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acerca de lo que la ley debería ser, sino que su rol se ciñe a determinar la constitucionalidad de la D.O.M.A., resolviendo el caso como juez y no como legislador.

Entendió que los actores no demostraron ser miembros de una "clase sospechosa" o que el derecho fundamental al matrimonio abarque al matrimonio homosexual. Afirmó que los ciudadanos de Washington, no han sido titulares en el pasado ni lo son ahora, de una expectativa referida a que puedan elegir casarse con una persona del mismo sexo.

En su opinión, el legislador está habilitado a creer que este instituto debe alentar la procreación, esencial para la supervivencia de la raza humana, así como el bienestar de los hijos, estimulando su crianza en hogares presididos por sus padres biológicos, en el ambiente estable propio del matrimonio.

Indicó que la garantía de igualdad prohíbe restringir o denegar derechos a uno de los sexos, cosa que no se da en el caso, porque la ley trata a hombres y mujeres del mismo modo. Más adelante explicará que, según se la describió en los folletos para los votantes, la Equal Rights Act (ERA), tiene como principio básico que la ley trate con igualdad a ambos sexos, de manera que las normas que otorgan utilidades sólo a uno de ellos, debe ser ajustada y extendida a todos; mientras que una ley que restringe o deniega derechos a uno de los sexos, debe eliminarse.

E insistirá en que la D.O.M.A., no traza ninguna clasificación basada en el sexo (parágrafo 102).

Además de efectuar disquisiciones técnicas propias del sistema jurídico estadounidense, expresó que los beneficios que han ido concediendo muchos Estados y municipios a las personas gay y lesbianas, muestra que está ocurriendo un cambio en la sociedad, pero en el presente los estándares no exhiben un compromiso de la comunidad en orden a la inclusión del matrimonio homosexual como parte del derecho fundamental a casarse. Enfatizó que la Constitución establece una democracia representativa, y que el pueblo —que ha consentido en ser gobernado-, habla a través de sus representantes electos; por lo cual, si no se está ante un derecho fundamental o una "clase sospechosa", son los cuerpos legislativos —no los jueces— quienes tienen la facultad de efectuar determinaciones de política pública.

Aseguró que el consenso público —evidenciado por la ley adoptada después de un robusto debate—, debe recibir una gran deferencia

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Año: 2010, CSJN Fallos: 333:1563 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-333/pagina-1563