especial; así, los arts. 567, 575 y 577 CCyC se refieren al consentimiento previo, informado y libre y "demás requisitos dispuestos en la ley especial".
    8) No escapan a la ley especial algunos supuestos de reproducción biológica (art. 583 CCyC) y adoptiva (por ejemplo, el registro de adoptantes).
    9) La "responsabilidadparental", término que remplaza a la vieja "patria potestad", también entra en diálogo con las leyes especiales en materia laboral (art. 681 CCyC) y de prestaciones de servicios en general (art. 682 CCyC); y con otras que establecen causales de suspensión (art. 702 CCyC).
    10) La compensación de obligaciones como modo extintivo remite al estatuto que regula la insolvencia (art. 930, inc. f, CCyC).
    11) Los fundamentos que acompañan el Anteproyecto explican adecuadamente el funcionamiento de la Ley de los Consumidores frente al núcleo duro de este derecho incorporado en el CCyC. Allí se dice que las consecuencias derivadas de que los principios generales de protección del consumidor incorporados actúen como una "protección mínima" son, entre otros: (i) no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores; (ii) ninguna ley especial en aspectos similares puede derogar esos mínimos sin afectar el sistema. El Código, como cualquier ley, puede ser modificado, pero es mucho más difícil hacerlo que con relación a cualquier ley especial. Por lo tanto, estos "mínimos" actúan como un núcleo duro de tutela; (iii) es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema, porque hay reglas generales sobre prescripción, caducidad, responsabilidad civil, contratos, del CCyC que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje normativo común; (iv) en el campo de la interpretación, se establece un "diálogo de fuentes" de manera que el Código recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes. "El intérprete de una ley especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no regulado en la ley especial y, además, para determinar los pisos mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor". "De conformidad con esta perspectiva, se produce una integración del sistema legal en una escala de graduación compuesta por: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional; b) los principios y reglas generales de protección mínima y el lenguaje común del Código; c) la reglamentación detallada existente en la legislación especial. Los dos primeros niveles son estables, mientras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes de los usos y prácticas".
    12) En este Código no es necesario ser un consumidor para estar protegido contra las cláusulas generales abusivas; también lo está el pequeño empresario, si contrató bajo el sistema de cláusulas generales predispuestas; en tal caso, conforme el art. 1122 CCyC, y sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta al control judicial.
    13) La regulación de algunos contratos especiales también remiten a la ley especial: por ejemplo, el leasing (art. 1247 CCyC) y el transporte —especialmente, el multimodal (art. 1281 CCyC)—. La exclusión de algunos agentes —como los de bolsa o de mercados de valores; los de seguros; los financieros, o cambiarios, los marítimos o aeronáuticos etc.— hace aplicable el respetivo ordenamiento. Otras fuentes de las obligaciones también necesitan de esas leyes especiales, como los títulos con cotización pública (art. 1858 CCyC), los derechos reales de tiempo compartido (arts. 2092, 2100 y 2102 CCyC), los cementerios privados (arts. 2111 y 2113 CCyC), el derecho de superficie (2114 CCyC) e, incluso, la hipoteca (art. 2211 CCyC).
    14) Las remisiones a las leyes procesales y a otras leyes especiales también se visualizan en las relaciones entre la acción civil y penal (art. 1774 CCyC), y en el derecho internacional privado (arts. 2601 y 2609).
    La complejidad del sistema no debe asustar:
    a) En primer lugar, porque esta complejidad existe; el abogado y el juez lidian con ella cotidianamente; no la ha inventado el Código Civil y Comercial que, como se ha visto, ha favorecido su comprensión al establecer en diversas disposiciones un orden de prioridad.
    b) Además, como informan los fundamentos que acompañan el Anteproyecto, numerosas normas receptan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; este "derecho vivo" incorporado al Código servirá, indudablemente, a la interpretación sistemática a la que vengo aludiendo. Así, en materia de interpretación y fuentes, recuerda que, según la Corte Suprema "la regla de interpretación prevista en el artículo 16 [del Código Civil] excede los límites del derecho privado, puesto que los trasciende y se proyecta como un principio general vigente en todo el orden jurídico interno (Fallos, 312:957)"; que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, por lo que solo será pronunciada siempre que no haya forma alguna de integrar la norma a fin de su coincidencia con la Carta Magna (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 324:3345, 4404; 325:645, entre otros); que "la interpretación debe partir de las palabras de la ley, pero debe ser armónica, conformando una norma con el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente y que, en la inteligencia de sus cláusulas, debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto";
    que "los conceptos jurídicos indeterminados que surgen de los principios y valores no sólo tienen un carácter supletorio, sino que son normas de integración y de control axiológico, por lo que corresponde descalificar las decisiones manifiestamente contraria a los valores jurídicos que informan el ordenamiento"; que "los derechos resultantes del contrato integran el derecho de propiedad"; que "los conflictos ambientales se refieren a bienes que son mencionados en el Código como del dominio público, pero la Constitución y la ley ambiental los considera colectivos, y no solamente de propiedad del Estado", etc.
    c) A todo lo expuesto, y como elemento facilitador, se suma que, como se explica en los fundamentos, "la Comisión puso especial dedicación para que la redacción de las normas sea lo más clara posible, a fin de facilitar su entendimiento por parte de los profesionales y de las personas que no lo son. Por esta razón, se evitó, en la medida de lo posible, el uso de vocablos alejados del uso ordinario y las frases demasiado extensas que importan dificultades de lectura. Se ha tratado de conservar, en lo posible, las palabras ya conocidas y utilizadas por la doctrina y jurisprudencia. Sin embargo, hay numerosos cambios sociales, científicos, culturales, económicos, que demandan el uso de palabras ajenas al lenguaje jurídico. Por estas razones, ha sido inevitable recurrir a nuevas expresiones para reflejar nuevos fenómenos. También se ha puesto énfasis en la gramática y, en especial, se ha tratado de emplear el tiempo presente en la redacción de todo el articulado, porque es el que más se adapta a la buscada claridad expositiva".
    d) Finalmente, es verdad que en esta tarea se deben manejar nociones flexibles, como son capacidad restringida, edad y grado de madurez, etc. Sin embargo, su incorporación expresa tampoco debe asustar a los operadores, desde que estas ya están en el ordenamiento, tal como sucede con la noción de "capacidadprogresiva", en la ley 26.061, y la de "limitaciones por razones de padecimientos mentales", en la ley 26.657, etc.
    La obra que prologo es, sin duda, un instrumento valioso para la comprensión de esta complejidad frente a la cual, como dice Mordecai Kaplan, no hay que intimidarse porque, indudablemente, abre nuevos horizontes.
    INTRODUCCIÓN MARISA HERRERA, SEBASTIÁN PICASSO Y GUSTAVO CARAMELO Tenemos el honor de haber sido convocados para dirigir la publicación de este Código Civil y Comercial de la Nación comentado, desarrollado por Ediciones Infojus, tarea que aceptamos con entusiasmo y fuerte compromiso personal, conscientes de la enorme importancia que tiene una obra de este tipo como herramienta para la difusión, el conocimiento y la comprensión del derecho por la población del país, esfuerzo insoslayable en la labor de construcción permanente de una sociedad más justa y democrática.
    Nos propusimos que los contenidos de la obra fueran ágiles, más orientados a la explicación del sentido de los artículos que al desarrollo de debates doctrinarios propios de los tratados que en los próximos años habrán de dar cuenta de ellos. La dinámica de lectura buscada ha determinado que, salvo en casos excepcionales, no se citaran obras o fallos, sino que se procurara plasmar una elaboración original de los distintos autores, elegidos por su capacidad para esa tarea. Tal modalidad de trabajo no ha ido en desmedro de la calidad del contenido, que consideramos de sumo valor.
    Al decidir sobre la estructura de los comentarios, consideramos que ellos debían presentar una introducción al tema, seguida de la interpretación de la norma, con el objetivo de generar contenidos que resulten aptos tanto para cualquier habitante del país que quiera abordar el Código como para los estudiantes de materias de derecho o para los abogados y magistrados en general.
    Un Código de esta naturaleza es una norma vertebral del sistema jurídico de un país, pues está destinado a regular las múltiples relaciones que las personas establecen en el rico entramado de sus vínculos personales, familiares y empresariales; en su diario rol de consumidores; en la construcción de proyectos diversos; en su defensa cuando son injustamente dañados y también en su relación con los bienes y cosas de los que se sirven. Estamos ante un cuerpo normativo concebido para posibilitar que las personas alcancen el más alto nivel de vida posible, con respeto por los derechos de los demás, razonable y necesaria limitación para la protección de los derechos sociales, el medio ambiente y los intereses que hacen al bien común, lo que incluye el resguardo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desigualdad estructural y la exclusión de toda conducta discriminatoria, supuestos que derivan lógicamente de la obligación de interpretar los contenidos según las normas de derechos humanos, establecida en los artículos 1° y 2°.
    La regulación contenida en los 2671 artículos que integran este cuerpo normativo no es fruto de la casualidad, sino el producto de siglos de evolución de la cultura jurídica occidental; de la experiencia desarrollada por la labor legislativa, académica, doctrinaria y jurisprudencial de los argentinos; de las discusiones generadas por anteriores proyectos; de la labor de un enorme número de juristas apasionados, liderados por una comisión compuesta por los Dres. Ricardo L. Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelma- jer de Carlucci —convocados por la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner—; de la discusión de los contenidos proyectados en una multiplicidad de foros abiertos para ello por todo el país; y de la consideración final por los representantes electos democráticamente por el pueblo. En otras palabras, es el resultado de un proceso sustantivamente democrático de elaboración de las normas.
    A poco que se recorran las páginas de esta obra, se advertirá que el comentado es un Código que se inserta en la realidad actual de la Argentina, pues ajusta sus criterios y la interpretación de sus contenidos a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos de los que la República es parte, abandonando definitivamente el proceso de retroalimentación endogámica que caracterizó por décadas la evolución del derecho civil argentino, al tiempo que toma en consideración la realidad social, las modalidades vinculares y las complejidades de los ámbitos del consumo y las relaciones económicas, procurando proteger a las personas —a quienes posibilita un mayor despliegue de autonomía—, de las situaciones de abuso que puedan darse en el mercado.
    Este Código es un cuerpo normativo pluricultural y se inserta en el gran proyecto de la República Argentina, el plasmado en el preámbulo y en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que determinó que seamos un país abierto a todas las personas del mundo que quieran habitar nuestro suelo. Se da inicio así a una etapa de conocimiento y familiariza- ción de los habitantes del país con las nuevas normas que regirán sus vidas y actividades cotidianas, para que puedan emplearlas con la mayor autonomía posible y hagan valer sus derechos en términos que contribuyan al progreso personal, familiar y colectivo, enriqueciendo la vida social.
    Se trata, en síntesis, de una situación muy distinta a la que se vivía cuando se sancionó el Código Civil, que comenzó a regir el 1 de enero de 1871 en un país en el que, según datos del Censo Nacional de 1869, tres cuartas partes de sus habitantes eran analfabetos. Código escrito y procedimientos judiciales escritos constituían valladares objetivos para un adecuado conocimiento del derecho. Hoy, sin embargo, las circunstancias son otras, y este esfuerzo realizado por Infojus da cuenta de ello. El Código Civil y Comercial comentado —y explicado— no solo será difundido en el tradicional soporte papel, sino que estará disponible para su acceso y consulta desde cualquier lugar del país y del mundo, en el sitio web de la editorial. De esta forma, podrá acceder a sus contenidos una población que, merced a años de esfuerzos del sistema educativo argentino y a los recursos tecnológicos disponibles, está en mejores condiciones de comprenderlo, con el auxilio, de ser necesario, de una comunidad jurídica amplia que ya no está limitada a unos pocos "letrados" como los que, en el siglo XIX, eran los únicos que podían decodificar los distintos niveles de sentido de la norma. Aquí el lenguaje es más llano, mucho más cercano a lo que constituye el habla cotidiana de los argentinos, y esa es otra cualidad para el mejor conocimiento del derecho por todos. Se trata de una oportunidad de crecimiento democrático, de mejora cualitativa de los fundamentos jurídicos de las relaciones cotidianas.
    Agradecemos muy especialmente a los autores de los comentarios de los distintos tramos del articulado del Código, sin cuyo esfuerzo relevante esta obra no habría sido posible. Respondieron con entusiasmo a la convocatoria, compartiendo la importancia de la finalidad que se persigue: la de contribuir a la mayor difusión del derecho.
    Agradecemos asimismo, con la misma intensidad, al conjunto de colaboradores que ha contribuido a la revisión y edición de los contenidos, entre quienes cabe mencionar a los abogados Natalia de la Torre, Fiorella Vigo, Cecilia Kandus, María Eugenia Rodríguez Pería, Luis Sáenz, Federico Carestia, Federico Causse y Christian Pettis.
    También agradecemos al equipo de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, liderado por la infatigable María Paula Pontoriero, quienes realizan un trabajo a menudo silencioso pero absolutamente relevante para el cumplimiento del deber del Estado de dar a conocer las normas que integran el sistema jurídico argentino.
    Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, integrante de la Comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, por la delicadeza que ha tenido al elaborar el prólogo de esta edición y por su labor profundamente inspiradora para nosotros.
    He aquí un punto de partida para una experiencia que invitamos a recorrer juntos: la del conocimiento de las normas que regirán en un país abierto, pluricultural, que mira al futuro y construye las instituciones necesarias para abordarlo.
    Desde el esfuerzo común por difundir las normas elaboradas por una sociedad democrática, compartimos el orgullo de haber podido colaborar en la tarea de poner esta obra en las manos de todos los habitantes del país, muy especialmente, en la de quienes día a día luchan por la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
    LEY 26.994 Sanción: 1 de octubre de 2014 Promulgación: 7 de octubre de 2014 Publicación: 8 de octubre de 2014 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
    ARTICULO 1°.
    Apruébase el Código Civil y Comercial de la Nación que como Anexo I integra la presente ley.
    ARTICULO 2°.
    Apruébase el Anexo II que integra la presente ley, y dispónese la sustitución de los artículos de las leyes indicadas en el mismo, por los textos que para cada caso se expresan.
    ARTICULO 3°.
    Deróganse las siguientes normas:
    a) Las leyes Nros. 11.357, 13.512, 14.394, 18.248, 19.724, 19.836, 20.276, 21.342 —con excepción de su artículo 6°—, 23.091, 25.509 y 26.005;
    b) La Sección IX del Capítulo II —artículos 361 a 366— y el Capítulo III de la ley 19.550, t.o. 1984;
    c) Los artículos 36, 37 y 38 de la ley 20.266y sus modificatorias;
    d) El artículo 37 del decreto 1798 del 13 de octubre de 1994;
    e) Los artículos 1° a 26 de la ley 24.441;
    f) Los Capítulos I —con excepción del segundo y tercer párrafos del artículo 11— y III —con excepción de los párrafos segundo y tercero del artículo 28— de la ley 25.248;
    g) Los Capítulos III, IV, Vy IX de la ley 26.356. ARTICULO 4°.
    Deróganse el Código Civil, aprobado por la ley 340, y el Código de Comercio, aprobado por las leyes Nros. 15 y 2.637, excepto los artículos 891, 892, 907, 919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporan como artículos 631 a 678 de la ley 20.094, facultándose al Poder Ejecutivo nacional a renumerar los artículos de la citada ley en virtud de la incorporación de las normas precedentes.
    ARTICULO 5°.
    Las leyes que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio, excepto lo establecido en el artículo 3° de la presente ley, mantienen su vigencia como leyes que complementan al Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por el artículo 1° de la presente.
    ARTICULO 6°.
    Toda referencia al Código Civil o al Código de Comercio contenida en la legislación vigente debe entenderse remitida al Código Civil y Comercial de la Nación que por la presente se aprueba.
    ARTICULO 7°.
    La presente ley entrará en vigencia el 1° de agosto de 2015.3ARTICULO 8°.
    Dispónense como normas complementarias de aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, las siguientes:
    Primera. "En los supuestos en los que al momento de entrada en vigencia de esta ley se hubiese decretado la separación personal, cualquiera de los que fueron cónyuges puede solicitar la conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular.
    Si la conversión se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino en la separación o el del domicilio de cualquiera de los que peticionan, a su opción; se resuelve, sin trámite alguno, con la homologación de la petición.
    Si se solicita unilateralmente, es competente el juez que intervino en la separación o el del domicilio del ex cónyuge que no peticiona la conversión; el juez decide previa vista por tres (3) días.
    La resolución de conversión debe anotarse en el registro que tomó nota de la separación." Segunda. "Se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial para el cambio de prenombre y apellido, los casos en que existe una sentencia de adopción simple o plena y aun si la misma no hubiera sido anulada, siempre que se acredite que la adopción tiene como antecedente la separación del adoptado de su familia biológica por medio del terrorismo de Estado." (Corresponde al artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación).
    ARTICULO 9°.
    Dispónense como normas transitorias de aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, las siguientes:
    Primera. "Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial." (Corresponde al artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación).
    Segunda. "La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial." (Corresponde al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación).
    Tercera. "Los nacidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre a la realización del procedimiento que dio origen al nacido, debiéndose completar el acta de nacimiento por ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas cuando sólo constara vínculo filial con quien dio a luz y siempre con el consentimiento de la otra madre o del padre que no figura en dicha acta." (Corresponde al Capítulo 2 del Título V del Libro Segundo del Código Civil y Comercial de la Nación).
    Cuarta. "La responsabilidad del Estado nacional y de sus funcionarios por los hechos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial." (Corresponde a los artículos 1764, 1765y 1766 del Código Civil y Comercial de la Nación).
    ARTICULO 10.
    Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
    DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL PRIMER DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
    Firmantes: Amado Boudou - Julián A. Domínguez - Lucas Chedrese - Juan H. Estrada DECRETO 1795/2014 Promúlgase la ley 26.994. Bs. As., 07/10/2014 POR TANTO:
    Téngase por ley de la Nación 26.994 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
    Firmantes: Cristina Fernández de Kirchner - Jorge M. Capitanich - Julio Alak

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    Artículo actualizado vigente de la Republica Argentina
    Fecha de vigencia: apartir del 1 de Agosto del Año 2015
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