y que no resulten de documentos que hagan plena fe en juicio, quedando a cargo de la actora la prueba de cuanto se refiera a los rendimientos reales o probables de los inmuebles gravados. Para el caso de que resulten comprobados esos rendimientos reales o demostrados los rendimientos teóricos que admite la actora, niega que los porcientos de absorción de la renta (65,81 y 46,82 7) deducidos en la demanda signifiquen necesariamente una captación confiscatoria de la propiedad.
Niega, asimismo, que puedan preestablecerse Índices, porcientos o límites invariables y rígidos, respecto al monto de los impuestos.
Alega que, si bien la actora menciona tres disposiciones constitucionales en su demanda y en las protestas agregadas, su argumentación sólo conduce a demostrar que los impuestos en cuestión serían confisentorios, pues no se advierte por qué razón serían inequitativos o desiguales. Formula diversas consideraciones acerca de los gravámenes llamados confiscatorios, calificación que, a su juicio, sólo procede aplicar a los que privan de sus bienes al contribuyente de una manera total y definitiva, y agrega que para atribuirle aquel carácter la actora acumula aquí dos impuestos de especie diversa: el adicional de la ley 5118 para los terratenientes de más de 5000 has. y el de la contribución general para todos los propietarios de inmuebles. Cita jurisprudencia de este Tribunal contenida en los tomos 91, 502 y 138, 313 para señalar que no son impuestos iguales los que incidan sobre la generalidad de los inmuebles de una provincia y los que sólo recaen en inmuebles que por 1 su extensión constituyen fuentes económicas diferenciadas; por lo cual el adicional de la ley 5113 y la contribución general de la ley 5127 no pueden acumularse para inferir de esa suma de especies distintas un caráeter confiseatorio, como no podría la actora acumular 1 3
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Año: 1951, CSJN Fallos: 220:931
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