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Una concesionaria fue condenada a pagar un millón de pesos y un 0km


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La Cámara Civil de Apelaciones de Roca condenó a una concesionaria de Bahía Blanca, y a una empresa a entregar una camioneta 0 kilómetro, y a pagar una indemnización millonaria a una clienta que fue perjudicada por lo que denominaron “prácticas comerciales abusivas”. Además deberán pagar 5.000 pesos diarios en concepto de multa “por cada día de mora en el cumplimiento de esta obligación”.

Los magistrados explicaron que su sentencia tiene una intención aleccionadora de hacer “desistir a las empresas de la práctica comercial reprochable”.

La demanda fue iniciada por una mujer de Río Colorado que participaba del plan de ahorro en la concesionaria oficial Guspamar S.A. para la compra de una Eco Sport.

Tras cumplir con los requisitos que le imponía el contrato de adhesión que le dio a firmar la empresa, finalmente resultó adjudicada. Sin embargo, nunca pudo hacerse de la camioneta porque a último momento le informaron la exigencia de nuevos requisitos, fuera de contrato, que la mujer no cumplía.

Surge del fallo que el contrato se firmó en febrero de 2015. Como la mujer quería licitar la unidad, le informaron que el dinero de la licitación “lo retendrían durante tres meses a fin de participar de otras licitaciones si era necesario y luego, eventualmente, se le devolvería sin actualizar y descontándole un 10%”. Eso motivó una primera denuncia ante la Oficina de Defensa del Consumidor de Río Colorado.

La Cámara Civil encontró en ese hecho un abuso, que consideraron podría ser generalizado, y que fue cometido con los anticipos de los ahorriostas, al que calificó como “muy grave y arbitrario” pues significa para “las empresas un crédito gratuito con el que obtendrían jugosas e ilícitas rentas, potenciadas por la altos índices de inflación y tasas de interés del mercado”.

No solo trabajan con dineros ajenos sin costo alguno, sino que, por el contrario, cobran por operar con tales recursos”, sostuvo el Tribunal.

"Lo que podría haberse hecho funcionar como una herramienta formidable para permitir que un mayor número de personas acceda con mecanismos transparentes y económicamente accesibles a vehículos 0 Km, ha concluido siendo formas absolutamente reprobables de financiamiento y enriquecimiento espurio de las terminales automotrices y sus concesionarias", sostiene el fallo.

Los problemas siguieron

La mujer siguió pagando sus cuotas y en mayo de 2016 le informaron que había resultado adjudicada por sorteo. Fue entonces cuando supo que, a pesar de contar con todos los requisitos, no era apta para adquirir la unidad por estar registrada en la categoría más baja del sistema de Monotributo.

Esa sorpresiva exigencia fue motivo de una nueva serie de reclamos que realicó la damnificada, que llegó a viajar hasta Bahía Blanca para tratar de destrabar personalmente el trámite. Finalmente en octubre le notificaron que había “caducado la adjudicación” por vencimiento del plazo para hacer el pedido de la unidad.

Texto Completo:

En la ciudad de General Roca, a los 12 días de marzo de 2019. Habiéndose reunido en Acuerdo
los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, para dictar
sentencia en los autos caratulados: \"COLIÑIR, ANAHI FLAVIA C/LA CAMPAGNOLA SACI-GRUPO
ARCOR S/ORDINARIO \" (Expte. N° 36146-J5-12), venidos del Juzgado Civil Nº Cinco, previa
discusión de la temática del fallo a dictar, procedieron a votar en el orden de sorteo
practicado, transcribiéndose a continuación lo que expresaron: EL SEÑOR JUEZ DR VICTOR
DARIO SOTO DIJO: 1. Viene el expediente a los fines de resolver el recurso de casación
presentado por La Campagnola SACI a fs. 777/795 contra la Sentencia dictada por esta Cámara
con fecha 3/12/2018, en la que se decidió rechazar los recursos de apelación, confirmando la
sentencia definitiva de fs. 604/618, del día 19/03/2018. Expone el recurrente los recaudos
formales de su presentación y fundamenta su recurso imputando a la sentencia la violación de
la ley sustancial, procesal y la doctrina legal, manifestando que la Cámara realiza
interpretación errónea de la Ley de Defensa del Consumidor. Indica como causales la errónea
solución acerca de la normativa aplicable, la falta de fundamentación lógica y jurídica, diciendo
que el fallo se basa en presunciones y conjeturas y que incurre en errónea interpretación del in
dubio pro consumidor. Por otra parte manifiesta que la sentencia incurre en arbitrariedad y
sanciona a su mandante a partir de hechos no probados en el expediente, se queja por lo que
considera una errónea interpretación de la ley y errónea valoración de la prueba y critica los
rubros otorgados por improcedentes. Interpone asimismo el Grupo Arcor SA recurso de
casación contra la sentencia definitiva imputándole que viola la ley así como las reglas de la
lógica, vicios de incongruencia, ausencia de fundamentación lógica y legal y violación de la
doctrina legal. Asimismo indica como causal la confusión entre las empresas del grupo y critica
la sentencia diciendo que omite valorar prueba dirimente, que su mandante no fue parte en la
cadena de comercialización de la mermelada. Corrido el traslado correspondiente, a fs.
818/822 contesta la parte contraria solicitando el rechazo de los recursos indicando que la
sentencia se basó en la prueba realizada.- 2.- Conforme a lo dispuesto por el art. 289 del CPC
corresponde decidir en esta instancia la admisibilidad formal del recurso interpuesto, esto es,
el cumplimiento de los recaudos de temporaneidad de la impugnación, carácter de la
sentencia recurrida, fundamentación suficiente y demás previsiones legales.- El Superior
Tribunal de Justicia reiteradamente ha dicho que los tribunales ante los que se deducen
recursos extraordinarios locales deben, además de constatar el cumplimiento de los requisitos
formales ingresar, aunque sea liminarmente, a la evaluación de verosimilitud de los agravios
en orden a la extraordinaria revisión de legalidad que el recurso de casación detenta (conf.
Aut. Int. N| 93/93, in re: “ACQUARONE”, Se. N° 30/03, in re: “FIBIGER”; etc.)” (Sent. N° 57 de
fecha 8/10/2013, causa “Chavez en Pombal c/ Chavez”). En esta labor, se constata que ambos
recursos se presentaron en tiempo oportuno, que la sentencia reviste el carácter de definitiva
en los términos del art. 285 del CPC y que se ha cumplido con el recaudo del art. 287 del CPC.
3. Pero no obstante lo ello, evaluados los planteos realizados por ambos codemandados, a mi
juicio no contienen una fundamentación que resulte idónea para la apertura de la instancia
extraordinaria puesto que no exponen los casacionistas argumentos de derecho en base los
que podría descalificarse el decisorio que critican, omitiendo rebatir los argumentos brindados
en la sentencia, siendo los recursos interpuestos formalmente inadmisibles. Adviértase que los
recurrentes reiteran argumentos expuestos con anterioridad en las expresiones de agravios
que vertieran contra la sentencia de primera instancia, que fueran ampliamente meritados en
la sentencia de Cámara y a los que me remito para no incurrir en reiteraciones innecesarias. 4.
En otro aspecto se advierte que los agravios esgrimidos por ambos recurrentes conducen a la
evaluación de los hechos y las pruebas, lo que se encuentra vedado en esta vía de excepción.
La casación no habilita una revalorización de los elementos de juicio de la causa, salvo
excepciones que deben estar cabalmente probadas, lo que no ocurre en el caso. \" El tilde de
arbitrariedad de la sentencia de grado no excede el plano de la simple e indemostrada
enunciación, careciendo el recurso de fundamentos dirigidos a sostener la excepcional
anomalía que invoca, observándose sólo una discrepancia en la evaluación y estimación
subjetiva de la prueba incorporada al proceso que hizo concluir la cuantificación de ese rubro
adicional, lo que además conduciría a reexaminar cuestiones de hecho y prueba, privativas de
la instancia de grado y ajenas a esta instancia excepcional. (Voto del Dr. Apcarián y Dras.
Zaratiegui y Piccinini sin disidencia)Número de Texto: 77326 STJRNSC: AU. <24/17>
“MUNICIPALIDAD DE VIEDMA c/ R., T. A. s/ ORDINARIO s/ CASACION” (Expte. N° 29203/17
STJ), (21-06-17). ZARATIEGUI - APCARIAN - PICCININI - MANSILLA (en abstención) - BAROTTO
(en abstención). \" Constituye doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia que los
agravios traídos en casación, cuando por su naturaleza configuran cuestiones de hecho y
prueba, son ajenos a la vía extraordinaria. (Conf. [STJRNS1 Se. 56/15 “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO CHICHINALES”]). (Voto de los Dres. Mansilla, Apcarián, Barotto y Dra. Zaratiegui
sin disidencia)Número de Texto: 76974 STJRNSC: SE. <34/16> “N., C. F. s/ Queja en: G. L., M. V.
c/ A., J. J. y Otros s/ INTERDICTO DE RECOBRAR (SUMARISIMO)” (Expte. N* 28462/16-STJ-, (30-
05-16). MANSILLA – APCARIAN – BAROTTO – ZARATIEGUI – (en abstención). Recordemos que
la casación está reservada para efectuar el control de legalidad de los fallos judiciales y no el
acierto estimativo de los mismos. 5. Concretamente las presentaciones recursivas no expresan
concretamente de qué forma la sentencia atacada carece de adecuada fundamentación, ni
efectúan cuestionamientos con argumentos suficientes como para conmover la resolución en
crisis, expresando una mera disconformidad subjetiva con lo decidido. 6. En suma, ambos
recurrentes incumplen la exigencia de una motivación idónea, desentendiéndose de los
fundamentos de la sentencia, siguiendo discursos que prescinden de éstos, cuando debieron
centrarse en los mismos exponiendo los argumentos de derecho por los que podría
descalificarse el decisorio que impugnan. Conforme lo expuesto, corresponde DENEGAR los
recursos de casación interpuestos, con costas, regulando los honorarios por el trámite
recursivo de los letrados intervinientes en el 25 % de los que resulten regulados para cada
representación letrada por las labores de primera instancia arts. 6, 7 y 15 Ley G 2212. ASÍ
VOTO.- EL SEÑOR JUEZ DR. GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ DIJO: Que compartiendo los
fundamentos expuestos por el Dr. VICTOR SOTO, VOTO EN IGUAL SENTIDO.- LA SEÑORA JUEZA
DRA. MARIA DEL CARMEN VICENTE DIJO: Que atendiendo a la coincidencia de opinión de los
dos primeros votantes, de conformidad a lo dispuesto por el art. 271 CPC, se abstiene de
emitir opinión.- Por ello y en mérito al Acuerdo que antecede, la Cámara de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y de Minería, RESUELVE: DENEGAR los recursos de casación interpuestos, con
costas, regulando los honorarios por el trámite recursivo de los letrados intervinientes en el 25
% de los que resulten regulados para cada representación letrada por las labores de primera
instancia arts. 6, 7 y 15 Ley G 2212.- Regístrese, notifíquese y vuelvan.---------- Expte. n°36146-
J5-12.--------------------------------------- VICTOR DARIO SOTO JUEZ DE CÁMARA GUSTAVO ADRIAN
MARTINEZ JUEZ DE CÁMARA MARIA DEL CARMEN VICENTE JUEZ DE CÁMARA (En Abstención)
Ante mí: PAULA CHIESA SECRETARIA nvp


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Publicado el 31/05/2019. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Derechos del Consumidor


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