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G. M. E. | artículo 152 ter, Cciv


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Voces: CIVIL - PERSONAS - PERSONAS FÍSICAS - CAPACIDAD - INCAPACIDAD
Partes: G. M. E. | artículo 152 ter, Cciv.
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: D
Fecha: 20-ago-2015
Cita: MJ-JU-M-95525-AR | MJJ95525
Producto: MJ
Sólo por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resultare ineficaz, el juez podrá declarar la incapacidad y designar a un curador.
Sumario:
1.-Se revoca la sentencia que declaró al sujeto involucrado en la causa, incapaz en los términos del art. 141 del CCiv., disponiendo la adecuación de la sentencia al nuevo Código Civil y Comercial y lo dispuesto por el art. 12.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y estableciendo los sistemas de apoyos y salvaguardas que correspondan.
2.-Durante la vigencia del art. 152 ter del Cciv., resultaba más adecuado, que en las declaraciones de inhabilitación o incapacidad se especificaran las funciones y actos que se restringían y en qué medida, teniendo en cuenta el resultado de las pericias, asignar al curador la función que sea más acorde para cada acto.
3.-Durante la vigencia del Código Civil, al no haber sido derogados los arts. 141 y 152 bis, que regulaban los institutos de la insania e inhabilitación, estos debían armonizarse con los nuevos paradigmas impuestos por el sistema de capacidades graduales y no estancos del sujeto, de ahí que los pronunciamiento que debían dictarse en el marco del art. 152 ter del Cciv., debía circunscribirse a la situación particular de cada sujeto, especificándose aquellos actos para los que requerirá representación de su curador, para que otros asistencia y para cuales la mera supervisión, asegurando así su debida protección, al aplicarse los sistemas de apoyos y salvaguardas antes referidos.
4.-El Código Civil y Comercial (Ley 26.994 , publicada en el Boletín Oficial del 8/10/14), recepta el <> por el cual se reconoce y respeta la autonomía de las personas con
discapacidad, propiciando su plena y efectiva inclusión en la sociedad mediante la eliminación de todas aquellas barreras que les impidan desarrollar su proyecto de vida, debiendo utilizarse una adecuada terminología que evita la estigmatización de aquellas personas con discapacidad y adoptarse las medidas pertinentes para que puedan acceder al apoyo que necesitan en el ejercicio de su capacidad jurídica.
5.-El Código Civil y Comercial de la Nación, constitucionaliza el derecho privado y, concretamente en su artículo 31, dispone que la limitación al ejercicio de la capacidad es de carácter excepcional, imponiéndose siempre en beneficio de la persona.
6.-La sentencia que recaiga en los procesos referido a la incapacidad de una persona, deberá plasmar un equilibrio entre la libertad de la persona que padece una enfermedad mental y la necesidad de su adecuada protección, de manera que ésta no sea una forma de impedirla, sino de protegerla, ya que entre la capacidad total y la incapacidad total existen infinitos grados, matices y circunstancias.

Fallo Completo:

Buenos Aires, de agosto de 2015.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I - Viene el expediente a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuesto a fojas 490/492 y fojas 500, contra la sentencia de fojas 450/454, en cuanto declara a la señora MEG incapaz en los términos del artículo 141 del Código Civil.
A fojas 490/492, se funda el recurso concedido a fojas 493. Solicita se modifique el pronunciamiento apelado, puesto que el mismo resulta contradictorio, por lo que deberá a la nueva normativa vigente, en especial a lo dispuesto por el artículo 12.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y estableciendo los sistemas de apoyos y salvaguardas que correspondan.
II. a) La convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) dispone la obligación de preservar la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y, de ser necesario, establecer un sistema de apoyaturas y salvaguardas que contemple específicamente la situación y necesidades del sujeto.
El artículo 3° de la convención, establece los principios en los que ella se sustenta: "a) el respecto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la independencia de las personas; b) la no discriminación; c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) la igualdad de oportunidades; f) la accesibilidad; g) la igualdad entre el hombre y la mujer; h) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad".
Asimismo, el artículo 12, dispone:".1° Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica; 2° Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida; 3° Los estados Partes adopta adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica; 4° Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcione salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten los intereses de las personas; 5° Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medias pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.".
Ello se complementa con las herramientas que incorporan los artículos 5 y 19 para integrar a las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad para el desenvolvimiento de las actividades vitales y la satisfacción de sus necesidades.
b) Asimismo, cabe considerar las observaciones efectuadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a Paraguay, presenta das el 15 de mayo de 2013, en las que se recomienda al Estado parte, entre otras cuestiones, "que modifique la terminología que utiliza para referirse a las personas con discapacidad y armonice su legislación con el contenido y obligaciones de la Convención." (pto. III, acap. A, 8) y que "establezca mecanismos de salvaguardia necesarios para las personas con discapacidad y desarrolle un modelo de apoyo en el proceso de toma de decisiones que sea respetuoso de la autonomía, voluntad y preferencias de la persona así como el respeto de su derecho al consentimiento libre e informado para tratamiento médico, acceder a la justicia, votar, con traer matrimonio y elegir un lugar de residencia, entre otros" (pto. III, acap.B, 30).
c) Por su parte, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, dispone en su artículo 5° que "la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado".
En este sentido, la ley 26.657 incorporó al derogado Código Civil el artículo 152 ter, que establecía: "Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible".
Es por ello que en situaciones como la de autos que fueron dictadas durante la vigencia del artículo 152 ter del Código Civil, resultaba más adecuado, que en las declaraciones de inhabilitación o in capacidad se especificaran las funciones las funciones y actos que se restringían y en qué medida, teniendo en cuenta el resultado de las pericias, asignar al curador la función que sea más acorde para cada acto.
d) Asimismo, resulta prudente recordar que durante la vigencia del Código Civil, al no haber sido derogados los artículos 141 y 152 bis, que regulaban los institutos de la insania e inhabilitación, estos debían armonizarse con los nuevos paradigmas impuestos por el sistema de capacidades graduales y no estancos del sujeto, de ahí que los pronunciamiento que debían dictarse en el marco del artículo 152 ter del Código Civil, debía circunscribirse a la situación particular de cada sujeto, especificándose aquellos actos para los que requerirá representación de su curador, para que otros asistencia y para cuales la mera supervisión, asegurando así su debida protección, al aplicarse los sistemas de apoyos y salvaguardas antes referidos.
e) Como se puede observar la normativa vigente y en mayormedida aún el actual Código Civil y Comercial (ley 29.994, publicada en el Boletín Oficial del 8/10/14), receptan el "nuevo paradigma social de la discapacidad" por el cual se reconoce y respeta la autonomía de las personas con discapacidad, propiciando su plena y efectiva inclusión en la sociedad mediante la eliminación de todas aquellas barreras que les impidan desarrollar su proyecto de vida, debiendo utilizarse una adecuada terminología que evita la estigmatización de aquellas personas con discapacidad y adoptarse las medidas pertinentes para que puedan acceder al apoyo que necesitan en el ejercicio de su capacidad jurídica.
f) A ello se suma que el Código Civil y Comercial de la Nación, constitucionaliza el derecho privado y, concretamente en su artículo 31, dispone que la limitación al ejercicio de la capacidad es de carácter excepcional, imponiéndose siempre en beneficio de la persona.
El artículo 32 dispone que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos, designando el o los apoyos necesarios, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.Sólo por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resultare ineficaz, el juez podrá declarar la incapacidad y designar a un curador.
Ello, conduce a que la sentencia que en definitiva recaiga en este tipo de procesos deberá plasmar un equilibrio entre la libertad de la persona que padece una enfermedad mental y la necesidad de su adecuada protección, de manera que ésta no sea una forma de impedirla, sino de protegerla, ya que entre la capacidad total y la incapacidad total existen infinitos grados, matices y circunstancias".
f) Sentado ello y evaluado el pronunciamiento recurrido a la luz de lo expuesto, no cabe más que coincidir con la apelante de fojas 490/492 y la señora defensora de menores e incapaces de Cámara, en cuanto a que no se ajusta a los nuevos paradigmas establecidos tanto por derogado artículo 152 ter del Código Civil, como a lo dispuesto por los artículos 31, 32, 37, 38, 40, 43 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no solo por la terminología que utiliza sino que además no le proporciona a la señora MEG una protección adecuada, proporcionada y adaptada a sus circunstancias personales, por lo que habrá de revocarse, disponiéndose que la señora Magistrada de grado proceda a dictar uno nuevo ajustado a las pautas aquí establecidas, especificando conforme las pericias e informes agregados en autos, los actos que se restrinjan y el apoyo necesario para el ejercicio de cada uno de ellos.
Por ello y dictamen de la señora defensora de menores e incapaces de Cámara de fojas 627/629, SE RESUELVE:I) Admitir los agravios que da cuenta el dictamen de fojas 490/492, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento de fojas 450/454, debiendo la señora Juez de
grado dictar uno nuevo ajustado a las pautas indicadas y II) Hacer saber lo indicado por la señora defensora de menores e incapaces de Cámara en el último párraf o de fojas 629 a sus efectos. Regístrese, protocolícese y notifíquese al señor curador oficial a cargo de la Curaduría Pública Oficial n° 10 y a la señora defensora de menores e incapaces de Cámara en su despacho. La presente será remitida al Centro de Información Judicial a los fines de su publicación. Oportunamente, devuélvase a la instancia de grado, requiriendo a la señora Magistrada que proceda al cambio de carátula en virtud de la vigencia del Código Civil y Comercial dela Nación.
Patricia Barbieri
Osvaldo Onofre Álvarez
Ana María Brilla de Serrat


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Publicado el 3/10/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Capacidad


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