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329 la ampliación prevista para el personal, que fue autorizada e instrumentada en el orden federal mediante las resoluciones SEDUyV 77/79; 352180 y 512/80. Se distribuyó primero al per sonal jerár quico y profesional (resolución IPV 00049/79) y luego entrela totalidad de su personal (resolución | PV 0192/84). El marco legal para la asignación de los fondos se completó con el dictado de varias resoluciones en el orden local (00397/85; 00540/85; 00289/86; 00648/86 y 00727/91). Dicha distribución se reglamentó sobre la base de pautas como el presentismo, la calificación, las categorías de revista y otras tenidas en cuenta por el Instituto provincial .

Por su parte, la resolución 038/80 de la ex Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda -derogada por su similar 90/86— que reglamentó el art. 19 de la ley 21.581, disponía que la comisión de servicios por sobre el uno por ciento (1) de los desembolsos no podría ser liquidada para el pago de las remuneraciones habituales del personal de los organismos ejecutores, los cuales debían ser atendidos con los recursos presupuestarios del propio ámbito de jurisdicción local art. 1°), aunque estableció que los usos de dicha comisión que sobre dicho porcentaje pudieran percibir tales organismos se encuadrarían en los topes determinados y hasta el cuarenta por ciento (40) del total se podría destinar a mejorar las remuneraciones habituales, a cargo de la jurisdicción local. Asimismo, estableció que la distribución debía ser propuesta por los organismos ejecutores y aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y que, en ningún caso, la mejora podría superar el cincuenta por ciento (50) de las referidas remuneraciones.

El 12 de agosto de 1992 se suscribió entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales el acuerdo denominado "Pacto Federal", que ratificó la subsistencia de los fondos del FONAVI y los cupos que les correspondían alas provincias. Mantuvola principal fuente de origen de la ley 23.966, constituida por un porcentaje de lo recaudado sobre el impuesto a los combustibles; asimismo estableció el sistema de distribución y metodología de inversión, a la vez que ordenó la remisión automática de la totalidad de los montos que a cada jurisdicción le correspondieran por aplicación de los cupos, sobre la base originada en la recaudación del mencionado impuesto. De tal modo, las provincias pasaron a ser totalmente r esponsables no sólo de la programación y del pago de las obras contratadas, sino, también, del manejo del FONAVI. El art. 8° estableció que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993.

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Año: 2006, CSJN Fallos: 329:3382 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-329/pagina-3382