nacional invocado notiene vigencia en el ámbito de los derechos el ectorales locales.
Concluyó que tampoco se advierte afectación delosarts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, toda vez que la norma cuestionada atiende al interés general que contempla una hipótesis objetiva queno genera discriminación, pues respeta el principio derazonabilidad, puesto que, los que están sujetos a prisión preventiva, se encuentran en un status jurídico distinto de aquellos que, aún bajo proceso penal, conservan su libertad.
— Contra tal pronunciamiento, el apoderado del Frente para la Unidad dedujo el recurso extraordinario de fs. 149/155, con fundamento en la existencia de cuestión federal, porque se desestimó su pretensión sustentada en las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la vez que se dedaró la validez de una ley local, cuestionada por ser contraria a la Constitución Nacional.
Sus principales agravios pueden resumirse del siguiente modo:
a) Los ciudadanos postulados se encuentran incluidos en el padrón electoral y habilitados para ser candidatos a car gos públicos el ectivos, por aplicación de la ley nacional 15.262, su decreto reglamentario 17.265/59, la resolución del juez federal con competencia electoral y el decreto provincial de adhesión al régimen de simultaneidad de el ecciones (816/01) que, en su concepto, decidió la sujeción provincial alas disposiciones del Código Electoral Nacional.
Ello es así porque, tratándose de elecciones unificadas, se aplican las normas nacionales y sería absurdo y antijurídico que existiera un Único padrón electoral, del cual, al mismo tiempo, algunos ciudadanos estén habilitados y, alavez, inhabilitados, oque existieran dos padrones electorales válidos.
Por otra parte, el argumento del a quo, según el cual el art. 3° dela ley nacional 15.262 determina que las autoridades provinciales oficialicen las listas de candidatos a car gos públicos locales, noesrelevante, porqueello deberealizarse de acuerdo con las normas nacionales alas queestán sujetas todas las autoridades nacionales y provinciales y, en
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Año: 2001, CSJN Fallos: 324:3151
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