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L., R. c/ C., H. R. y otro s/daños y perjuicios


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Voces: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ~ CONVOCATORIA A ASAMBLEA ~ CONVOCATORIA JUDICIAL A ASAMBLEA ~ LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL ~ PROPIEDAD HORIZONTAL

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G(CNCiv)(SalaG) Fecha: 09/03/2015 Partes: L., R. c/ C., H. R. y otro s/daños y perjuicios. Publicado en: LA LEY 18/05/2015 , 5, con nota de Américo A. Cornejo; Cita Online: AR/JUR/3062/2015
Hechos: El actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia del juez que rechazó la demanda por convocatoria judicial de asamblea a los fines de modificar el reglamento de copropiedad, luego que por decisión de los consorcistas se adicionaran tres unidades funcionales a las cuatro existentes. La Cámara confirmó la sentencia apelada.
Sumarios: 1. El fin inmediato del llamamiento judicial contemplado en el art. 10 de ley 13.512 es superar los fracasos de citaciones a asambleas que, de no celebrarse en tiempo oportuno, podrían llegar a afectar el régimen de propiedad horizontal, poniendo en peligro la subsistencia del propio sistema, por ello resulta improcedente la convocatoria, cuando no se consumó la instancia ante el órgano deliberativo o ni siquiera se ha intentado reunir a la asamblea, ya que es previa a la acción judicial la exigencia de agotar el procedimiento establecido en el reglamento respectivo. 2. Cuando el art. 10 de la ley 13.512 hace referencia a la falta de mayoría suficiente, alude a la carencia de quórum reglamentario para sesionar, por lo cual es claro que no puede pedirse la reunión judicial de consorcistas por la mera disconformidad o cuestionamiento con una decisión tomada por el órgano de administración que pudiera aparecer contraria a las pretensiones de quien acciona. 3. El pedido de convocatoria de asamblea judicial no consiste en un proceso contencioso ni voluntario y ni siquiera tiene forma de juicio, por ello no puede solicitarse que se ordene el traslado de la demanda y al fin una sentencia de condena, ya que ello está en abierta contradicción con los deberes que impone la ley procesal.
Texto Completo:

2ª Instancia.— Buenos Aires, marzo 9 de 2015.
¿Es justa la sentencia apelada?
La doctora Areán dijo:
I. La sentencia de fs. 2142/2163 rechazó la demanda y la reconvención, con costas en el orden causado; e impuso al actor las devengadas por la intervención del consorcio. Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes. Contra dicho pronunciamiento se alzaron el actor a fs. 2165 y el demandado a fs. 2167, siendo concedidos los respectivos recursos a fs. 2166 y fs. 2173.
El primero expresó agravios a fs. 2184/2186, los que fueron respondidos a fs. 2190/2197 y a fs. 2200/2204. Se queja porque el juez a quo ha rechazado la demanda, a pesar que en autos obran innumerables pruebas que no han sido valoradas adecuadamente. La sentencia es inconsistentemente jurídicamente. Suscripta la escritura de modificación de reglamento, los demandados no la efectuaron ni inscribieron en tiempo propio, por lo que debe tenérselo por no hecho (arts. 625 y 628 C.C.).
No aclara qué es lo que debe tenerse por no hecho. Tampoco los demandados cumplieron con lo establecido en la ley 13.512 y en la asamblea del consorcio de 1991 o lo resuelto en el proceso sobre convocatoria a asamblea judicial. A fs. 2189 fue declarado desierto el recurso interpuesto por el demandado.
II. Frente a la exigencia contenida en el art. 265 del Cód. Procesal, cuando se trata del contenido de la expresión de agravios, pesa sobre el apelante el deber de resaltar, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que atribuye al fallo. No basta con disentir, sino que la crítica debe ser concreta, precisa, determinada, sin vaguedades. Además, tiene que ser razonada, lo que implica que debe estar fundamentada. En la expresión de agravios se deben destacar los errores, omisiones y demás deficiencias que se asignan al pronunciamiento apelado, especificando con exactitud los fundamentos de las objeciones. La ley requiere, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a lo actuado en la instancia de grado sea concreta, lo cual significa que el recurrente debe seleccionar de lo proveído por el magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.
Efectuada esa labor de comprensión, incumbe al interesado la tarea de señalar cuál es el punto del desarrollo argumental que resulta equivocado en sus referencias fácticas, o bien en su interpretación jurídica (Conf. esta Sala G, 12/02/2009, La Ley Online; AR/JUR/727/2009).
No existe posibilidad de tener como expresión de agravios al escrito que omite el análisis pormenorizado de
la resolución apelada, no indica sus presuntos defectos, ni impugna sus fundamentos legales, limitándose a reiterar en términos aproximados las alegaciones ya formuladas y a la enunciación de meras apreciaciones subjetivas de orden general y no jurídico, sin rebatirlas concretamente (Conf. esta Sala G, 10/02/1987, LA LEY, 1987-B, 288).
Este escrito debe bastarse a sí mismo, sin que quepa remitirse a presentaciones anteriores. Si no se introduce en el análisis pormenorizado del fallo ni cuestiona sus fundamentos legales, limitándose, en otros términos, a reproducir circunstancias relatadas con anterioridad o introducir otras que nada tienen que ver con la cuestión discutida, no reúne los requisitos suficientes como para ser tenido como tal (Conf. esta Sala G, 09/12/1983, LA LEY, 1985-C, 643).
Si el juzgador se encuentra obligado a dar suficiente sustento a su decisión, simétricamente corresponde al recurrente exponer razones que desvirtúen el razonamiento contenido en la sentencia (Conf. esta sala, L. 318.425, Sin embargo, a la hora de decidir la declaración de deserción del recurso de apelación, la gravedad de las consecuencias que ello apareja impone una aplicación restrictiva. En caso de duda en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse a la apertura de la instancia, apreciando con tolerancia las deficiencias, con el fin de no conculcar el derecho de defensa en juicio (Conf. FENOCHIETTO-ARAZI, Cód...., Astrea, 1983, Tomo 1, p. 840).
Tradicionalmente esta Sala sostiene que aun cuando el escrito presentado bajo la denominación de tal no constituya la expresión de agravios en los términos del art. 265 del Cód. Procesal, debe aplicarse al respecto el criterio amplio, en orden al respecto del principio constitucional de la defensa en juicio de los derechos y con la finalidad de brindar acabada satisfacción al recurrente, permitiendo la apreciación de las razones alegadas para la modificación de la sentencia (Conf. esta Sala, 03/08/1981, LA LEY, 1983-B, 768; id. id. 10/02/1987, LA LEY, 1987-B, 288, entre muchos otros).
Precisamente es por ello y sólo por ello que no propiciaré la aplicación de la consecuencia que impone el art. 266 del aludido Cód., ante una muy breve expresión de agravios, que se ha limitado a suministrar algunos argumentos imprecisos y endebles acerca del tema, teñidos de una notoria imprecisión y confusión, como continuidad de lo acontecido desde la primera actuación judicial, con importante "colaboración" del juzgado de entonces, debiendo quedar perfectamente aclarado que nada estoy imputando al actual magistrado de grado, quien ha dictado una excelente sentencia, minuciosa y profunda, anticipando que habré de confirmarla, dando por reproducidos sus sólidos fundamentos en homenaje a la brevedad.
En efecto, adelanto que no es fácil desentrañar el objeto y sobre todo el sentido de esta litis que pronto llevará consumidas dos mil trescientos fojas de expediente, más unas quinientos o seiscientos de los venidos "ad effectum videndi", con resultado negativo tanto para la demanda como para la reconvención, al extremo que sólo ha sido apelada la primera a través de un escrito que insume escasas tres carillas de contenido ininteligible.
III. De acuerdo con el reglamento de copropiedad y administración, quedó constituido el C. de P. R. L. F. 2202/2210/2212/2214, el 10/12/62, estando integrado por cuatro unidades funcionales, identificadas con los números 1, 2, 3 y 4. En virtud de circunstancias sobrevinientes durante las tres décadas siguientes que se desconocen, en la asamblea del 3/12/91, por decisión de los consorcistas se adicionaron otras tres unidades por un total 85,39 % de titularidad exclusiva del demandado, y el resto al actor, o sea, el 14,61 %. La unidad 1 de C. pasó a integrar las unidades 5, 6 y 7 y la unidad 2 de L. se convirtió en las unidades 8 y 9. Las unidades 3 y 4 mantuvieron sus estructuras originales.
Se decidió consiguientemente modificar el reglamento de copropiedad y administración original, luego se convino hacerlo por ante el escribano P. y se realizaron los pertinentes trámites municipales para obtener los nuevos planos.
El tiempo fue pasando, lo que no debe ser demasiado llamativo, porque no hay que tener conocimientos demasiado relevantes sobre la vida y la sociedad para concluir lo que implica verse involucrado en un trámite administrativo-notarial complejo. Nadie olvida el aún hoy famoso "cuento del arbolito", que mantiene total vigencia. El 14 de abril de 1997, el aquí actor tomó la determinación de promover un juicio por convocatoria judicial de asamblea contra el Co. de P. R. L. F. 2202/10/12/14 y/o H. R. C.
Haré únicamente algunas acotaciones para no fatigar a quien lea este voto pero mi espíritu docente me impide guardar total silencio. En primer lugar, el procedimiento previsto por el art. 10 de la ley 13.512 no constituye un proceso contradictorio. Dispone dicho art. 10 en su última parte: "Cuando no fuere posible lograr la reunión de la mayoría necesaria de propietarios, se solicitará al juez que convoque a la reunión, que se llevará a cabo en presencia suya y quedará autorizado a tomar medidas urgentes.
El juez deberá resolver en forma sumarísima, sin más procedimiento que una audiencia y deberá citar a los propietarios en la forma que procesalmente corresponda a fin de escucharlos". Se trata de la denominada asamblea judicial, aunque menciona como "reunión", la ley es poco explícita al regularla, lo cual no ha sido ni es obstáculo para que se acuda con frecuencia a este especial procedimiento, la mayoría de las veces con
resultado negativo liminar, sea por estar ausentes los requisitos necesarios para su procedencia, sea por pretenderse el tratamiento en el acto de temas que exorbitan su específico ámbito.
Como ya se sabe, en el régimen de la ley 13.512, el quórum necesario para deliberar y resolver está dado por la asistencia a la asamblea del número de copropietarios que representen mínimamente la cantidad de votos exigidos por la ley o el reglamento para adoptar los distintos tipos de decisiones, según los temas incluidos en el orden del día, y que se computa no sobre los presentes, sino sobre la totalidad de los integrantes de la comunidad.
Por lo tanto, en el supuesto de no lograrse la reunión de esos mínimos requeridos para sesionar válidamente, lo que conllevará inexorablemente a la imposibilidad de obtener las mayorías necesarias para arribar a una decisión válida, la ley atribuye al juez la facultad de convocar —casi siempre a solicitud de parte— a una reunión —entiéndase "asamblea"— que se llevará a cabo en presencia suya y que por ello es denominada asamblea judicial.
La instancia judicial se justifica únicamente cuando se ha agotado la extrajudicial, procurando sin éxito la reunión de los copropietarios en asamblea, ya que el consorcio debe resolver los conflictos internos por intermedio de sus órganos naturales, y sólo después de haber agotado todos los recursos estatutarios se puede acudir a la vía judicial. Existe consenso en el sentido que la asamblea judicial constituye un remedio subsidiario, que sólo resulta procedente cuando se hubieren agotado todos los medios de convocatoria ordinarios, sin haberse logrado el quórum exigido para deliberar y resolver conforme el número mínimo de los votos impuestos por la ley en cada caso. Se trata de un procedimiento de carácter excepcional, lo que implica que debe ser de aplicación e interpretación restrictiva, exigiendo además, la existencia de asuntos urgentes o graves a tratarse, por ejemplo, la remoción y designación de nuevo administrador.
Reviste gran importancia para la vida y funcionamiento del sistema, porque la experiencia enseña que, frecuentemente, resulta muy difícil lograr la mayoría necesaria para reunirse y para aprobar asuntos que hacen a la vida, al normal desenvolvimiento y a la continuidad y subsistencia del régimen. Nada dice la ley acerca del procedimiento que debe implementarse cuando se da curso a la petición de convocatoria judicial. Es indiscutible que no se trata de un juicio contradictorio, por cuanto no hay actor ni demandado, nadie es emplazado para defenderse. No se procura el pronunciamiento de una condena y ni siquiera una declaración de certeza.
El concepto de parte procesal supone la existencia de un conflicto suscitado entre personas que se encuentran en posiciones jurídicas contrapuestas, y que, por lo tanto, sólo es aplicable a los procesos contenciosos.
La misma palabra "parte" implica un necesario enfrentamiento entre esas personas, que vienen a constituir, en sus respectivas posturas, elementos parciales de un todo.
Por consiguiente, la idea de parte es ajena al ámbito de los procesos en los que no existe conflicto a resolver, correspondiendo reemplazarla por el de peticionario, esto es, la persona que, en nombre propio, o en cuyo nombre se reclama la emisión de un pronunciamiento judicial que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. La petición procesal extracontenciosa es el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial, y en interés del propio peticionario, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada (Conf. PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil). La asamblea judicial tampoco encuadra en el concepto de un juicio voluntario en el cual el único interesado es el que lo inicia, como podría ser una información sumaria tendiente a obtener, por ejemplo, la autorización para celebrar un determinado acto jurídico o para rectificar una partida del estado civil.
Como lo expresa Highton, se está ante un procedimiento sumarísimo, pero no un juicio que tramita por vía sumarísima. No existe demanda y contestación como en los juicios contradictorios (Conf. HIGHTON, Elena, Propiedad y prehorizontalidad, ps. 655 a 658).
El juez no debe decidir controversia alguna, sino verificar si se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia del pedido, y si ello ocurre, debe limitarse a ordenar la citación a la asamblea para que se lleve a cabo en su presencia. Eventualmente, si las circunstancias del caso lo exigieran, puede adoptar alguna medida urgente, pero no decidir los conflictos que pudieran suscitarse entre los propietarios, los que deberán ser articulados y decididos por otra vía (Conf. CNCiv., sala A, 25/02/1997, Lexis Nº 1/53273, JA 2001-IV-síntesis, id. sala I, 24/04/2007, Lexis Nº 1/1019780, SJA, 15/8/2007; id. Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 4ª, 27/07/1982, Lexis Nº 2/48262).
El fin inmediato de llamamiento judicial contemplado en el art. 10 ley 13.512 es superar los fracasos de citaciones a asambleas que de no celebrarse en tiempo oportuno, podrían llegar a afectar el régimen de propiedad horizontal, poniendo en peligro la subsistencia del propio sistema. Por ello, resulta improcedente la convocatoria, cuando no se consumó la instancia ante el órgano deliberativo, o ni siquiera se ha intentado reunir a la asamblea, ya que es previa a la acción judicial la exigencia de agotar el procedimiento establecido en el reglamento respectivo (Conf. CNCiv., sala B, 24/04/1995, Lexis Nº 1/26078, JA 1995-IV-588).
Cuando el art. 10 de la ley 13.512 hace referencia a la falta de mayoría suficiente, alude a la carencia de quórum reglamentario para sesionar, por lo cual es claro que no puede pedirse la reunión judicial de consorcistas por la mera disconformidad o cuestionamiento con una decisión tomada por el órgano de administración que pudiera aparecer contraria a las pretensiones de quien acciona (Conf. CNCiv., Sala C, 19/12/2006, DJ 2007-II, 38).
Por lo tanto, ni los consorcistas individualmente considerados ni el consorcio propiamente dicho ni el administrador pueden ser tenidos como partes, ni siquiera cuando el pedido de asamblea judicial se origina en una solicitud de los copropietarios con el objeto de remover al administrador, éste es parte en el proceso. En síntesis, no se trata de un proceso contencioso ni voluntario, más aún, ni siquiera tiene forma de juicio, algo parecido con lo que ocurre con la hipótesis contemplada en el art. 623 ter del Cód. Procesal de la Nación, respecto de la oposición a la ejecución de reparaciones urgentes.
Pues bien, todo lo dicho constituye letra muerta en el expediente a la vista, por motivos que me abstengo de calificar pero que es fácil imaginar. En efecto, a pesar de invocarse la especial situación prevista por el art. 10 de la ley 13.512, ante la forma impresa a la demanda o escrito inicial propia de un contradictorio, pidiendo se ordene el traslado de la demanda y al fin una sentencia de condena, el juez en abierta violación con los deberes que le impone la ley procesal (art. 34, inc. 5º b), le dio curso e imprimió el trámite sumario que todavía regía por entonces en la justicia nacional. No sé si alguien había advertido entonces esta anomalía, creo que no. El trámite posterior de la causa puso de manifestó la ligereza, negligencia e ignorancia jurídica con que se actuó en todo momento. Lo cierto es que se ordenó correr traslado —¡correr traslado de una petición de convocatoria de asamblea judicial!—; para más, la demanda fue contestada, con ofrecimiento de prueba y todos los "chiches" propios de una pieza de esa naturaleza.
A fines de 1997 alguien en un acto de lucidez, cayó en cuenta que había que encaminar los pasos por la asamblea judicial. Y a fs. 40 luego de trabada la litis, el actor pidió que "atento el estado de autos" "vengo a solicitar se convoque la asamblea judicial". Insólitamente a fs. 41, se provee la petición favorablemente, "atento lo que resulta de la contestación de demanda" (increíble, sólo ruego que ninguno de los que participaron en la gestión del entramado de tantos disparates no haya sido mi alumno porque me sentiría muy frustrada).
Los desatinos continúan, la rectificación de errores en los despachos se suceden foja a foja, las marchas y contramarchas se desplazan a cada foja. Finalmente, se llega al 1º de diciembre 1998 y sin reunir las más mínimas formalidades propias de la asamblea judicial, en una audiencia común se la tiene por constituida y, entre grandes divergencias —de aquellas que se generan por la divergencia misma—, de designa administrador del C. a C. y A. S.R.L. Está tan absurdamente redactada la providencia de fs. 73 que los dos peticionantes interponen aclaratoria, mereciendo ambas favorable acogida. La resolución de esta Alzada a fs. 100 trató en lo que pudo, dada las limitaciones propias del recurso, de enderezar un poco el entuerto múltiple, lo que queda patentizado con la lectura de la nueva de decisión de la Sala de fs. 186.
De ahí en más siguen los errores, algunos más que errores, horrores jurídicos, la orden a la Administración de elevar a escritura pública la modificación de reglamento e inscribirlo; el inmediato conflicto respecto del escribano que debía cumplir con el acto notarial y la puesta de resalto de la inexistencia de los pertinentes planos.
Tal debe haber sido el agotamiento ocasionado al escribano E. que termina renunciando y, ¡Oh, suprise! Una luz se abre de pronto en el cielo y un arco iris aparece en el horizonte: el 18 de octubre de 2001 alguien descubre que el objeto del proceso había quedado concluido con la asamblea de fs. 72 y se deniegan las pretensiones de actuación dirigidas contra el escribano Sancho, designado en reemplazo de E.
A fs. 548 de estos autos el primer notario relata las desventuras por las que debió atravesar por permanentes entorpecimientos y palos en la rueda puestos por L., todo lo cual puso fin a su paciencia y culminó con la renuncia. Finalmente se da cuenta a fs. 551 de que el 30 de noviembre de 2001 el escribano S. logró cumplir con su cometido ¡Gracias San A. por la gestión hecha en tu día!
IV. A todo esto había comenzado el 31 de mayo de 2000 este proceso promovido por quien hasta ese momento y con posterioridad sería el único responsable de las demoras, con lo que queda anticipada la suerte que correrá el recurso. El nombrado S. logra luego de un acto digno de encomio, paciencia y valor, que L. firme la escritura de reforma, hecho que no había ocurrido hasta entonces, única y exclusivamente por la conducta obstructiva del actor, como ha quedado claramente demostrado en autos, a pesar de su opinión contraria que intenta expresar —al menos eso parece entenderse— aunque sin éxito en los agravios.
El primer objetivo que era la escrituración de la reforma del reglamento está cumplido, al igual que su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble: y está cumplido por obra y gracia del escribano Sancho, de la gente de la administración del consorcio y de C. que durante años se vieron sometidos a los caprichos, maniobras obstruccionistas y conductas arbitrarias y estrafalarias de L.
Cada vez que debo afrontar situaciones de esta naturaleza, siempre formulo un acto de reconocimiento al
ilustre codificador de 1867 cuando se inclinó por prohibir la propiedad horizontal, convirtiéndose en el primer código en el mundo que adoptara esa actitud, por prever los conflictos entre los vecinos que podía engendrar la división entre los altos y los bajos. Ya me imagino lo que me van a achacar mis detractores: en pocos meses habrá pasado a la Historia, pero desde ya les respondo que hace largo rato que él y su obra maestra se han incorporado a la Historia de los grandes.
V. Si bien todo lo dicho precedentemente sería suficiente para confirmar la sentencia, para demostrar aún más la sinrazón de estos autos, analizaré la procedencia de los daños y perjuicios pretendidos por el accionante. Ante todo se está ante un supuesto de responsabilidad contractual y en su ámbito examinaré la posibilidad de que el actor haya experimentado alguno de los daños reclamados.
Se denomina indemnización de daños y perjuicios a la evaluación en dinero de la totalidad del daño resarcible, que el responsable debe satisfacer a favor del damnificado. Con esa indemnización queda remediado el desequilibrio de orden jurídico provocado por el incumplimiento de la obligación y restablecido el acreedor en la situación patrimonial que debió tener de no haber obstado a ello el hecho imputado al responsable.
Desempeña una función de equilibrio o nivelación, pues el acreedor tenía la legítima expectativa de obtener un determinado estado patrimonial con la satisfacción de la prestación debida, pero el incumplimiento del deudor la ha frustrado, por lo que resulta lógico que se la restablezca poniendo a cargo de este último las compensaciones pecuniarias que sean suficientes para devolver al primero la situación patrimonial justamente esperada, aunque sin configurar un título de lucro para el damnificado (Conf. LLAMBÍAS, Jorge J. - RAFFO BENEGAS, Patricio J. (Actualizador), Tratado de derecho civil. Obligaciones, 2005, LexisNexis, Lexis Nº 7006/003049).
Los rubros reclamados por L., tales como los gastos por "destapaciones" en el consorcio, los honorarios del letrado del demandado en la convocatoria a asamblea, que tuvo que pagar por incidentes provocados por planteos susceptibles de confundir o al menos contradictorios, la tasa de justicia y las fotocopias (integran la noción de costas), el lucro cesante por el tiempo que le insumió todo frente a sus actividades de comerciante (se supone que los escritos, trámites judiciales, etcétera debieron correr por cuenta de su dirección letrada), por los intereses y gastos que le ocasionaron préstamos hipotecarios y un préstamos personal para conseguir efectivo para afectarlo a su giro comercial y a sus gastos y a los de su familia para no caer en cesación de pagos por no poder disponer libremente de su capital (no sólo no se han probados sino que además no puedo más que destacar que poco le faltó para incluir gastos para pasar unas vacaciones en el C.), gastos por dos certificados registrales y cartas documentos, trámite de mediación y otra vez pago de tasa de justicia (se vuelve a gastos de justicia), las utilidades que dejó de percibir en esos siete años consistentes en los alquileres que no percibió de sus dos unidades por no poseer "el nuevo reglamento o bien los intereses que le hubiera dejado el capital de haber podido venderlas, puesto a plazo fijo a 30 días capitalizado mensualmente en el B. de la N. A. (qué le impidió la falta de elevación a escritura pública de la modificación del reglamento, alquilar los locales).
Y no se piense que ahí terminó el cúmulo de desatinos, porque sigue reclamando el daño psicológico causado a él y a su familia incluyendo "pérdidas en intereses". Su carácter pasó de alegre y optimista a triste y pesimista junto con el cuadro de estrés que le producía el insomnio, además de miedos, temores, palpitaciones y acidez estomacal, un cambio sustancial en toda la familia en sus caracteres.
Y sigo; reclamo por último del daño causado a él y su familia incluyendo pérdida de intereses y la reparación del agravio moral, los gastos originados en el juicio de asamblea judicial y gastos varios.
A fs. 1297 informa el C. únicamente el registro de los créditos hipotecarios y un crédito personal y a fs. 1285 da cuenta el Banco de Valores que no lo registra como cliente. El testimonio de fs. 1478 sólo denota una memoria del testigo propia de una hipermnesia, al estilo de S. S. al haber transcurrido cerca de diez años al tiempo de declarar, hasta recuerda el número del local en cuya vidriera lucía el cartelito de venta. No tiene sentido seguir examinando dichos que a la vista denotan mendacidad y adoctrinamiento previo.
Debería formular múltiples aclaraciones para atender a tantos errores, pero me limitaré a tres cuestiones, a saber: 1. Las costas: El reclamo por los gastos incurridos para encarar este proceso y la convocatoria a asamblea, como los honorarios, cartas documentos, fotocopias, tasa de justicia, integran el concepto de gastos de justicia, por lo que deberán ser objeto de consideración en la etapa de ejecución de sentencia, de corresponder (art. 77 del Cód. Procesal).
2. Daño psicológico: importa poner de resalto que es criterio reiterado de este tribunal que "El trastorno psíquico, como el daño estético, carecen de autonomía indemnizatoria y en tanto daños patrimoniales indirectos, integran el de incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral" (conf. "F., C. A. c. Philippeaux, Alicia M. y otros", 03/03/2006, LA LEY, 2006-D, 65).
En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño extrapatrimonial (conf. "Mann, Dora c. Nuevos Rumbos S.A., 12/5/97, elDial - AE3CC; id. 19/10/2004,
Vallejos, Pablo A. c. Retambay, Claudio F. y otro, LA LEY, 18/03/2005, 8).
En sentido jurídico, sólo hay daño patrimonial y daño moral. No existe un tercer género. El tomar a ciegas del derecho italiano la propensión a crear categorías autónomas de daños, por ejemplo, biológico, existencial o a la salud, sin antes percatarse de las peculiaridades que ofrece a partir de la redacción del art. 2059 de su código, trae como consecuencia la propagación indefinida de daños resarcibles, la tendencia a indemnizar doblemente el mismo perjuicio, el intríngulis de quiénes serían los legitimados, etcétera (Conf. Prevot, Juan Manuel, La lesión psíquica como daño resarcible, DJ 05/07/2006, 688).
Al daño psicológico no hay que individualizarlo como un rubro resarcitorio autónomo para ser sumado al daño patrimonial o al daño moral. El bien afectado, o sea la psiquis de la víctima, podrá dar lugar a los gastos médicos, hasta puede significar una limitación o restricción a su capacidad de desarrollar actividades que redunden en beneficio económico (lucro cesante o pérdida de chance), pero todo ello debe formar parte de la reparación integral del daño patrimonial y también del daño moral valuado en un resarcimiento total o global de todo cuanto afecte a la incolumidad del espíritu o equilibrio emocional de la víctima (Conf. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, Lexis Nº 1123/005175).
En nuestro régimen jurídico no existe un tercer género de daños como podría ser el daño psíquico, o el daño a la vida de relación, o el daño a la persona. Todos ellos constituyen un daño en el sentido naturalístico de la expresión y como tal pueden afectar intereses patrimoniales o extrapatrimoniales dando lugar a la correspondiente indemnización. Por ello, los daños naturalísticos son diversos rubros en los que se puede descomponer la indemnización del daño patrimonial y moral (Conf. VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., "Importantísimos aspectos del Derecho de daños", en anotación a fallo de la C. Nac. Civ., sala D, 28/2/1996, "G. F. M. y otro v. Centro Médico Lacroze y otros", en "Curso de actualización de Derecho Procesal. Temas de apoyo. Prueba", Ed. Fundesi, p. 229).
Así por ejemplo, una lesión psíquica afecta intereses patrimoniales y extrapatrimoniales del sujeto, por lo que dará lugar a la indemnización de ambos tipos de daños: como daño patrimonial, el costo del tratamiento psicológico, y como daño extrapatrimonial, la propia afección psíquica que causa perturbaciones, angustias, etcétera. Todas las lesiones de las que puede ser víctima un ser humano (a la psiquis, a la identidad, a la expectativa de vida, a la estética, esterilidad, etc.) son distintos rubros del daño indemnizable, que en el medida que repercuta en intereses patrimoniales y extrapatrimoniales, dará lugar a las correspondientes indemnizaciones" (Conf. Galdós, Jorge M., Acerca del daño psicológico, JA 2005-I-1197): "El daño psíquico no es concepto autónomo. Cabe diferenciar el bien jurídico que puede verse afectado, de sus consecuencias. Así, la integridad psíquica forma parte de un derecho de la personalidad y es de carácter extrapatrimonial, pero si el desmedro sufrido produce efectos patrimoniales, como la incapacidad para la realización de actividades productivas o el costo del tratamiento necesario para la recuperación genera daños patrimoniales indirectos. Por el contrario, si no los origina, se trata de un daño extrapatrimonial que debe ser evaluado para la fijación del daño moral". (Conf. esta Sala G, 22-3-95, LA LEY, 1995-E, 461).
Es improcedente conceder una indemnización por daño psicológico como una partida autónoma, pues si un daño no es patrimonial necesariamente es extrapatrimonial y no queda resquicio ni hendija alguna por la que pueda tener entrada y cabida la recepción de una clasificación tripartita entre el daño patrimonial y el psicológico, atento a que carece de principio divisorio (conf. esta Sala, 14/03/2005, Martínez, Gabriel A. c. Aguas Argentinas S.A., ED 212, 468).
Es que el daño psíquico no es un tercer género de daño ni constituye perjuicio autónomo, pues en la medida en que incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral (conf. esta Sala, 23/03/2001, Campo Castro, Alfonso c. González, Carlos A., La Ley Online, id. 27/08/2007, Real, Roberto c. Microómnibus Saavedra SATACI y otro, La Ley Online; id. 22/08/2007, Leguizamón, Javier E. c. Sciancalepore, Hernán Diego y otros, La Ley Online).
En realidad, la clasificación bipartita de daños patrimoniales y extrapatrimoniales no consiente incorporarle una tercera categoría independiente de las anteriores, por el principio lógico de tercero excluido que indica que si un daño no es patrimonial es necesariamente extrapatrimonial, y si no es lo uno ni lo otro no es daño (Conf. esta Sala, 28/04/1998, elDial - AA3E).
No se debe confundir el bien jurídico afectado (integridad corporal, armonía de la figura humana o su belleza) que es extrapatrimonial, con el perjuicio que de esa afección puede derivarse, el que será un daño patrimonial indirecto, si tiene repercusiones materiales, y aunque es de carácter extrapatrimonial, en cuanto al sentimiento negativo que genera en el sujeto que lo sufre, este último es integrante del daño moral (Conf. esta Sala, 2/6/95, elDial - AEB88).
Queda en claro, en consecuencia, que no se accederá al rubro por carecer de autonomía.
3. Daño moral: De acuerdo con el art. 522 del Cód. Civil, en materia de responsabilidad contractual, el juez
está facultado para condenar al responsable a la reparación del agravio moral, de conformidad con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso. En el plano contractual, no cualquier daño moral origina la responsabilidad del autor del hecho, sino un verdadero agravio. Por ello, siendo excepcional, corresponde al actor la moral en prueba de que verdaderamente hubo daño moral (Conf. Borda, Guillermo, "La Reforma del Cód. Civil-Responsabilidad Contractual", en E.D. 29-763); en otras palabras, es necesaria la acreditación de la existencia de una lesión a los sentimientos, afecciones o de la tranquilidad anímica, que no puede confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos y de los negocios (Conf. Huberman, Carlos, "El daño la responsabilidad contractual", en LA LEY, 149-522).
Es decir que cuando se peticiona la reparación de este daño como derivado del incumplimiento de un contrato, es preciso demostrar de qué manera ha podido afectar la moral del reclamante y en qué medida puede tratarse de un interés resarcible (Conf. MAYO, en BELLUSCIO-ZANNONI, "Cód. Civil", t. 2, p. 730 y sigtes.).
Conforme a lo establecido por el art. 522 del Cód. Civil, en materia de responsabilidad contractual, el daño moral no se presume y quien lo invoca debe alegar y probar los hechos que determinaron su existencia toda vez que, el mero incumplimiento no basta para admitir su procedencia (Conf. CNCom., Sala D, 10/10/2006, IMP 2007-5 (Marzo), 524; CNCivil, Sala A, 12/4/99, ED 184, 415; id., Sala B, 25/03/2004, DJ 2004-2, 183; id. Sala H, 11/12/2000, ED 195, 553; id. Sala K, 15/9/98, DJ 1999-2, 697; id. Sala D, 17/7/98, DJ 1999-3, 186; id. Sala E, 16/02/2005 LA LEY, 2005-B, 754 entre muchos otros).
En materia contractual, el daño moral debe ponderarse con criterio restrictivo, teniendo en cuenta que el legislador ha empleado la expresión "podrá" en el art. 522 del Cód. Civil, texto según ley 17.711, lo que debe interpretarse en el sentido de que la imposición de un resarcimiento por tal concepto ha quedado librada al prudente arbitrio judicial, a cuyo fin el juez se encuentra facultado para apreciar libremente el hecho generador y sus circunstancias, a efectos de imponer o liberar al deudor de una reparación y sin que dicho perjuicio pueda inferirse de cualquier molestia que ocasione el incumplimiento (Conf. CNCiv., Sala E, 16/02/2005 LA LEY, 2005-B, 754). "El art. 522 del Cód. Civil deja librado a criterio del juez en caso de incumplimiento contractual, la posibilidad de condenar a la reparación del agravio moral, según la índole del hecho generador y las circunstancias del caso. Es cierto —y de allí el carácter restrictivo de su aplicación— que esa facultad no puede ser ejercida en forma caprichosa o arbitraria, sino que debe otorgarse la reparación, cuando por el incumplimiento contractual aparece configurada una lesión de cierta importancia a los sentimientos de la víctima, o cuando es violado alguno de los derechos que protegen como bien jurídico a los atributos de la personalidad del hombre como tal, o cuando hay una lesión cierta a un interés no patrimonial reconocido a la víctima por el ordenamiento jurídico.
En la especie, no es dudoso concluir que el incumplimiento contractual en que incurrió el demandado produjo un detrimento espiritual que resulta evidente...por las expectativas que se vieron frustradas" (Conf. CNCivil, Sala C, 31/8/99, elDial - AA21C).
En el caso, ninguna prueba se ha producido tendiente a demostrar que la demora generada por el obrar del propio interesado lo haya afectado espiritualmente, más allá de su personalidad de base, lo que determina sin más la desestimación del reclamo, al tiempo que igual suerte debe correr el correspondiente al grupo familiar, por cuanto uno de los requisitos del daño para ser indemnizable, es que sea propio del que lo reclama y los integrantes de la familia del actor no son parte en estas actuaciones.
En síntesis, por tales las razones expuestas más los sólidos fundamentos dados por el juez de grado, propicio a mis colegas confirmar la sentencia en todas partes, con costas de alzada al accionante y respecto de ambos demandados (art. 68 del Cód. Procesal).
Los doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán.
Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: I. Confirmar la sentencia apelada, rechazando la demanda en todas sus partes. II. Costas de alzada a cargo del actor vencido. Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia. Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.—

Beatriz Areán.— Carlos A. Bellucci.— Carlos Carranza Casares.


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Publicado el 31/08/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Consorcio, Daños y Perjuicios, Propiedad horizontal


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