opino que se debería, si el Tribunal lo estima pertinente, dar intervención en la presentación directa al Señor Defensor General de la Nación, en atención a lo dispuesto por los artículos 51, inciso "a"; 52 y concordantes de la ley 24.946. Buenos Aires, 14 de septiembre de 1998.
Felipe Daniel Obarrio.
DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL
Suprema Corte:
—I-
El Defensor de Menores de Primera Instancia, en nombre y representación de ocho menores de edad, interpuso demanda ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92, de esta Capital, contra el matrimonio progenitor de tres primos de aquéllos, también menores, quienes residían -según indica en la República de Guatemala con su madre, y fueron sustraídos de la custodia y tenencia de la misma por su padre, sin saber a la fecha de presentación, el paradero de los niños. El objeto de la acción, es establecer un régimen de comunicación o visitas entre parientes, que permita mantener la relación entre los primos, a más de resguardar la identidad en sentido pleno de los niños, cuyo vínculo se pretende mantener.
La jueza de Primera Instancia, se declaró incompetente para entender en la causa, expresando que los menores, con sus representantes necesarios, debían ocurrir por la vía y forma que corresponda, y reclamar el resguardo de los derechos que invocan, ante el tribunal que ha prevenido en la República de Guatemala. Arribó a esta decisión sobre la base de interpretar que la jurisdicción a la que debe acudirse, es la que constituye la residencia habitual de los menores que han sido sustraídos ilícitamente. En apoyo a su argumento, invocó las disposiciones de los artículos 5, 21, y concordantes del Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores Ley 23.857), el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño Ley 23.849), el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, y los artículos 59, 491, y concordantes del Código Civil (v. fotocopias fs. 1/2) -
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Año: 1999, CSJN Fallos: 322:1756
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