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N., V. J. c. Municipalidad s/ acción de amparo


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Voces: ACCION DE AMPARO ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ CONSERVACION DEL CONTRATO ~ CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ~ DERECHO A LA DIGNIDAD ~ DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA ~ DERECHO A LA SALUD ~ DERECHO A VIVIENDA DIGNA ~ MUNICIPALIDAD ~ PERSONA CON DISCAPACIDAD ~ RESTITUCION DE LA COSA

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sala A(CApelComodoroRivadavia)(SalaA) Fecha: 15/09/2015

Partes: N., V. J. c. Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ acción de amparo Publicado en: LLPatagonia 2016 (febrero), 17/02/2016, 71 Cita Online: AR/JUR/47703/2015
Hechos: Una persona con discapacidad en situación de calle dedujo acción de amparo contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a fin de que se le restituya la vivienda que ocupaba anteriormente con familiares. La sentencia admitió la pretensión y, apelado el decisorio, la Cámara lo confirmó.
Sumarios: 1. La sentencia que admitió la acción de amparo intentada por una persona discapacitada en situación de calle y ordenó a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a restituir a aquella la vivienda que ocupaba anteriormente con su padre, quien había sido declarado por la demandada preadjudicatario en venta de ese bien, debe confirmarse, con fundamento en los principios de interpretación favorable al administrado, los principios que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —arts. 16 y 19— y la amplitud legislativa sobre las variables de conservación del contrato frente al pacto comisorio —arts. 1077, 1078 y concords., Código Civil y Comercial—. 2. Dado que se acreditaron las omisiones que el amparista atribuye a la municipalidad demandada respecto a la efectiva concreción del derecho a una vivienda digna y siendo que corresponde a aquella el correlativo deber de garantizarle ese derecho por tratarse de una persona con discapacidad y en situación de desamparo, corresponde confirmar la sentencia que la condenó a restituir al accionante el inmueble que ocupaba con su padre, máxime cuando un individuo que no tiene un lugar para instalarse no solo carece de vivienda sino que también ve afectadas su dignidad, su salud y su integridad a punto tal que no está en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida (del voto de la Dra. Alonso)
Texto Completo:

2ª Instancia.— Comodoro Rivadavia, septiembre 15 de 2015.
1ª ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 308/314? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
1ª cuestión.— El doctor Nahuelanca dijo:
La sentencia se dicta a fs. 308/314, por la que se hace lugar a la acción de amparo interpuesta por V. J. N. contra la parte demandada Municipalidad de Comodoro Rivadavia a fin de garantizar el derecho de acceso a la vivienda del actor.
En el punto II ordena a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que, en plazo de 15 días hábiles, restituya al actor la vivienda ubicada en el Lote * de la Manz. **, calle L. D. N° ****, Zona de Quintas del Barrio M. A. de esta ciudad, en condiciones dignas de habitabilidad y/o efectivice una propuesta habitacional alternativa superadora que resulte pertinente al caso.
En punto III, impone las costas a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes. Apela y expresa agravios la parte demandada a fs. 316/319, con expresión que procede el recurso de apelación y nulidad contra la sentencia definitiva.
Sostiene que la sentencia carece de motivación suficiente de acuerdo a las exigencias del art. 169 C.Prov.
Señala no obstante el prolijo desarrollo de los vistos, resultando y considerando de la sentencia hasta el apartado tercero, pero que en la evaluación comienzan los errores. Destaca en consecuencia como yerro, que el actor cuenta con una red familiar de apoyo, un hermano con un importante pasar económico y donde resulta sorprendente que los representantes legales hayan pasado por alto dicha situación sin haber promovido un juicio por alimentos (fs. 317vta.).
Rechaza que la prestación del PAMI resulte precaria e irregular, ampliando al respecto. Considera en consecuencia arbitraria la calificación de situación de pobreza del actor. Niega la "situación de calle" y señala que N. reside en un establecimiento público. Argumenta por otra parte por las alegadas necesidades insatisfechas porque de los informes de autos surge que el Estado Municipal, Nacional y Organismos privados de bien público, dan cobertura gratuita a sus necesidades de habitación, salud, alimentación, recreación, esparcimiento, etc., no probándose una sola privación.
En cuanto al derecho a recuperar el predio, contrapone que no sigue un razonamiento jurídico que obligue a la Municipalidad a restituir el predio. Rechaza que el derecho le otorgue tal prerrogativa por la ocupación antecedente de familiares. Sostiene que la falta de derechos del actor proviene de sus propias omisiones, que la obligación impuesta quiebra el debido proceso que fija la Ordenanza Municipal de Tierras Fiscales y resulta de cumplimiento imposible porque el terreno posee ocupación de tercero.
Sostiene que la resolución no respeta la normativa administrativa cuando no se da ningún argumento para eximir al Sr. V. J. N. de respetar el debido proceso administrativo. Peticiona, finalmente, la revocatoria de la sentencia en todas sus partes por carecer de motivación suficiente. Corrido traslado de los agravios, se contesta a fs. 323/324vta., reseña los argumentos de la recurrente y contrapone que el subsidio otorgado por PAMI no constituye una prestación alimentaria, sino que es de carácter social con carácter excepcional y transitorio y que no es esta entidad la que debe garantizar el derecho de acceso a la vivienda, siendo esta obligación, conforme con su propia Carta Orgánica Municipal, garantizar el acceso a la vivienda en condiciones dignas de habitabilidad y/o efectuar una propuesta habitacional alternativa. Destaca además que su parte no ha alegado la situación de calle para peticionar, pero explica lo que a su juicio implica el concepto, que no posee alternativas habitacionales dignas y seguras.
Respecto al rechazo de los derechos de adjudicación del inmueble por antecedentes familiares con relación al mismo, señala que en este aspecto lo que demanda es una vivienda digna en condiciones de habitabilidad, derecho ampliamente reconocido por los Pactos Internacionales que señala. Cita las normas que amparan el acceso a la vivienda como deber y competencia de las municipalidades.
Sostiene por otra parte que el peticionante tiene antecedentes como ocupante, conforme con la constancia otorgada por la Municipalidad a fs. 40/44. Refiere el pronunciamiento del Equipo Técnico Disciplinario. Peticiona en conclusión el rechazo de los agravios. Tratamiento de los agravios: El inicio en la concreción de los agravios (punto III de fs. 316vta.), contiene afirmaciones críticas contra la sentencia con afirmación de haberse otorgado al actor un derecho que no detenta y vulnerado su derecho de defensa e igualdad ante la ley, consagrados por normas constitucionales que cita, incursa en la arbitrariedad, que lógicamente remiten a la concreción del mayor desarrollo de los agravios que puedan sustentarlas.
Entiende la recurrente la existencia de yerros que va señalando. Que el actor tiene un hermano con un importante pasar económico, pero el propio alegante reconoce que dicho hermano lo ha abandonado, con lo que la defensa carece de consistencia para modificar la cuestión troncal. El mismo menoscabo argumental tiene la referencia al ejercicio de la acción alimentaria contra tal hermano señalado, sin consideración a la situación descripta por la propia dependencia de su parte, la Directora de Despacho de la Secretaría de Gobierno, dirigiéndose a la Directora General del Hábitat a cargo Técnica Ambiental (fs. 219), en la que señala en los puntos salientes; que se conoce la compleja problemática sociohabitacional que atraviesa el joven (V. N.), que el mismo se encuentra alojado en el Hogar "L. G.", situado en el Cordón Forestal, luego del deceso de su progenitor y aclara que el hermano J. C. y su cuñada L. M., manifiestan la imposibilidad de establecer una relación confortable para generar una convivencia armónica con el joven y demás integrantes del entorno familiar. Las soluciones propiciadas contrarían además principios de protección más amplios relativos a la condición de persona discapacitada del actor N., relegándolo a la conflictiva relación familiar, con pérdida de la autonomía individual del art. 19 de la CN, la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida, cuyo fundamento radica en la dignidad de la persona y el respeto a la libertad personal.
Del mismo significado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en au art. 16, cuando refiriéndose a la protección de las personas de ámbitos violentos, especialmente cuando estos se generan en el seno familiar, su apart. 4, que los Estados tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica y dicha recuperación e integración social de las personas con discapacidad tendrá lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona. Y vinculado con el recurso plateado, el art. 19 de la Convención: "1. Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando -entre otros derechos– la oportunidad de elegir su lugar de residencia y donde y con quien vivir, en igualdad de condiciones con los demás y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. La controversia sobre la condición de pobreza de la persona discapacitada reconocida por el fallo, con alusión la apelante a las contribuciones dinerarias que recibe la actora, carece de toda razonabilidad, si no advierte que las mismas provienen de la gestión asistencial para remediar la situación de pobreza y desamparo por la discapacidad, sígase el informe del I.N.S.S.J.P., cuando explica que se tratan de subsidios económicos especiales y transitorios, hasta tanto se reparen las condiciones de desprotección del actor (fs. 259).
Otra cuestión motiva objeción de la recurrente, lo que el fallo ha llamado "situación de calle" que asigna a V. N., en razón del fallecimiento de su padre T. N. en un incendio de la casa que habitaba conjuntamente con V.
Casa que debió abandonar dice la sentencia, quedando en "situación de calle". Contra esta definición, argumenta la recurrente, denegando el concepto si a raíz del suceso se le otorgó al actor cobertura a sus necesidades, no llegando a acreditarse ninguna privación. La discusión es ociosa, como en la crítica a la condición de pobreza, en razón de la asistencia prestada por los organismos. Si se le otorgaron protecciones después del fallecimiento del padre por incendio de la vivienda, quedando la vivienda inhabitable, es propio que quedó en situación de calle. Es que en todo caso la apelante formula la crítica, dejando de lado que se está refiriendo a una persona con cuadro crónico de Retraso Mental Grave, que no puede orientarse témporoespacial por sí mismo, no responde a órdenes simples, con leguaje espontáneo escaso y nulo en lectoescritura, no puede realizar actividades de la vida diaria y el aseo es con ayuda.
La afección es congénita, de pronóstico reservado y sin posibilidades, control médico en forma periódica; ni tiene episodios de impulsividad o agresividad, con lo que no es necesaria su internación en un establecimiento especializado. Adviértase ahora la historia familiar de N. resultante de la entrevista social psicológica de fs. 60/60vta.; fallecida su madre I. C. U., permaneció en convivencia con su padre, el Sr. T. N., quien fallece en el año 2012; a raíz del fallecimiento ya señalado de su padre, reside con su hermano materno J. A. C. y su grupo familiar, a raíz de acontecimientos que afectaron a la familia, C. decide internarlo en el hogar "L. G., tiempo después se lleva a V. al Hogar de Ancianos, por breve período, hasta que se lo integra a un hogar sustituto sostenido con subsidio de PAMI de $7.000 mensuales.
La Escuela Nº 521 colabora con el cuidado de V. y ha efectuado gestiones en el Municipio para refacciones en la vivienda paterna de V., en miras a que el joven se radique allí con acompañamiento permanente. Informa asimismo que las refacciones se efectuaron, pero la vivienda fue usurpada. Las gestiones con la familia extensa resultan infructuosas, V. no ha adquirido aprendizaje de lectoescritura y presenta habilidades manuales (cocina, jardinería, electricidad). Se entiende en consecuencia que la asistencia otorgada posteriormente al fallecimiento del padre fue por la situación de indefensión en que quedaba su persona, en "situación de calle". Los argumentos de la recurrente carecen de toda entidad. Si resulta necesario esclarecer un punto de aparente intrascendencia, originado en una "oficiosa" expresión del fallo, cuando no obstante señalar que siendo el progenitor T. N. adjudicatario del inmueble Lote ** Manz. ***, situado en L. D. Nº **** del Bº M. A., le adosa que el derecho no se trasmite en razón de la muerte. Se sirve la demandada de tal expresión del fallo y agrega que al margen que no posea a la fecha (se refiere a V. N.) derecho alguno sobre el predio de la calle L. D., por qué concluye la sentencia imponiéndole el deber de restituir el predio al actor.
Agrega que el hecho de que el actor haya tenido como asiento familiar el predio en cuestión, el ordenamiento jurídico no le otorga a tal circunstancia efecto jurídico alguno con relación a terceros. Al margen de la errónea concepción de la sentencia que el derecho no se trasmite y la aquiescente afirmación de la demandada, aumentando pérdidas en perjuicio que V. N.–que carece de derecho alguno sobre el predio de la calle L. D. considerándolo tercero- se observa como una y otra de las concepciones controvierten el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
La primera, no prestándole especial atención a la interpretación, pues se refería a quien vive en condiciones desfavorables y así lo manda la Observación General 4 del Comité. En tanto la demandada, controvirtiendo sus actos propios al negar todo derecho a la fecha a la persona discapacitada, cuando el 13/11/2013 le reconocía a V. N. el carácter de ocupante del Lote ** de la Manz. ***, con comodato en trámite ad referendum del Concejo Deliberante, bajo expte. Nº 2642-N-97 (ver fs. 39). Predefinir que carece de derecho alguno –siempre sobre la temática que se viene tratando– resulta inadmisible afirmación anticipatoria del expediente al que alude la certificación, como cualquier tramitación que comprenda al actor incapaz, porque los "... Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial".
En la comprensión precedente, también constituye un exceso inadmisible calificar de tercero en el inmueble al hijo, no pudiéndose sino interpretar que V. N. no es sino derecho-habiente de su padre T. N., continuador de la persona de su difundo padre, ocupando su lugar con todos los derechos que le asistían e investido de pleno derecho los reconocimientos formalizados por la Municipalidad, que no solo lo hizo con el carácter de ocupante al nombrado T. N., sino que lo declaró preadjudicatario en venta –a precio de fomento- del inmueble por Res. 056901 de fecha 6/3/2001 (fs. 157/160). Había cumplido con la obligación de posesión como resulta de la construcción y cerco precario de fs. 181 –después lógicamente deshabitada al momento de la inspección de fs. 180 por el incendio y fallecimiento de T. N., pero a quien se le reconoce "la propiedad", como resulta del informe de la Dirección Técnica de Programas y Proyectos Sociales (fs. 183) y no existían actos administrativos que le hubieran cancelado la situación jurídica existente (preadjudicatario en venta a precio de fomento).
Fallecido entonces el padre T. N., la pérdida de derechos de modo unilateral no pudo efectivizarse, sin cumplirse el principio de audiencia de partes y otorgarse la posibilidad de defensa (Ley I18 del Digesto Jurídico (art. 26, 1º, 2º -facilitar al administrado la tutela y realización de sus derechos de la manera mas amplia posible, 3º -comprobar todos los hechos relevantes para adoptar una decisión, 4º- principio de la imprescindible audiencia de la parte, antes de adoptarse una decisión y concords.). Frente a los principios de interpretación
favorable al administrado (Ley I-18 del Digesto Jurídico, art. 26, ap.12 Ley I-18); los resguardos y principios normativos de rango supranacional y constitucional reiteradamente invocados en el juicio y receptados en la sentencia, los derechos avanzados con los que contaba T. N. –hoy en cabeza del hijo discapacitado V. N.-; el marco preferencial que para discapacitados y familias de escasos recursos que contempla la Ordenanza General de Tierras Fiscales y la propia amplitud legislativa sobre las variables de conservación del contrato frente al pacto comisorio, si entronizadas en el sistema jurídico anterior, resultan asimismo del nuevo Cód. Civil – Ley 26.994 (arts. 1077, 1078 y concords. del Cód. Civil – Ley 26.994); por todo analizado, carece de agravio la recurrente cuando opone a fs. 318 que carezca de derecho alguno y luego, que no existan razones jurídicas que le impongan a la Municipalidad el deber de restituir el predio al actor. Va de suyo que la representación letrada proveerá la asistencia que corresponda del discapacitado V. N., en los cauces protectorios que ajustadamente presiden sus intervenciones, aún los trámites necesarios para recuperar mayores derechos, en este caso los hereditarios en favor de aquel y para ejercitarlos en igualdad de oportunidades conforme con la previsión del art. 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Precisamente, las argumentaciones que a modo de lo que pudo hacer la actora para transformarse en adjudicatario de la cosa en reemplazo del padre fallecido (fs. 316vta.), son las que debieron observar de inicio en la vía administrativa las direcciones respectivas representativas de la autoridad comunal. Es claro que en actitud estatal positiva, ya que como se señaló, debían "...tender a facilitar al administrado la tutela y la realización de sus derechos, de la manera más amplia posible..." (art. 26 Ley I-18 del Digesto Jurídico). Con el conjunto de elementos de valoración que se integran en razón del recurso interpuesto, no puede sostenerse la quiebra del debido proceso, frente a los derechos sucesorios de la persona discapacitada, cuya concreción por sus representantes permitirá a la Administración el dictado de los actos respectivos para declarar y otorgar en su oportunidad los títulos que correspondan, a la par de garantizar los derechos a la vivienda previstos en la sentencia.
Por todo lo expuesto se rechaza el recurso interpuesto en lo que resulta apelado, con costas (art. 69 Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico). Para regular honorarios, rige la Ley XIII N° 4 del Digesto cit., arts. 5, 6, 8, 9, 13 y concords., a cuyo fin propongo los honorarios conjuntos de las Dras. M. C. R., N. L. B. y C. A. T., en el 30% y los del Dr. I. A. V., en 25%, de los regulados en cada caso en primera instancia.
2ª cuestión.— El doctor Nahuelanca dijo:
Voto: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, fundado a fs. 316/319, y confirmar la sentencia de fs. 308/314 en cuanto resulta apelada. 2) Costas de la alzada a la parte demandada, a cuyo fin propongo las regulaciones de conformidad al considerando respectivo.
1ª cuestión.— La doctora Alonso dijo:
1. Los antecedentes del caso, el fallo dictado y el recurso: Los antecedentes del caso bajo examen, el alcance del fallo dictado y el contenido de los agravios y de la pertinente contestación han sido detalladamente reseñados por el colega preopinante. Por tal razón a tales consideraciones me remito a fin de evitar repeticiones estériles.
2. Tratamiento de los agravios: El pormenorizado análisis de los hechos de la causa efectuado por quien me precede en la votación me permite adherir plenamente a la premisa fáctica que constituye el punto de partida de la solución del caso. En efecto, estamos ante una persona en situación de extrema vulnerabilidad por su estado psicofísico que además no cuenta con recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda digna. Con base en tal realidad, la defensa efectuada por el Estado municipal sorprende en tanto soslaya obligaciones básicas en un Estado constitucional de derecho, asumidas no solo en el plano internacional sino que resultan de la Constitución de la Nación; de la Provincia del Chubut y de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Es que como hemos señalado en anteriores pronunciamiento la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) afirma en su artículo 17 que "toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad" y en su art. 25.1 establece: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
A partir de tal declaración el mentado derecho fue reconocido como un derecho humano en las siguientes declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos: Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (art. 11.1); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.iii); Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 14.2.h); Convención sobre los Derechos del Niño (art. 27.3); Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias (art. 43), y Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (arts. 13 a 19).
En orden a la adecuada comprensión de las normas mencionadas, corresponde resaltar las interpretaciones efectuadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General n° 4 cuyo alcance ya fue analizado por el primer votante. En ese orden de ideas, solo he de agregar que es considerada el principal instrumento legal internacional de interpretación del derecho a la vivienda (art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU 1966, PIDESC).
La validez de la invocada observación como herramienta hermenéutica para el entendimiento del concepto y extensión de cada derecho en particular ha sido admitida sin ambages por la C.S.J.N. (casos: "Poblete -voto del Dr. Lorenzetti", S. 1767 XXXVII, T.328, P. 2056; "Cristalux S.A.", T. 329, P. 1053; "Giroldi", T. 318, P. 5141).
De acuerdo con la misma, el derecho a la vivienda, vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al PIDESC, debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Se afirma en dicho documento que el derecho a una vivienda adecuada, consiste en disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable, se aplica a todos; tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores (cf. Duffy, Virginia, "Tomando en serio el derecho a una vivienda digna: una mirada judicial de los derechos fundamentales desde su integralidad", LLNOA 2010, febrero, 16). En el ámbito interamericano, la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre afirma en su artículo XI que "toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad" y en su artículo XXIII establece: "toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar". Tales normas reconocen el derecho a la vivienda como derecho fundamental dentro del sistema regional.
A su vez, el derecho a la vivienda en nuestra Constitución Nacional se encuentra contemplado en el artículo 14 bis que refiere al "acceso a una vivienda digna". Por su parte nuestra constitución provincial, categóricamente, en su artículo 77, establece que "el Estado propende a que toda persona acceda a una vivienda digna, para sí y su familia, que incluye servicios sociales y públicos e integración con el entorno natural y cultural, quedando resguardada su privacidad. En sus previsiones el Estado contempla planes habitacionales, individuales y colectivos, en función del progreso tecnológico y de la evolución social. La política respectiva provee al ordenamiento territorial con miras al uso racional del suelo, al interés público y a las características de las diversas comunidades. El acceso a la vivienda propia se promueve en todo el ámbito de la provincia, sobre la base de la equidad y mediante regímenes adecuados a los distintos casos, con prioritaria consideración a los de menores recursos".
Finalmente es dable invocar las previsiones de los artículos 15, 36 y 39 de la Carta Orgánica Municipal. La fuerza normativa de los cláusulas citadas me exime de mayores consideraciones. Solo he de agregar que el estado municipal no es el único que debe garantizar el acceso a la vivienda, desde ya también lo debe hacer el estado provincial, pero el actor ha optado por exigir su derecho al estado municipal y los jueces no podemos intervenir en tal aspecto de la cuestión.
A su vez, esta variedad de fuentes nos obliga a determinar el alcance que tiene el derecho invocado desde una óptica que asegura su mayor operatividad en el caso que nos ocupa como categóricamente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Q.C., S.Y. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo" del 24 de abril 2012 (Fallos de la CSJN, Tº 335 -1-, año 2012, ps. 452/499), en doctrina plenamente aplicable al presente en atención a la identidad fáctica. En definitiva, dado que en el caso concreto se comprueban las omisiones que el amparista atribuye al estado respecto a la efectiva concreción del derecho de acceso a una vivienda digna y siendo que corresponde, al estado demandado el correlativo deber de garantizar al amparista por tratarse de una persona con discapacidad y en situación de desamparo, la decisión de grado debe ser confirmada. Huelga señalar que tal derecho está íntimamente relacionado con otros derechos humanos y fundamentales por cuanto un individuo que no tiene un lugar donde instalarse para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles, no solo carece de una vivienda, sino que también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no está en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida, tal como lo hace el resto de los habitantes (Fallos de la CSJN, Tº 335 -1-, año 2012, ps. 452/499).
En esta línea argumental, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sostiene que "a primera vista puede parecer extraño que un tema como la vivienda guarde relación con los derechos humanos. No obstante, si se examinan más de cerca las leyes nacionales e internacionales así como la importancia que tiene un lugar seguro donde vivir para la dignidad humana, la salud física y mental y en general la calidad de vida, es posible apreciar algunas de las relaciones entre la vivienda y los derechos humanos.
En todas partes se considera que la vivienda adecuada es una de las necesidades humanas fundamentales" (cf. Folleto Informativo nro. 21, "El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada"). Finalmente y en orden al rol del Poder Judicial, he de señalar que lejos de lo que plantea la recurrente, al Poder Judicial le corresponde, supeditado al resultado que arroje el proceso, y comprobada la omisión, fijar las pautas para activar los mecanismos del poder administrador tendientes a la concreción de los derechos ya legislados e incorporados al ordenamiento jurídico vigente, es decir, actuar como lo ha hecho la jueza de grado. Por las razones expuestas, que aduno a las dadas por el colega preopinante, es que adhiero a la solución propuesta.
3. Costas y honorarios: Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la demandada vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota. Los honorarios de esta instancia han de ser regulados de conformidad con la escala específica prevista por el art. 13 del régimen arancelario vigente y por aplicación de las pautas del art. 5 del mismo ordenamiento.
Por ello, adhiero a la cuantificación efectuada por el primer votante.
2ª cuestión.— La doctora Alonso dijo:
Considero que corresponde dictar el pronunciamiento propuesto por el Dr. Nahuelanca. En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes no emite su voto.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente Sentencia: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, fundado a fs. 316/319, y confirmar la sentencia de fs. 308/314 en cuanto resulta apelada. 2) Costas de la alzada a la parte demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de las Dras. M. C. R., N. L. B. y C. A. T., conjuntamente, en el treinta por ciento (30%) y los del Dr. I. A. V. en el veinticinco por ciento (25%), porcentajes a calcular sobre lo respectivamente regulado a cada parte por su labor en la instancia de grado, con más el IVA si correspondiera. 3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.— Fernando Nahuelanca.— Silvia N. Alonso.


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Publicado el 3/10/2018. Temas: Amparo, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Capacidad, Derecho a la salud


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