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R., N. E. s/ Declaración de insania


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Tribunal: Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 11/08/2015

Partes: R., N. E. s/ Declaración de insania

Publicación: APFAMJD 10/12/2015 CAPACIDAD - Inhabilitados - Juicio de inhabilitación - Modificación de la medida de inhibición general de bienes. Aplicación del nuevo Código Civil. Sistema de apoyo por parte de una persona de su confianza.
Sumarios
1.CAPACIDAD - CESE DE INHABILITACION DE PERSONA ~ INHABILITACION DE PERSONAS ~ INHIBICION GENERAL DE BIENES ~ PERSONA HUMANA
Habiéndose acreditado que la causante, si cumple con el tratamiento psicofarmacológico que se le ha indicado, puede perfectamente dirigir su persona y administrar sus bienes, pero cuando abandona su tratamiento es susceptible de padecer crisis o descompensaciones psíquicas más o menos graves que la exponen a efectuar actos riesgosos para sí o para terceros, para su salud o bienes, todo según pericias efectuadas, mantener la inhibición general de bienes que pesa sobre ella resulta demasiado gravoso y por ello corresponde encontrar una solución intermedia que armonice la máxima capacidad de ejercicio o de obrar de que la causante pueda gozar y por otro lado evite un hipotético daño patrimonial derivado de un acto de disposición efectuado en un eventual contexto de crisis o descompensación psíquica.
2.CAPACIDAD - CESE DE INHABILITACION DE PERSONA ~ INHABILITACION DE PERSONAS ~ INHIBICION GENERAL DE BIENES ~ PERSONA HUMANA
La inhibición general de bienes que pesa sobre la causante debe ser modificada por un sistema de apoyo inspirado en la nueva legislación civil vigente consistente en la asistencia, por parte de una persona de confianza de la causante, cuya designación se deja por cierto librada a su elección y sujeta a la oportuna aceptación del cargo por la elegida, para disponer de los bienes registrables de los que la causante sea titular y dicha asistencia funcionará como complemento de la voluntad de la causante, resultando ambas declaraciones de voluntad indispensables en los actos jurídicos de disposición de bienes registrables de que sea titular.
TEXTO COMPLETO
2ª Instancia.— Mendoza, agosto 11 de 2015.
1ª ¿Es justa la sentencia apelada? En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde? 2ª Costas.
1ª cuestión.— La doctora Furlotti dijo:
I. La sentencia de grado. El punto 1) e) apelado. Que la sentencia obrante a fs. 2690/2695 dispone, en el punto 1) de su resolutivo, hacer lugar a la rehabilitación judicial de la causante, N. E. R., la que no obstante, se cumplirá en forma gradual, progresiva ("ajuste razonable") con las restricciones al ejercicio de su capacidad que enuncia, entre ellas, el mantenimiento en el punto 1) e) como medida de protección patrimonial la inhibición general de bienes que registra la causante, aclarando que dicha medida podrá modificarse en el futuro, siempre y cuando los informes de médicos psiquiatras y licenciados en psicología (C.A.I. yC.M.F.) así lo dictaminen.
II. Los Agravios: a) Que a fs. 2720/2728 obra expresión de agravios del recurso deducido por la Asesora de Menores e Incapaces de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza. Aduce que la medida de inhibición general de bienes dispuesta causa un gravamen irreparable a la causante en cuanto implica una injerencia arbitraria en su vida privada y en su capacidad, violatoria del art. 14.2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la discrimina por el padecimiento de una enfermedad mental actual, en violación a lo dispuesto por el art. 5 de dicho instrumento internacional y específicamente va en contra del objetivo de la Convención Interamericana de Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, aprobada por el Estado Argentino mediante ley 25.280 (art. II) y art. 7 incs. i) y n) de la ley nacional de Salud Mental n° 26.657.
Entiende que la decisión atacada resulta arbitraria por cuanto si bien se funda en la legislación vigente aplicable a la materia de capacidad y salud mental, realiza una errónea aplicación de la misma en su parte dispositiva, con una limitación a la capacidad que termina resultando contraria al paradigma del modelo social de discapacidad. Que el agravio se centra no solo en la limitación a la capacidad de disponer impuesta a una persona capaz sino también a la circunstancia de hacer depender el levantamiento de dicha restricción a la realización de nuevas
pericias.
ón para disponer no causa un gravamen "irreparable" en razón de que se explica el modo de superarla (pericias psiquiátricas) toda vez que el sometimiento a esas nuevas pericias es lo que causa el gravamen difícil de reparar en cuanto viola su intimidad, la revictimiza y la discrimina por causa de un padecimiento mental.
Que el mantenimiento de la inhibición general de bienes implica una restricción excesiva a una persona a quien se considera capaz. Que someterla a nuevas pericias implica una revictimización secundaria toda vez que le impone demostrar periódicamente su "sanidad mental" y "desconfía" de la capacidad que ya le ha sido evaluada y peritada.
Que existe contradicción entre los fundamentos de la sentencia y el resolutivo atacado en cuanto mantiene la incapacidad de la causante para disponer de sus bienes obligándola a pedir autorización judicial y someterse a nuevas pericias psicológicas psiquiátricas. El resolutivo contradice la norma en que se funda en cuanto ordena al Juez "procurar que la afectación ala capacidad o autonomía personal sea la menor posible."Que el ajuste razonable dispuesto, consistente en la designación de dos tutores de tratamiento médico, aparece como sistema de apoyo idóneo, suficiente y proporcionado, que asegura que la afectación a su capacidad sea la menor posible. Que a todo evento, ante el riesgo de una recaída producto del abandono del tratamiento la figura de los tutores de tratamiento deberá adquirir protagonismo y ejercer su función de intermediario con el Tribunal a fin de informarlo y, en su caso, solicitar al Juez o al Ministerio Público las medidas que correspondan según el caso.
Que el juzgador parece fundarse en el criterio de "peligro" derivado de la"cronicidad" de la enfermedad para justificar la restricción, que prácticamente deja a la causante en un lugar más gravoso que si se la hubiera inhabilitado, por cuanto si la decisión hubiera sido la inhabilitación su régimen sería el de una persona capaz requiriendo solamente la asistencia de su curador para los actos de disposición. Entendiéndose "sólo la asistencia sin intervención judicial alguna, como complemento de su voluntad libremente expresada.
"Que el criterio del peligro como justificativo de la restricción, nos vuelve al modelo rehabilitador anterior y se aleja del modelo social de discapacidad, constituyendo la propia medida del juzgador la "barrera" a que debe enfrentarse la causante para celebrar cualquier acto dispositivo.
Que de los propios argumentos se concluye que "no se advierte relación de causalidad suficiente entre la enfermedad y la consecuencia que la ley exige a fin de que siga inhabilitada la causante, teniendo en cuenta el mandato positivo que emerge de la C.I.P.P.D. ("Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral")".
Ergo, si no existe relación causal suficiente entre la enfermedad y la afectación a la vida cotidiana, el Juez no se encuentra autorizado a restringir la capacidad de disposición de una persona que se encuentra en condiciones de tomar decisiones respecto de sus bienes y que de hecho lo está haciendo sola desde hace tiempo.
Que la decisión atacada vulnera el derecho supralegal aplicable en la materia, en especial la Convención de los derechos de las personas con discapacidad aprobada por ley 26.378 en cuanto su art. 12 establece "que los estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida."
Que el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación elaboró una observación general sobre la necesidad de interpretar el art. 12 de la C.D.P.D. recomendando: "Instar a los Estados Parte de la Convención Interamericana a tomar medidas, en consonancia con elart. 12 de la Convención de las Naciones Unidas, para garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica universal, incluyendo a todas las personas con discapacidad, independientemente de su tipo y grado de discapacidad, y en consecuencia con ello, iniciar en el más breve plazo un proceso de sustitución de la práctica de la interdicción, curatela o cualquier otra forma de representación, que afecte la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a favor de la práctica de la toma de decisiones con apoyo.
"Que nuestra legislación interna con la ley 26.657 y la reforma al art. 152ter del C.C. se ha hecho eco de los nuevos paradigmas en materia de salud mental fundados en el "modelo social de discapacidad" pasándose ahora a un sistema de capacidad gradual que dependerá en cada caso concreto de las competencias y aptitudes de cada persona.
b) Que a fs. 2729/2735 se presenta la causante junto con su curadora definitiva, con patrocinio letrado, y expresa agravios solicitando se revoque el punto 1) e) por las razones que expresa, a las que se remite en honor a la brevedad.
Además ofrece prueba a producirse en Alzada la que es rechazada por auto de fs. 2745. c) Que a fs. 2.741/2.742 se presenta la Defensora Oficial y adhiere a la posición asumida por la Asesora de Menores e Incapaces.
III. Los límites de los recursos de apelación interpuestos. En primer lugar corresponde dejar en claro que, según sentencia obrante afs. 2690/2695 de fecha 06 de octubre de 2014, la causante N. E. R. ha sido rehabilitada judicialmente, recuperando su capacidad de hecho con dos limitaciones: Designación de dos tutores de tratamiento encargados de velar por el cumplimiento del tratamiento psiquiátrico y farmacológico indicado. Como medida de protección patrimonial dispone mantener la inhibición general de bienes que registra la causante, medida susceptible de ser modificada en el futuro siempre y cuando los informes de médicos psiquiatras y licenciados en psicología (C.A.I. y C.M.F.) así lo dictaminen, pedido que podrá ser evaluado nuevamente por el juez de la causa en un lapso no menor de seis meses.
De todo lo resuelto, solamente se recurre el mantenimiento de la medida de inhibición general de bienes que pesa sobre la causante por lo que el resto de la sentencia no constituye materia de agravios y, de momento, ha quedado firme.
IV. Constancias de la causa. De las constancias de la causa se observa lo siguiente: A fs. 2022/2023 se presenta la causante, con su curadora y abogada patrocinante, y solicita se revise su situación, para lo cual peticiona se practique una audiencia "de visu" con el Juez de la causa, así como también se practiquen nuevas pericias psicológicas.
De dicha petición se corre vista a la Asesora de Menores e Incapaces de Tunuyán, quien contesta a fs. 2025/2026 adhiriendo a la solicitud de revisión de la situación personal y jurídica de incapacidad de la causante.
A fs. 2029, con fecha 25 de junio de 2010 el Juzgado dispone imprimirle a la causa el trámite de rehabilitación previsto por el art. 305y ccs. del C.P.C. A fs. 2035, con fecha 28 de julio de 2010 se presenta la curadora de la causante y denuncia que la misma está descompensada; a fs. 2039 obra constancia de donde surge que la prosecretaria del Juzgado se constituye en el domicilio de la causante; a fs. 2040 obra entrevista efectuada en el domicilio de la causante por profesionales de la salud mental; a fs. 2041 se ordena el traslado de la causante al Hospital Carlos Pereyra a los efectos de que se le practique examen psiquiátrico a fin de evaluar su eventual internación; a fs. 2042 vta. obra oficio informado por la Policía de Mendoza expresando que se ha cumplido con lo ordenado por el Juez de la causa, quedando internada la causante en el nosocomio indicado; finalmente, a fs. 2060 con fecha 26 de agosto, se autoriza la externación de la causante.
A fs. 2425/2426 se presenta nuevamente la causante, con su curadora y abogada patrocinante, y solicita se inicie el trámite de rehabilitación en virtud de los arts. 305 y 306 C.P.C., ley nacional de salud mental n° 26.657, art. 152 ter C.C. y ley 26.378 que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A fs. 2581/2582 contesta nuevamente la Asesora vista adhiriendo a lo solicitado. A fs. 2584 se acompaña certificado médico expedido por la Dra. E. I. S. – Psiquiatra– quien evalúa a la causante con fecha 22de julio de 2013 y expresa a su respecto que "padece de trastorno bipolar, por lo que realiza tratamiento psiquiátrico en Hospital Escuela de Salud Mental, Dr. C. Pereyra. Actualmente se encuentra eutímica, sin alteraciones afectivas de ningún tipo.
No presenta trastornos a nivel de pensamiento...Cognitivamente, sin alteraciones. No presenta fallas mnémicas... Juicio crítico conservado. La paciente no ha presentado ningún tipo de crisis afectiva desde el 2010, momento en que tuvo un cuadro depresivo que se resolvió favorablemente con ajustes en el tratamiento. La Srta. R. acude a todos los turnos y controles, cumple con las medicaciones. Presenta una actitud responsable en relación a su tratamiento y en su vida cotidiana.
La paciente presenta adecuada capacidad para construir un proyecto vital realista y acorde a su situación. No se observan indicadores que sugieran que la paciente no puede hacerse responsable de las decisiones y trámites que hacen a su realidad cotidiana..."- Con fecha 14 de agosto de 2013, el a quo dispone imprimir al presente el trámite de rehabilitación previsto por el art. 305 y concs. Del C.P.C., ordenándose la realización de nuevas pericias psiquiátricas a la causante por intermedio del C.M.F. A fs. 2614/2616 obra pericia efectuada por el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario con fecha 27 de noviembre de 2013, firmado por una Licenciada en Psicología y un médico Psiquiatra. Luego de efectuar una relación sucinta de los antecedentes de la causa, expresan que "al momento de las entrevistas no aparecen signos que hagan sostener su imposibilidad para administrar sus bienes en los actos cotidianos (administración mensual de sus ingresos para la compra para la mercadería para el hogar, compra de artículos personales, pago de impuestos, etc.).
Tampoco aparecen indicadores de actos perniciosos para sí o terceros causados por el trastorno mental.
Sin embargo, no se puede omitir en el análisis del caso la historia clínica mental de la Sra. R., en la cual se observan episodios de descompensación luego de tiempos prolongados de estabilidad sintomática.
Es justamente en estos episodios de descompensación en los cuales la examinada puede cometer actos que involucren riesgo para sí o para terceros, ya sea comprometiendo su salud física o su patrimonio" (fs. 2616 pto. 2). En el punto "3–Pronóstico" afirman que "Los diagnósticos realizados a la examinada indican la existencia de enfermedad crónica. Toda enfermedad crónica cursa con períodos de relativa estabilidad y períodos de descompensación. Ello requiere la necesidad de tratamiento permanente" (fs. 2616 pto. 3). Más adelante agregan, en lo que aquí interesa, que la causante "es capaz de realizar cálculos aritméticos, transacciones relacionadas con gastos corrientes... Es capaz de advertir situaciones de riesgo para sí o terceros... Es capaz de auto cuidado, sin embargo, debe ser supervisada para que realice el completo tratamiento indicado en salud mental, por los antecedentes de las consecuencias que han ocurrido si esto no es realizado.
En otros términos, si la examinada se descompensa por falta de tratamiento y/o ausencia de medicación, todas las capacidades antes descriptas pueden verse afectadas, colocándola en riesgo para sí o para terceros" (fs. 2616 pto. 5).
A fs. 2641 y vta. obra pericia con fecha 24 de febrero de 2014 efectuada por dos psiquiatras pertenecientes al Cuerpo Médico Forense y Criminalístico del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza quienes expresan que "no está alienada mentalmente, está compensada de su cuadro psicopatológico (Trastorno Bipolar Tipo I).
Al momento de esta entrevista médica es una persona que sí puede dirigir su persona y administrar sus bienes. Con respecto al concepto de la enfermedad de Trastorno Bipolar Tipo I, es una enfermedad crónica, por lo tanto incurable, que sí es tratable y el paciente puede estar en períodos de tiempo indeterminado de manera estable como lo está hoy la señora N. R.".
A fs. 2655 obra ampliación de pericia a solicitud del Juzgado, efectuada con fecha 07 de julio de 2014 por los dos psiquiatras del Cuerpo Médico Forense que antes se habían expedido y sostienen que "la paciente puede ser rehabilitada, lo cual no asegura una estabilización permanente de su psicopatología por ser el Trastorno Bipolar Tipo I una patología crónica e irreversible, que presenta períodos de estabilización y de desestabilización de tiempos indeterminados."
A fs. 2660/2661 obra encuesta ambiental efectuada por el C.A.I. de Tunuyán en el domicilio de la causante con fecha 25 de agosto de 2014. A fs. 2667/2669 con fecha 28 de agosto de 2014 obra acta de la audiencia de visu o entrevista personal efectuada por el Juez de la causa junto con la causante.
A fs. 2671/2677 obran alegatos de la Asesora de Menores e Incapaces favorables a la rehabilitación de la causante. Finalmente a fs. 2690/2695 se dicta sentencia de rehabilitación.
V. Normativa aplicable. 1) Nuestro flamante Cód. Civil y Comercial de la Nación, aplicable a este caso en virtud su art. séptimo, establece en el art. 23 la Regla General en materia de capacidad de ejercicio de los derechos "Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Cód. y en una sentencia judicial.
"2) Posteriormente, en la Sección 3ª regula las "Restricciones a la Capacidad", parágrafo 1° "Principios Comunes" y en el art. 31 "Reglas generales" reza: "La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas: .... b). las limitaciones a la capacidad sonde carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona..."La doctrina ha afirmado que "Es importante destacar que la capacidad restringida supone que la persona conserva su capacidad, la cual es restringida sólo para determinado actos o actos.
Es decir que la excepcionalidad se da también respecto del objeto (no se restringe la capacidad de la persona en términos generales, sino para un acto determinado o una serie de actos determinados y debidamente especificados en la sentencia)" (KRAUT, Alfredo Jorge–PALACIOS, Agustina en "Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado" - Tomo I - arts. 1° a 256 – Director LORENZETTI, Ricardo Luis – 1ª ed. Santa Fe Rubinzal Culzoni Editores –Noviembre 2014 – p. 129).
Por otro lado se ha dicho que "El término "beneficio de la persona", por su parte, da a entender que en ningún caso la restricción de la capacidad jurídica puede tener otro fin que el respeto de sus derechos y la promoción de la autonomía personal, de acuerdo con lo previsto por el art. 43 C.C.yC. que al definir las funciones de las figuras de apoyo designadas en favor de la persona con capacidad restringida, señala: "promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona" (FERNÁNDEZ, Silvia E. en "Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado" – Título Preliminar y Libro Primero – Arts. 1 a 400 - Directores HERRERA, Marisa – CARAMELO, Gustavo – PICASSO, Sebastián – 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Infojus Junio 2015 – p. 82/83).
"Los principios y las reglas generales que regulan la restricción o restricciones en materia de capacidad jurídica plasman en el Cód. el reemplazo de un "modelo de sustitución en la toma de decisiones" por un "modelo de apoyo en la toma de decisiones."
Ese cambio de paradigma implica que, desde la asunción de que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, la pregunta deja de ser si una persona puede ejercer su capacidad jurídica, para concentrarse en qué necesita la persona para ejercer su capacidad jurídica" (KRAUT, Alfredo Jorge – PALACIOS, Agustina en op. cit. p. 139).
3) Por su parte el art. 32 establece en lo que aquí concierne que "Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida...".
"El Cód. regula la causal de capacidad restringida en el artículo 32,primer párrafo, mediante la acreditación de un supuesto legal, basado en un criterio interdisciplinario y compuesto por dos presupuestos (intrínseco y extrínseco)...El presupuesto intrínseco radica en que la persona padezca "una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad" (cfr. art. 32 párr. 1°)...El presupuesto extrínseco exige que se "estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes" (cfr. Art. 32 párr. 1°)" (op. cit. p. 129).
"En rigor, el juez debe aquí utilizar un criterio de riesgo presumible."(op. cit. p. 148).
Y "teniendo en cuenta el propósito que justifica la existencia y el diseño de las medidas de apoyo, la función será fundamentalmente de asistencia" (op. cit. p. 150).
4) Finalmente, en cuanto a los sistemas de apoyo se legisla lo siguiente. "Parágrafo 2º. Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad. Art. 43. Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos.
El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.".
La doctrina ha dicho que "En primer lugar, cabe delimitar en esta oportunidad qué ha de entenderse por "apoyos". Siendo que la presunción de base es la capacidad que toda persona posee para tomar sus decisiones, pueden observase diferentes niveles de apoyos: un primer nivel es aquel en el que la persona requiere de apoyos mínimos para la toma de sus decisiones, como podrían serlo los relacionados con el lenguaje o con aspectos tecnológicos que puedan facilitar la comunicación.
Un segundo nivel consiste en la toma de decisiones asistidas, en donde la persona con discapacidad recibe la asistencia para la toma de sus decisiones de un tercero de su confianza, elegido por la propia persona con discapacidad.
Un tercer nivel es la toma de decisiones facilitada, para los casos extremos en que las preferencias y la voluntad no puedan expresarse o conocerse de manera fehaciente, y que debe constituirse en la situación de última instancia." (FERNÁNDEZ, Silvia E. en op. cit. p. 115).
"El objetivo principal del apoyo es el "facilitar" a la persona la "toma de decisiones." Con lo cual resulta evidente que el objetivo del apoyo no es decidir "por" la persona, sino facilitarle la toma de sus propias decisiones. Y así surge una de sus características principales, esto es, el apoyo no desplaza o sustituye a la persona, sino que se sitúa a su lado, procurando que sea ésta quien en última instancia decida" (KRAUT, Alfredo Jorge – PALACIOS, Agustina en op. cit. p. 252).
VI. Solución. De la atenta lectura de las constancias de la causa se observa que la causante, si cumple con el tratamiento psicofarmacológico que se le ha indicado, puede perfectamente dirigir su persona y administrar sus bienes.
Sin embargo, cuando abandona su tratamiento es susceptible de padecer crisis o descompensaciones psíquicas más o menos graves que la exponen a efectuar actos riesgosos para sí o para terceros, para su salud o bienes, todo según pericias efectuadas. En consecuencia, es loable la preocupación del a quo de evitar que la causante, en una de esas situaciones de peligro efectúe algún acto de disposición patrimonial de envergadura y se vea, de ese modo, descapitalizada.
Obsérvese que la medida apelada únicamente dispone mantenerla inhibición general de bienes que pesa sobre la causante, medida que únicamente puede tener lugar respecto de los bienes registrables los que se consideran, de ordinario, los más valiosos con los que cuenta una persona.
En consecuencia, no es cierto como alega la Asesora en su expresión de agravios que N. no pueda disponer de sus bienes. La causante, según la sentencia en crisis, no puede disponer únicamente de sus bienes registrables.
Puede administrar dichos bienes registrables y disponer y administrar sus bienes no registrables.
Sin embargo, estimo que la medida de protección patrimonial resulta en definitiva, como bien lo expresan las recurrentes, demasiado gravosa. Buscando una solución intermedia que armonice la máxima capacidad de ejercicio o de obrar de que la causante pueda gozar y por otro lado evitar un hipotético daño patrimonial derivado de un acto de disposición efectuado en un eventual contexto de crisis o descompensación psíquica, propongo a mis distinguidas colegas de Cámara modificar la inhibición general de bienes por un sistema de apoyo inspirado en la nueva legislación civil vigente a la fecha, consistente en la asistencia, por parte de una persona de confianza de la causante, cuya designación se deja por cierto librada a la elección de N. y sujeta a la oportuna aceptación del cargo por la elegida, para disponer de los bienes registrables de los que la causante sea titular.
Dicha asistencia de la persona de confianza funcionará como complemento de la voluntad de la causante, resultando ambas declaraciones de voluntad indispensables en los actos jurídicos de disposición de bienes registrables de que sea titular la causante.
En efecto, un funcionamiento similar al art. 152 bis C.C. derogado y limitado, en este caso particular, solo a los actos de disposición entre vivos de bienes registrables. De este sistema de apoyo deberá informarse al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, así como a los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Registros Automotores de la Provincia.
Queda pendiente, a cargo del Juzgado de Primera Instancia, los trámites de elección por parte de la causante de la mencionada persona de confianza, la aceptación del cargo por parte de la misma y la notificación a los reparticiones públicas mencionadas. Por lo demás la sentencia de grado guarda coherencia y armoniza con las modernas tendencias en materia de salud mental, discapacidad y ejercicio de derechos con ajustes razonables.
VII. Identificación de la causa mediante iniciales. Atento que las cuestiones ventiladas en el presente proceso se refieren a la esfera íntima de la causante y que contiene información que puede ser considerada sensible se ordena la identificación de la carátula por medio de iniciales. Así voto.
La doctora Carabajal Molina dijo que adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.
2ª cuestión.— La doctora Furlotti dijo:
Atento la naturaleza del presente proceso y el resultado al que se arriba, las costas se imponen en el orden causado (arts. 35, 36 y 308 del C.P.C.). Así voto.
La doctora Carabajal Molina dijo que adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.
Por los motivos expuestos, el Tribunal resuelve: 1. Modificar el punto 1) e) de la sentencia dictada a fs. 2690/2695 el cual en adelante quedará redactado de la siguiente manera: "1) e) Establecer, como sistema de apoyo, que N. E. R. deberá contar con la asistencia de una persona de confianza a su elección a los efectos de disponer por actos entre vivos de bienes registrables (arts. 31, 32, 37, 38,43, 102 y ccs. C.C.yC.N.). Notifíquese al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y a los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Registros de la Propiedad Automotor de la Provincia (arts. 39, 44 y ccs C.C.yC.N.). "2. Imponer las costas en el orden causado (arts. 35, 36 y 308C.P.C.). 3. Regular los honorarios a la Dra. M. G. en la suma de ...— Silvina del C. Furlotti.— María T. Carabajal Molina.


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Publicado el 3/10/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Capacidad


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