Fallos Universojus.com

Fallo de Primera Instancia y de Cámara de la Inédita compensación económica de 8 millones


Compartir:

Texto completo Primera Instancia:

M. L., N. E. c/ D. B., E. A. s/FIJACION DE
COMPENSACION ARTS. 524, 525 CCCN

Buenos Aires, de diciembre de 2018.- CP/MVF
AUTOS Y VISTOS:

El pedido de compensación económica formulado por la actora a fs. 65/75, cuyo traslado fue contestado a fs. 90/93;

Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 1/75 se presenta la Sra. N. E. M. y promueve
demanda de compensación económica contra su ex cónyuge, el Sr.
E. A. D. B., por la suma que estime la Suscripta de acuerdo a las
probanzas de autos y por el plazo de veintisiete años.

Refiere que con fecha 8 de septiembre de 1982 contrajo nupcias
con el demandado habiéndose decretado el divorcio el día 3 de mayo
de 2011, disolviéndose la comunidad con retroactividad a la
interposición de la demanda el día 23 de septiembre de 2009. Indica
que de dicha unión nacieron dos hijos, hoy mayores de edad.
Expresa que nunca pudo desarrollar su profesión de licenciada
en economía ya que se dedicó al cuidado del hogar, de sus hijos y de
la salud del demandado por sus problemas con el tabaco y con el
alcohol. Que la sede del hogar conyugal se estableció en el domicilio
paterno de la actora, del cual es propietaria en una cuarta parte por
transmisión hereditaria.
Refiere que el demandado nunca colaboró, o lo hizo
escasamente, con el cuidado de los hijos y el mantenimiento del
hogar, habiendo sido ella quien afrontó la totalidad de los gastos de la
familia, sacrificando los bienes recibidos por herencia de su primer
marido, de su padre y donaciones hechas por su madre. Indica que también proveyó la estancia vacacional en Punta del Este, donde la familia veraneaba habitualmente.
Señala que el accionado vivía y vive del alquiler de inmuebles
propios y ajenos, y que su situación patrimonial mejoró notoriamente
luego del divorcio, mejora que se encuentra unida inexorablemente a
la descapitalización de la actora.
Agrega que luego de 27 años de matrimonio el accionado la
abandonó cumplidos sus 60 años, edad en la que las mujeres obtienen
el beneficio jubilatorio, viéndose privada de ingresar al mercado
laboral.

A fs. 90/3 el Dr. A. N. P., apoderado del Sr. D. B., contesta
demanda. Afirma que el matrimonio y los hijos no le impidieron a la
actora crecer en lo profesional ni en lo comercial y que su
mandante aportó económicamente para todas sus
necesidades. Que la Sra. M. L. se considera socia del
demandado y que tiene participación en el crecimiento patrimonial
que aquél hubiera tenido luego de la separación. Indica que el
demandado recibió bienes por herencia de su madre, que la actora
omite señalar, lo que explica su importante crecimiento patrimonial.

II. Para poder decidir o determinar una posición adecuada en el
pleito, procederé a tratar las cuestiones expuestas en relación a la
prueba ofrecida y rendida en autos de acuerdo a los principios de la
sana crítica, de observancia obligatoria para la suscripta (art. 386 del
CPCCN).

A tenor de ello, debo resaltar primeramente –conforme lo
reiterado por nuestro más Alto Tribunal- que los jueces no estamos
obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las
partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean
relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222;
265:301; 272:225; etc.). En su mérito, no habré de seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones sino tan solo en aquellas
que sean conducentes para decidir este conflicto.
Asimismo, en sentido análogo, es dable destacar que tampoco
es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino
aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos:
144:611; 274:113; 280:3201; 333:526; 300:83; 302:676; 303:235;
307:1121; etc.), por lo tanto me inclinaré por las que produzcan mayor
convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la
causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses
Alonso llama “jurídicamente relevantes” (Aragoneses Alonso, Pedro,
Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, p. 971), o
“singularmente trascendentes” como los denomina Calamandrei
(Calamandrei, Piero, “La génesis lógica de la sentencia civil" en
Estudios sobre el proceso civil, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos
Aires, 1945, ps. 369 y ss.).
III. Tras la aclaración precedente, habré de abocarme al
tratamiento de la cuestión debatida en autos.
La compensación económica es una de las novedades que
introduce el Código Civil y Comercial (en adelante CCyC) entre los
efectos del divorcio.
Esta figura, regulada en los arts. 441 y 442 del citado
ordenamiento, encuentra antecedentes en el derecho comparado,
siendo reconocida tanto entre las legislaciones europeas (tal es el caso
de Francia, Italia, Dinamarca, Alemania, España, etc.) como en el
ámbito americano (lo que ocurre en Québec, El Salvador y en Chile).
Pero su fuente por excelencia es la solución prevista en el art. 97 del
Código Civil español, conforme la reforma introducida por la ley n°
15 de 2005, en cuanto dispone que “El cónyuge al que la separación o
el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la
posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación
anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en
una prestación única, según se determine en el convenio regulador o
en la sentencia…”.
Con similar –aunque no idéntico- alcance, el art. 441 del CCyC
prevé que “El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio
manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que
tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene
derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación
única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por
plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de
determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes
o decida el juez”.
El parecido entre ambas disposiciones -que reitero, presentan
también sus diferencias- permite capitalizar el debate suscitado en la
doctrina y la jurisprudencia española en cuanto a la naturaleza jurídica
de esta institución, dilema complejo que de hecho ha sido puesto de
resalto en los mismos fundamentos del Proyecto de Código. Allí se
afirma que la compensación económica encuentra su justificación en
el principio de solidaridad familiar, y que “presenta alguna semejanza
con otras instituciones del derecho civil, como los alimentos, la
indemnización por daños y perjuicios, o el enriquecimiento sin causa,
pero su especificidad exige diferenciarla de ellas. Aunque comparte
algunos elementos del esquema alimentario (se fija según las
necesidades del beneficiario y los recursos del otro), su finalidad y la
forma de cumplimiento es diferente. Se aleja de todo contenido
asistencial y de la noción de culpa/inocencia como elemento
determinante de su asignación. No importa cómo se llegó al divorcio,
sino cuáles son las consecuencias objetivas que el divorcio provoca.
Por estas razones se fija un plazo de caducidad para reclamarlas de
seis meses, computados desde el divorcio”.

Este mismo debate -como dije- se planteó en la doctrina y
jurisprudencia española, donde ha predominado la tendencia que
otorga a la pensión un carácter compensatorio/ resarcitorio (ver Roca,
Encarna, Familia y cambio social (De la “casa” a la persona), Civitas,
Madrid, 1999, ps. 141 y ss.; Pastor, Francisco, “Estudios doctrinales”,
en Revista de derecho de familia n° 28, Valladolid, 2005, p. 47;
Zarraluqui Sánchez- Eznarriaga, Luis, La pensión compensatoria de la
separación conyugal y el divorcio (naturaleza jurídica, determinación,
transmisión y extinción), Lex Nova, Valladolid, 2001, p. 142; etc.).
Así lo ha destacado Encarna Roca, tanto en su rol de doctrinaria
como en su cargo de magistrada del Tribunal Supremo español, al
resaltar que pese a la discrepancia de opiniones, la solución que se
impuso ha sido la de entender que se trata de una compensación. El
derecho a la pensión surge por las necesidades económicas
provocadas por el cese de la convivencia y el consiguiente divorcio
que implican la extinción del deber de socorro y asistencia mutua
impuestos por la ley. En este contexto, la jurista española concluye
que “la pensión por desequilibrio constituye una indemnización por la
pérdida de los costes de oportunidad alcanzados por un cónyuge
durante el matrimonio, que se extinguen como consecuencia del
divorcio: mientras era eficaz, el matrimonio enmascaraba esta pérdida
a través del deber de socorro: desaparecido el matrimonio, la pérdida
se manifiesta con toda su crudeza y por ello debe existir la
compensación”. Pero, también aclara, “La afirmación de que se trata
de un resarcimiento por daño objetivo en la ruptura no debe llevar a
entender que mi opinión es que la pensión tiene la naturaleza de la
responsabilidad civil; en definitiva, no se trata de una indemnización
en el sentido estricto del término puesto que el daño objetivo que
constituye su supuesto de hecho viene caracterizado por consistir en la
pérdida de expectativas de todo tipo que pertenecían al propio estatuto
del matrimonio y que desaparecen como consecuencia del divorcio”(Roca, Encarna, Familia y cambio social…, cit., ps. 141; 143; 147 y 187).
En definitiva, la naturaleza resarcitoria/ compensatoria de la
pensión española -con conclusiones extensibles a nuestro derecho- fue
recogida por la sala civil del Tribunal Supremo español en sendas
decisiones del 10/02/2005, el 5/11/2008 y el 10/03/2009,
reafirmándose en el precedente del 19/01/2010, que resumió la
siguiente doctrina: “Los criterios que esta Sala ha ido consolidando en
la interpretación del artículo 97 CC son los siguientes: a) la pensión
no es un mecanismo indemnizatorio…, y b) la pensión compensatoria
no constituye un mecanismo equilibrador de patrimonios de los
cónyuges... La pensión compensatoria es pues, una prestación
económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o
divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la
existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica
entre los cónyuges o ex cónyuges, -que ha de ser apreciado al tiempo
en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe
traer causa de la misma-, y el empeoramiento del que queda con
menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante
el matrimonio. Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la aparta
de la finalidad puramente indemnizatoria (entre otras razones, porque
el artículo 97 del Código Civil no contempla la culpabilidad del
esposo deudor como una de las incidencias determinantes de su
fijación), y del carácter estrictamente alimenticio que tendría si la
prestación viniera determinada por la situación de necesidad en que se
encontrara el cónyuge perceptor, lo que hace que esta Sala haya
admitido la compatibilidad de la pensión alimenticia y de la
compensatoria…” (STS 864/2010, publicada en
www.poderjudicial.es).
Tal como explicité, estas conclusiones son perfectamente
aplicables a nuestro derecho, donde se ha resaltado que la compensación económica presenta una naturaleza particular o sui generis, pues muestra semejanzas con instituciones como los
alimentos y los daños y perjuicios, pero no se confunde con ellas
(conf. Solari, Néstor E., “Las prestaciones compensatorias en el
Proyecto de Código”, DFyP 2012 (octubre), p. 4; Molina de Juan,
Mariel F., “Las compensaciones económicas en el divorcio”, RDF n°
59, 2013, p. 150; de la misma autora “Compensaciones económicas en
el divorcio. Una herramienta jurídica con perspectiva de género”,
RDF n° 57, 2012, ps. 187 y ss.; Pellegrini, María V., comentario al art.
441 en Kemelmajer de Carlucci, Aída- Herrera, Marisa- Lloveras,
Nora, Tratado de derecho de familia, t. I, Rubinzal- Culzoni, Sta. Fe.,
2014, ps. 412 y ss.; Rolleri, Gabriel G., “Observaciones sobre las
compensaciones económicas”, DFyP 2014 (octubre), p. 103;
Giovannetti, Patricia S., “Compensaciones económicas derivadas del
matrimonio y la unión convivencial”, DFyP 2017 (agosto), p. 51;
Martínez de Aguirre, Carlos, “La compensación por desequilibrio en
caso de divorcio”, DFyP 2018 (febrero), p. 31; etc.). Así lo entendió la
mayoría de la Comisión de Familia en las XXVI Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, celebradas en La Plata en 2017, al concluir que “la
naturaleza jurídica de la compensación económica es autónoma”
(conclusiones disponibles en http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.
edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/COMISION-N%C2%B0-
8.pdf y AR/DOC/2754/2017).
Desde otra perspectiva, también crítica a la posibilidad de
encuadrar esta figura en las instituciones conocidas en nuestro
derecho, se ha resaltado que la compensación económica puede
fundarse en la tesis del enriquecimiento injusto, poniéndose el foco en
el “empobrecimiento que sufre el cónyuge que se dedica al cuidado de
los hijos o del hogar durante la convivencia dejando de lado su
capacitación laboral, que requiere de una compensación por parte de
quien aprovechó las ‘tareas de cuidado’ y no debió aplicar su tiempo a realizarlas” (Medina Graciela, “Compensación económica en el
Proyecto de Código”, DFyP 2013, enero/febrero, p. 3).
En lo personal, coincido con quienes señalan que la
compensación económica tiene un fundamento resarcitorio basado en
la equidad (ver Fanzolato, Eduardo, Alimentos y reparaciones en la
separación y en el divorcio, Depalma, Bs. As, 1991, ps. 27 y ss.;
Sambrizzi, Eduardo A., “Las compensaciones económicas entre los
cónyuges en el Proyecto de Código Civil”, DFyP 2013 (diciembre), p.
30; del mismo autor, “La compensación económica en el divorcio.
Requisitos para su procedencia”, LL 21/11/2017, p. 1,
AR/DOC/256/2017; y Medina Graciela, “Compensación
económica…”, cit.). Pero este fundamento resarcitorio debe
distinguirse de la idea de indemnización propiamente dicha, pues en el
caso no existe una conducta del cónyuge deudor que resulte
objetivamente ilícita, ni mucho menos reprochable desde un
comportamiento subjetivo subsumible en el dolo o la culpa vinculado
con las causas de la ruptura de la relación. En efecto, a diferencia de
lo que ocurre en otros países del globo -como Francia o Chile- donde
las conductas de los cónyuges deben ponderarse a los fines de
determinar la procedencia y monto de la compensación, en nuestro
derecho -al igual que en el caso español- la figura debe interpretarse
en el marco de un sistema que recepta el divorcio incausado como
única posibilidad de legalizar la ruptura matrimonial. En este sentido,
la compensación se alza como un resarcimiento o corrección basada
estrictamente en un hecho o dato objetivo, cual es el desequilibrio
económico relevante entre los cónyuges o convivientes con causa
adecuada en la convivencia y su ruptura.
Esta corrección no resulta ajena -claro está- a la perspectiva de
género que el legislador ponderó en sendas disposiciones del CCyC,
pues la realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras
dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es compensar
esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la
parte más débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y
prepararse con el tiempo para competir en el mercado laboral. En este
sentido, la figura integraría una medida de acción positiva en los
términos previstos por el art. 3 de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando
determina que “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en
particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar
el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
Retomaré esta reflexión más adelante, por su incidencia particular en
el caso de autos.
En definitiva, y más allá de las disquisiciones que puedan surgir
en torno de la naturaleza jurídica de esta figura, no quiero dejar de
señalar por su relevancia la necesidad de distinguirla con los
alimentos, pues sus diferencias son sustanciales (ver al respecto Roca,
Encarna, Familia y cambio social…, cit., ps. 147 y ss.; Medina,
Graciela, Compensación económica…, cit., Pellegrini, María V.,
comentario al art. 441…, cit., ps. 432 y ss.; Molina de Juan, Mariel,
“Las compensaciones económicas…”, cit.; etc.).
En efecto, la compensación económica no se justifica en la
necesidad de quien la reclama -como ocurre con los alimentos- sino
en el desequilibrio objetivo causado por la ruptura. Como
consecuencia de ello, y por oposición al derecho alimentario, esta
compensación es renunciable y su pedido está sujeto a un plazo de
caducidad. Por otra parte, también en razón de su fundamento en la
necesidad, mientras los alimentos pueden modificarse en la medida en
que varían las circunstancias tenidas en cuenta al pactarlos o estipularlos judicialmente, la compensación es fija (cuestión que se refuerza en el derecho argentino, pues a diferencia de lo previsto por
el art. 100 del Código Civil español -que prevé causales de
modificación y extinción de la pensión- el CCyC no ha regulado la
posibilidad de decretar su cesación) sin perjuicio de que -pese al
silencio legal- si se establece en forma de renta puedan preverse
pautas de actualización para evitar su desvalorización como producto
del incremento del costo de vida. Desde otro ángulo, a diferencia de lo
que ocurre con los alimentos, a los que por su naturaleza asistencial
no pueden oponerse los límites de inembargabilidad de los salarios, la
compensación económica deberá someterse a esos parámetros. En fin,
mientras los alimentos no pueden bajo ningún concepto sufrir
deducciones impositivas, cabría preguntarse si la compensación
económica está gravada o no por el impuesto a las ganancias.
IV. Ahora bien, entre nuestros juristas, la compensación
económica regulada en el CCyC ha sido definida como la cantidad
periódica o prestación única que un cónyuge o conviviente debe
satisfacer a otro tras el divorcio o la finalización de la convivencia,
para compensar el desequilibrio padecido por un cónyuge o
conviviente (el acreedor), en relación con el otro cónyuge o
conviviente (el deudor), como consecuencia directa del divorcio o
finalización de la convivencia, que implique un empeoramiento en
relación con su anterior situación en el matrimonio o la convivencia
(conf. Medina Graciela, “Compensación económica…”, cit.). En esta
misma línea se ha dicho que se alza como un correctivo que pretende
evitar las injustas desigualdades que el divorcio o la ruptura de una
unión convivencial provocan como consecuencia de las diferentes
capacidades de obtener ingresos que se desarrollaron y consolidaron
durante la vida en común (conf. Molina de Juan, Mariel F., “Las
compensaciones económicas…”cit., p. 144). En definitiva, se trata de
un derecho para reclamar una compensación por parte del cónyuge o conviviente que ha sufrido un menoscabo como consecuencia de la
ruptura de la unión (Solari, Néstor E., “Las prestaciones
compensatorias…”, cit.).
Desde esta perspectiva, es evidente que la compensación
económica -como se recuerda en los citados Fundamentos del
Proyecto- se asienta sobre el principio de solidaridad familiar, cuya
raíz constitucional se encuentra en el art. 14 bis de la Carta Magna,
cuando alude a la “protección integral de la familia” (conf. Revsin,
Moira, “La compensación económica familiar en el nuevo régimen
civil”, RDF n° 69, 2015, p. 90 y ss.). Esta solidaridad, claro límite al
ejercicio irrestricto de la autonomía de la voluntad, implica un
compromiso y un deber hacia los restantes integrantes de la forma
familiar que como personas protagonizan, enlazándose el proyecto de
vida autorreferencial con la interacción que el mismo tiene respecto a
los otros proyectos de vida autorreferenciales, de los integrantes de
esta forma familiar (conf. Lloveras, Nora- Salomón, Marcelo, El
derecho de familia desde la Constitución Nacional, Universidad, Bs.
As., 2009, p. 116).
En este orden de razonamiento, bien se ha resaltado que la
finalidad de esta figura es morigerar desequilibrios económicos entre
los cónyuges o convivientes, inmediatamente después de extinguida la
relación, y que tengan su origen en el cese de la vida común. El
desequilibrio se evidencia con la capacidad económica o posibilidades
de acceso a ingresos que tendrán uno y otro luego de la separación,
buscándose que la brecha existente no sea injustificadamente amplia
(conf. Revsin, Moira, “La compensación económica…”, cit. Ver
también C. de Apel. Civ. y Com. de Junín, 25/10/2016, “G., M. A. c/
D. F., J. M. s/alimentos”, elDial.com - AA9AC9 y LL 28/04/2017, p.
4- AR/JUR/70956/2016).
El presupuesto esencial para otorgar la prestación
compensatoria radica, pues, en la desigualdad objetiva que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes
y después de la ruptura (Medina Graciela, “Compensación económica
en el Proyecto…”, cit.).
En este entendimiento, a falta de acuerdo de partes, y conforme
surge del art. 441 del CCyC, para la procedencia de la compensación,
la ley exige los siguientes requisitos o elementos: a) la existencia de
un desequilibrio manifiesto, en el sentido de relevante (conf.
Sambrizzi, Eduardo A., “Las compensaciones económicas…”, cit., p.
31), que implique una desigualdad en las posibilidades económicas y
de inserción en la vida laboral de uno de los cónyuges y que debe ser
apreciado al momento de la ruptura de la convivencia (conf. Molina
de Juan, Mariel F., “Las compensaciones económicas…”, cit.); b) que
ese desequilibrio signifique un empeoramiento de su situación
económica, lo que se traduce en un descenso en el nivel de vida
efectivamente gozado en el transcurso de la relación matrimonial, con
independencia de la situación de necesidad del acreedor (conf.
Medina, Graciela, “Compensación económica…”, cit., p. 4); y c) que
ello tenga causa adecuada en la convivencia y su ruptura, lo que
entraña que el matrimonio haya restado posibilidades de desarrollo
económico a uno de los miembros de la pareja a raíz de la distribución
de roles y funciones con motivo de la unión, y que además, en razón
de la ruptura haya sufrido el desequilibrio que requiere la norma en
análisis (conf. Sambrizzi, Eduardo A., “Las compensaciones
económicas…”, ps. 31 y 32).
Como bien se indica en los Fundamentos del Proyecto de
Código, “Al tratarse de una herramienta destinada a lograr un
equilibrio patrimonial, es necesario realizar un análisis comparativo
de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del
matrimonio y al momento de producirse el divorcio, esto es, obtener
una ‘fotografía’ del estado patrimonial de cada uno de ellos, y, ante un
eventual desequilibrio, proceder a su recomposición”. Es decir, no se  trata sólo de un análisis cuantitativo, porque lo relevante es el modo
en que incidió el matrimonio y el posterior divorcio en la
potencialidad de cada uno de los cónyuges para su desarrollo
económico (conf. Pellegrini, María V., comentario al art. 441…, cit.,
p. 426).
En este sentido, y siguiendo la experiencia del derecho español,
debo reiterar lo afirmado por la doctrina ibérica y reforzado por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo: la compensación económica no
puede concebirse como un instrumento jurídico de automática
nivelación de las diferentes capacidades pecuniarias de uno y otro
cónyuge que latente durante el matrimonio que vaya a activarse de
modo necesario al surgir la crisis convivencial sometida a regulación
judicial. No es un mecanismo igualador de economías dispares (STS
327/2010). Por el contrario, la finalidad fundamental de dicha
institución es la de ayudar al cónyuge beneficiario a alcanzar, si ello
fuere viable, aquel grado de autonomía económica de que hubiere
podido disfrutar, por su propio esfuerzo, de no haber mediado el
matrimonio, en cuanto el mismo, y la consiguiente dedicación a la
familia, haya supuesto un impedimento, u obstáculo, en su desarrollo
laboral o, en general, económico (conf. Pérez Martín, Antonio J.,
“Enfoque actual de la pensión compensatoria” http://www.
elderecho.com/civil/Enfoque-actual-pension-compensatoria_11_3105
55003.html).
Así lo ha resaltado el citado Tribunal Supremo en un fallo del
23/01/2012, al subrayar que la finalidad de la pensión compensatoria
“no es perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico
que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino
que su objeto es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de
aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que
pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el
de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar
el vínculo matrimonial. Y para este fin, es razonable entender… que el
desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida
de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del
cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su
mayor dedicación al cuidado de la familia, de manera que carece de
interés a tal efecto el desequilibrio cuyo origen no se encuentra en esa
mayor dedicación a la familia y a los hijos, inversamente proporcional
a la disponibilidad para estudiar y desarrollar una actividad
profesional, sino en la diferente aptitud, formación o cualificación
profesional de cada uno de los miembros de la pareja al margen de
aquella” (STS 1/2012, publicada en www.poderjudicial.es. En el
mismo sentido ver C. Civ. y Com. de Mercedes, 24/10/2017, “ G., S.
D. C. c/ C., R. L. s / acción de compensación económica”,
http://thomsonreuterslatam.com/2017/12/compensacion-economica-en
-el-divorcio-comparacion-de-la-situacion-patrimonial-de-cada-conyug
e).
Se trata en definitiva de una figura que busca atenuar el
desequilibrio entre ambos cónyuges, que pudo haberse mantenido
“oculto” o “compensado” durante la vida en común pero se hace
latente tras la ruptura (conf. Molina de Juan, Mariel, “Las
compensaciones económicas…”, cit.). Siendo así, esta institución
debe poner su acento en el futuro, en el sentido de contribuir al
autovalimiento del miembro más débil o vulnerable del matrimonio,
pero sin perder de vista el pasado, pues –como se dijo- el
desequilibrio del cónyuge debe haber tenido causa adecuada en el
matrimonio y en su ruptura. Para ello, deberá ponderar o cotejar la
situación de ambos esposos antes y después del divorcio, valorando
las circunstancias presentes y las futuras previsibles. En este sentido

es interesante la metáfora de la “fotografía” a la que se alude en los
Fundamentos del Proyecto.
V. A la vista de lo expuesto, como bien se ha resaltado en la
jurisprudencia española (ver STS, 1/2012, entre muchas otras), frente
al pedido de compensación económica, el juez debe ponderar tres
aspectos o cuestiones: a) si se ha producido desequilibrio manifiesto
que en los términos previstos por el art. 441 del CCyC justifica la
fijación de una compensación; b) cuál es la cuantía de la
compensación una vez determinada su existencia, y c) si corresponde
imponer un plazo de duración de la compensación o si se presenta el
caso excepcional de la fijación por tiempo indeterminado. Sobre este
último aspecto, se ha distinguido las situaciones más habituales donde
se advierte un desequilibrio coyuntural, de aquellas excepcionales
donde el desequilibrio es perpetuo o estructural. El primer supuesto
alude al desequilibrio que se supera con el paso del tiempo con una
normal implicación en quien lo experimenta, “se diría que las huellas
de la convivencia no llegan a ser tan profundas en el proyecto vital de
uno de los esposos que no puedan borrarse reemprendiendo,
transcurridos unos años, el camino que se abandonó para dedicarse a
la familia”. Por su parte, el desequilibrio es perpetuo cuando las
repercusiones que la convivencia produjo en la particular posición de
quien lo experimenta aniquilan cualquier expectativa de abrirse
camino por sí mismo y obtener sus propios recursos (conf. Medina,
Graciela, “Compensación económica…”, cit.).
A tales fines, el art. 442 del CCyC prevé toda una serie de
pautas orientadoras y no taxativas que los magistrados debemos tener
en consideración para la fijación de la compensación económica. En
estos términos, la norma reza: “A falta de acuerdo de los cónyuges en
el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el
monto de la compensación económica sobre la base de diversas
circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b) la
dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y
educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar
con posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de los
cónyuges y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de
acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación
económica; e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles,
industriales o profesionales del otro cónyuge; f) la atribución de la
vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o
un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon
locativo”.
Estas pautas encuentran también su fuente inmediata en el
derecho español, y como bien ha observado la propia doctrina y
jurisprudencia española, cumplen una doble función: por un lado,
justifican el alcance o monto y temporalidad de la compensación y,
por el otro, también sirven en definitiva para determinar o justificar la
procedencia de la compensación en sí misma.
Esta conclusión ha sido puesta de resalto en el derecho español
por la llamada tesis subjetivista, que se ha terminado por imponer a la
tesis objetivista, como bien se resume en el leading case del Tribunal
Supremo ya mencionado: “el artículo 97 CC ha dado lugar a dos
criterios en su interpretación y aplicación. La que se denomina tesis
objetivista, en cuya virtud, el desequilibrio afecta a un cónyuge
respecto al otro, determinando un deterioro con relación a la posición
mantenida durante el matrimonio por el cónyuge que va a resultar
acreedor de la pensión; según esta concepción del artículo 97 CC, las
circunstancias enumeradas en el párrafo segundo de dicho artículo
serían simplemente parámetros para valorar la cuantía de la pensión
ya determinada. La tesis subjetivista integra ambos párrafos y
considera que las circunstancias del artículo 97 CC determinan si
existe o no desequilibrio económico compensable por medio de la pensión del artículo 97 CC… La pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga
exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que
tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida
matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la
colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de
bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a
compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación
anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un
desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este
modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una
doble función: a) actúan como elementos integrantes del
desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de
cada una de las circunstancias, y b) una vez determinada la
concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán
fijar la cuantía de la pensión” (STS 864/2010, publicada en
www.poderjudicial.es).
Desde esta doble función, las pautas enunciadas en el art. 442 –
sobre las cuales me expediré más adelante a fin de ponderar la
situación de autos- se vinculan con los roles desarrollados por cada
uno de los cónyuges durante la vida matrimonial y la manera en que
ello ha incidido en la situación patrimonial resultante del quiebre.
VI. Tras desarrollar la naturaleza y alcances de la compensación
económica, corresponde que me expida acerca de su procedencia en el
presente caso, que presenta elementos particulares que ameritan una
consideración especial.
En primer lugar, cabe formular una salvedad en orden al tiempo
transcurrido desde la ruptura de la relación y el inicio de las presentes
actuaciones. Como surge de las constancias de los autos conexos n°
68.478/09, el matrimonio entre las partes se celebró el 8 de septiembre
de 1982, produciéndose la separación en mes de enero de 2009, por el abandono del hogar del demandado. En efecto, en dichos autos se
dictó sentencia con fecha 3 de mayo de 2011, decretando el divorcio
por culpa exclusiva del Sr. D. B. por la causal comprendida en el
art. 202 inc. 2° del Código Civil. La resolución que puso fin al
matrimonio, que ponderó las conductas de las partes durante la unión
-cuestión que de todos modos es ajena a la procedencia de la
compensación económica- fue dictada luego de transcurrido un
prolongado tiempo desde la interposición de la demanda, y más aún,
del cese de la convivencia. No obstante ello, recién tras la entrada en
vigencia del nuevo ordenamiento quedó habilitada la vía para solicitar
la compensación económica, posibilidad no prevista por el CC
derogado.

Aclaro esta circunstancia, puesto que se ha sostenido -con
criterio que como regla comparto- que la existencia de desequilibrio
económico debe ser ponderada al momento de la ruptura, y no luego
de haberse mantenido una situación prolongada de separación de
hecho (conf. Pellegrini, María V., comentario al art. 441, cit., p. 431).
En tal sentido, retomando la experiencia del derecho comparado, el
Tribunal español resolvió que “en principio, y salvo circunstancias
muy concretas de vinculación económica entre los cónyuges… no
existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de
ruptura conyugal. Se entiende que cada uno de ellos ha dispuesto de
medios propios de subsistencia y mal se puede argumentar por quien
la solicita que la separación o divorcio es determinante para él de un
empobrecimiento en su situación anterior al matrimonio, situación que
en el peor de los casos sería la misma, pero no agravada por la
ruptura” (STS 8302/2012, 17/12/2012, publicada en
www.poderjudicial.es).
Esta regla merece una excepción en el caso pues -como se dijo si bien el cese de convivencia de las partes se remonta al año 2009, recién a partir de la entrada en vigencia del CCyC, la actora pudo entablar la presente acción, cuya procedencia -en lo formal- fue admitida por la Excma. Cámara conforme resolución de fs. 170/172.
En este sentido, el tiempo transcurrido desde el cese de la convivencia
tiene un valor relativo que debe ser ponderado conforme los
elementos de autos y de los expedientes conexos.

En segundo término, y estrechamente relacionado con lo
anteriormente expuesto, corresponde señalar que tramitó entra las
partes la causa 30.101/12 sobre alimentos, en la cual con fecha 14 de
agosto de 2013 se dictó sentencia fijando una cuota alimentaria a
cargo del Sr. D. B. y favor de la Sra. M. L. de $10.000, con
fundamento en lo previsto por el art. 207 del Código derogado. Al
entrar en vigencia el actual CCyC, el accionado requirió el cese de su
obligación alimentaria, planteo que, rechazado por la Suscripta, fue
admitido por el Superior. Así, desde el mes de agosto de 2015 operó el
cese de la cuota de alimentos reconocida a favor de la actora (ver fs.
126/128, 289/291, 293/295, 296/304 y 312/317 del exp. 30.101/12).

Tal circunstancia permite reforzar el razonamiento anterior,
pues, como sostuve en la mentada resolución de los autos n°
30.101/12, más allá de la condición de inocencia de la aquí actora
declarada en la sentencia de divorcio, fue la ponderación de su
situación económica lo que justificó la fijación de una cuota
alimentaria a su favor.

Y es que aún frente a los reclamos de alimentos a favor del
cónyuge inocente, la doctrina y la jurisprudencia fueron descartando
la aplicación automática del art. 207 del derogado ordenamiento, y
condicionando la fijación de alimentos al criterio de necesidad del
alimentado (como de hecho surge de la sentencia dictada en los autos
conexos mencionados). En este entendimiento, se ha subrayado que
“en la actualidad surge como notoria la pérdida de protagonismo de la
culpa en materia de alimentos entre cónyuges; tendencia que se ha
profundizado notablemente en los últimos tiempos” (conf. Mizrahi, Mauricio L., “Los alimentos entre cónyuges divorciados por causales
objetivas. Desdoblamiento interpretativo del art. 209, CCiv.”, LL,
2009-B-1104). De ello dan cuenta los múltiples precedentes que han
desestimado la fijación de alimentos a favor del cónyuge inocente por
advertir una paridad en la situación patrimonial de ambos esposos o
que han limitado su quantum a lo indispensable para la subsistencia
del reclamante, quien debía probar que no tenía recursos propios
suficientes ni posibilidad de procurárselos. En tal sentido se advirtió
que “la ley no otorga al cónyuge inocente un derecho para vivir a
costa del culpable, cuando el que no dio causa a la ruptura
matrimonial tiene posibilidades efectivas y dignas de mantenerse”, de
modo que corresponde rechazar la solicitud alimentaria cuando quien
los pide no acredita la imposibilidad autoabastecerse (conf. CNCiv.,
sala J, 06/10/2011, “H., L.D.C. v./ B., E. s/alimentos”, sumario 21438;
ídem, sala C, 12/03/2012, “G., M. v. S., C. D.”,
www.abeledoperrot.com; etc.).
Todo ello me llevar a concluir que el transcurso del tiempo
desde la ruptura de la convivencia de los cónyuges hasta el inicio del
presente reclamo no obsta para decidir acerca de su procedencia,
criterio éste que surge de la resolución del Superior que habilitó la vía
judicial pese al cumplimiento del plazo de caducidad legal.

VII. A tenor de lo expuesto, corresponde analizar la prueba
producida en autos junto con las constancias que resultan de los
expedientes conexos para determinar si en el caso se presenta un
desequilibrio económico manifiesto que signifique un empeoramiento
de la situación de la Sra. M. L. con causa adecuada en el
matrimonio y su ruptura que, en los términos previstos por el art. 441
del CCyC, justifique la fijación de una compensación. Como se
anticipó, siguiendo la tesis subjetivista, para dilucidar o justificar la
procedencia de esta compensación tendré en cuenta también las pautas
enunciadas en el art. 442 del CCyC.

En este sentido, de las declaraciones de los testigos ofrecidos
por la actora, no impugnadas por el demandado, surge que la Sra.
M. L. atraviesa dificultades económicas desde el divorcio.
En efecto, las testigos K. y M. K., han referido que el
matrimonio gozaba de un buen pasar económico (una vida
“holgada”), que viajaban a Punta del Este asiduamente durante el
período de receso escolar de verano, entre los meses de diciembre y
febrero o marzo, cuestión que también surge del informe de la
Dirección Nacional de Migraciones obrante a fs. 319/343. Afirmaron
también las testigos que la familia residía en la casa familiar de la Sra.
M. L. sita en la calle República Árabe def Siria, y que siempre fue la
actora quien se ocupó del cuidado del hogar, de los niños, así como
del marido durante distintas afecciones de salud que ha
padecido. Indicaron que la acora nunca trabajó durante el matrimonio,
habiéndose dedicado al cuidado del hogar y crianza de sus hijos (ver
DVF reservado en sobre n° 378, actas de fs. 294 y 295).
Preguntadas las testigos acerca del nivel de vida de la actora
después del cese de la convivencia del matrimonio, respondieron que
luego de la separación de los esposos la actora recibió ayuda de sus
familiares, en especial de sus hijos, como así también de su madre,
expresando la testigo M. K. que el hijo mayor le comentó haber
vendido una propiedad y entregado el dinero a su madre, y la testigo
K. que le ha entregado dinero en dos oportunidades por la suma de
diez mil dólares. Señalaron asimismo que la actora regula o controla
mucho más los gastos que realiza en lo cotidiano, cuando antes no la
observaban hacerlo.
Por su parte, ambas testigos indican que la actora ha recibido
bienes tanto de la herencia de su padre como de su primer marido
(cuestión que surge de las actuaciones venidas ad effectum videndi et
probandi “M. E. C. s/ sucesión” y “V., J. A. s/ sucesión”), refiriendo la testigo K. que no le ha quedado
nada, que lo ha gastado viviendo.

Las dificultades económicas que atraviesa la Sra. M. L. desde la
separación del matrimonio surgen asimismo de la sentencia dictada
en el proceso de alimentos, mediante la cual -como se
anticipó- con fecha 14 de agosto de 2013 se fijó una cuota alimentaria
de $10.000 mensuales a favor de la actora y a pagar por su esposo
teniendo en consideración los roles desempeñados por ambos
cónyuges en el transcurso del matrimonio -sobre lo cual me expediré
seguidamente-, el nivel de vida que tenían durante la convivencia, y la
situación económica del demandado.

Si bien es cierto, como se reiteró a lo largo de los considerandos
anteriores, que los alimentos encuentran fundamento en la necesidad y
la compensación económica en el desequilibrio económico entre los
cónyuges, no lo es menos -como anticipé- que al fijarse una cuota
alimentaria a favor de la esposa y a pagar por su marido no sólo se ha
considerado la necesidad de la primera (circunstancia que habilitaría
la pretensión alimentaria contra otros obligados por relaciones de
parentesco), sino también la mejor fortuna del demandado en
comparación con la alimentada, lo que justificó la imposición de la
obligación en su persona. Claro está, la necesidad no presume el
desequilibrio, pero cuando esta necesidad se torna evidente
inmediatamente después de producida la separación de hecho del
matrimonio y se determina que la posición económica del cónyuge
obligado es ventajosa frente a la de la cónyuge requirente, el
desequilibrio es patente.

En definitiva, de la prueba ofrecida en estos autos y de las
constancias de los autos conexos, se desprende que desde el cese de la
convivencia conyugal la situación económica de la Sra. M-.L. se ha
visto gravemente desmejorada, mientras que el Sr. D. B. goza de un
buen pasar, lo que permite tener por acreditado el primer elemento indispensable para la procedencia de la compensación económica, cual es, el desequilibrio económico manifiesto o relevante
entre ambos cónyuges que implicó un empeoramiento de la situación
patrimonial de la actora.
Dicho esto, corresponde analizar si este desequilibrio
económico manifiesto existente al tiempo de la separación y que
subsiste en la actualidad, tuvo por causa adecuada el vínculo
matrimonial y su ruptura.
Para ello es necesario tener en consideración la situación
personal y patrimonial de ambos esposos durante la unión conyugal,
con especial referencia a los roles que cada uno desempeñaba en el
hogar o, como dispone el art. 442 inc. b) del CCyC, la dedicación que
cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los
hijos durante la convivencia. Esta pauta mantiene una estrecha
relación con la de la edad de la solicitante (art. 442 inc. c) y su
capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo (art. 442
inc. d).

El matrimonio en cuestión se celebró en el año 1982,
produciéndose el cese de la convivencia en el año 2009. Es decir, el
vínculo matrimonial de las partes perduró durante veintisiete años.
Pese a ser licenciada en economía, durante la convivencia la
Sra. M. L. se dedicó a las tareas domésticas y al cuidado de los
hijos del matrimonio y de un hijo de su matrimonio anterior. En
este sentido coinciden las declaraciones de los testigos K. y M. K.,
quienes expresan que la actora nunca trabajó durante el
matrimonio, dedicándose en forma exclusiva al cuidado del hogar y
los hijos, no contando con ayuda de una empleada doméstica.
Asimismo, indican que luego de establecerse por un tiempo en la
cuidad de Comodoro Rivadavia, la familia pasó a residir en la casa
familiar de la Sra. M. L., sita en la calle República Arabe de Siria,
ocupándose la nombrada de los gastos de manutención del hogar. Por otra parte, subrayaron que la familia veraneaba en la casa propiedad de la actora y su hijo en Punta del Este (ver DVF reservado
en sobre n° 378, actas de fs. 294 y 295).

De lo expuesto resulta que estamos ante una pareja conformada
durante veintisiete años que sostuvo un proyecto familiar sobre la
base de una división de roles tradicional por la cual el hombre
trabajaba y la mujer se dedicaba a las tareas domésticas y al cuidado
de los hijos, aportando además a la economía familiar bienes propios
(la vivienda familiar y la casa de veraneo) con cuyo uso se benefició
el demandado sin erogación alguna. En ese contexto, el desequilibrio
económico entre ambos emerge tras la ruptura del vínculo
matrimonial, observándose -como se analizará más adelante- que el
patrimonio de la Sra. M. L. se vio disminuido a lo largo del
matrimonio mientras que el del Sr. D. B. se incrementó.

Siendo así, como adelanté, la procedencia de la compensación
en este caso -y en muchos otros- debe examinarse desde la perspectiva
de género.
En efecto, existe una dicotomía central entre el mercado -que
estructura nuestras vidas productivas- y la familia -que estructura
nuestras vidas afectivas-. La libertad de mercado se basa en la
ideología igualitaria, combinada con una ética individualista; mientras
que la familia privada combina una ideología jerárquica con una ética
altruista. La interacción entre estas dos ideologías ha provocado una
reforma de la familia que parece excluir la jerarquía pero, en verdad,
crea una igualdad falsa que disimula las reales diferencias de poder
entre hombres y mujeres (conf. Olsen, Frances, “The Family and the
Market”, en Harvard Law Review, vol. 96, N° 7, p. 1497).
La dependencia económica de las esposas frente a sus maridos
es uno de los mecanismos centrales mediante los cuales se subordina a
las mujeres en la sociedad.

Pese a los indudables avances de las últimas décadas, en la
mayoría de las familias las mujeres todavía asumen principalmente la
carga de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, aun cuando
desempeñan alguna actividad externa (muchas veces subordinada a
aquéllas). Esta división el trabajo (explícita o implícita) puede
funcionar de manera adecuada en la medida en que responda a un
proyecto familiar común. Pero cuando sobrevive el divorcio, el
proyecto se frustra y el equilibrio se rompe. La cónyuge que tuvo
principalmente a su cargo las funciones domésticas se ve doblemente
sobrecargado: por un lado, asume casi exclusivamente la cotidianidad
de los hijos; por el otro, debe enfrentarse e interactuar con el mundo
exterior de manera más activa. En este nuevo contexto, sus
posibilidades de desempeñarse en tareas laborales en igualdad de
condiciones que su ex cónyuge se ven nuevamente postergadas. Y es
allí donde la figura de la compensación económica juega un papel
esencial: reequilibrar la situación dispar resultante del matrimonio y
su ruptura, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios, que
pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el
de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura en una situación de
potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto
de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial.

En definitiva, de las pruebas de autos se deduce que la división
de roles entre los cónyuges M. L. y D. B., basada en estereotipos
de género, encuentra causa adecuada en el matrimonio y provoca
que tras su ruptura la posición económica de la mujer sea
claramente inferior a la del hombre, y su capacitación laboral y
posibilidad del acceso al empleo resulte escasa, máxime teniendo en
cuenta que la Sra. M. L. cuenta en la actualidad con 70 años.

Además de lo expresado, he de analizar especialmente el estado
patrimonial de los cónyuges al inicio y finalización del matrimonio,
conforme la pauta prevista por el art. 442 del CCyC en su inciso a),

como un elemento más a los fines de determinar la procedencia de la
compensación económica y definir su modalidad y cuantía.
Es claro que la compensación económica es una institución
ajena al tipo de régimen patrimonial por el cual hayan optado las
partes, pues si bien el desequilibrio suele estar más presente en el
régimen de separación de bienes, nada obsta a que se produzca en el
marco de un régimen de comunidad, aun cuando en este último
supuesto, decretado el divorcio, ambos cónyuges tengan derecho a la
mitad de todo lo adquirido durante la vida matrimonial. De hecho, se
cuenta con precedentes jurisprudenciales en los cuales se dispuso una
compensación pese a la existencia de bienes gananciales (ver C. de
Apel. Civ. y Com. de Junín, 25/10/2016, “G., M. A. c/ D. F., J. M.
s/alimentos”, elDial.com - AA9AC9 y LL 28/04/2017, p. 4-
AR/JUR/70956/2016).
Al respecto, se ha dicho que “realizando una interpretación
integral de todas las pautas de fijación, es decir, todos los incisos -del
art. 442- corresponde precisar que ‘estado patrimonial’ no se refiere
sólo a los activos o pasivos que pudieran presentarse en los
patrimonios de cada uno de los cónyuges, sino fundamentalmente a la
capacidad o potencialidad de generar recursos económicos o incluso
conservar los activos económicos que pudieran existir. De allí que no
es determinante el régimen patrimonial en el cual se hubiera
desarrollado el matrimonio, porque aun dentro del sistema de
comunidad podría suceder que los activos fueran insuficientes para
generar recursos económicos para el cónyuge más dependiente; o
incluso que las necesidades de subsistencia consuman dichos activos,
sin posibilidades de generar nuevos recursos, a diferencia del otro
cónyuge que cuenta con la capacidad económica de generar recursos,
sea para nuevas adquisiciones o para conservar la intangibilidad de los
que ya tuviera” (conf. Pellegrini, María V., comentario al art. 441, cit.,
p. 468)

En el caso de autos, -sin entrar en el análisis de la liquidación
de la comunidad de bienes, cuyo expediente se encuentra en etapa
probatoria-, de la prueba producida en estas actuaciones surge la
evolución patrimonial de los cónyuges a lo largo del matrimonio y
con posterioridad a su cese. Considerando especialmente la pericia
contable, de ella se desprende que en el año 1982 la actora poseía un
patrimonio de $5.572.159.492, en el año 2009 de $177.916,64 y en el
año 2017 de $ 426.040,44. Por su parte, el Sr. Dios Bretal en el año
1995 poseía un patrimonio de $497.398,08, en el año 2009 de
$2.662.214,30 y en el año 2016 de $11.317.838,76 (informe de fs.
699/701). He de considerar asimismo el crédito que posee el
demandado con la empresa Frávega conforme lo informado a fs. 310,
629/30 y 643 por la suma de U$S1.813.000, y que no ha sido incluido
en las declaraciones juradas en las que se ha basado la pericia
contable, según indica el experto a fs. 712/715. También se encuentra
agregada en autos la informativa dirigida a AFIP (fs. 372/392,
420/480, 589/628, 644/661, 669/681).
De dicha pericia y los informes obrantes en el expediente surge
claramente que la situación patrimonial de la actora se ha visto
considerablemente desmejorada en el transcurso del matrimonio y a
su cese, mientras que la del Sr. Dios Bretal mejoró. Dicha evolución
patrimonial, sumada a la distribución de roles durante el matrimonio,
así como el aporte de bienes realizado por la actora en su vigencia,
demuestra la situación desigual en la que se encuentran las partes, en
desmedro de la actora.
Por todas estas consideraciones, y sin perjuicio de los
eventuales derechos de la Sra. M. L. en la liquidación de la
comunidad de bienes, entiendo que en el caso se presenta un
desequilibrio económico manifiesto que significa un empeoramiento
de la situación de la actora con causa adecuada en el matrimonio y su ruptura que justifica la fijación de una compensación económica a su
favor.
VIII. Por último, en cuanto a la forma y alcance de la
compensación económica, como anticipé, el art. 441 del CCyC prevé
que puede consistir en una prestación única o en una renta por tiempo
determinado o, excepcionalmente, indeterminado.
En el caso de autos, la actora no estima un monto en su
demanda por no existir aún criterio jurisprudencial aplicable, atento la
novedad de la figura. Sólo reclama que se fije una compensación por
el plazo de veintisiete años, plazo de duración del matrimonio.
La fijación de la cuantía y extensión de la compensación
económica es uno de los aspectos más complejos que se derivan de la
regulación de esta figura. Ello en tanto no existe disposición legal
alguna que establezca reglas de cálculo. Los arts. 442 y 525 del CCyC
(este último aplicable al caso de las uniones convivenciales) no
definen criterios objetivos a tales fines, como sí lo hace el art. 1746
del mismo ordenamiento para las indemnizaciones por lesiones o
incapacidad física o psíquica. Por el contrario, las citadas normas
contienen enunciados generales que indican circunstancias personales
o familiares y funcionan sólo como guías o pautas para su
cuantificación (conf. Pellegrini, María V., “Dos preguntas inquietantes
sobre la compensación económica”, RCCyC 2017 (marzo), p. 28).
Siguiendo a Molina de Juan, frente al vacío legal, la
determinación del monto de la compensación económica puede
realizarse empleando distintos métodos de cálculo: a) objetivos; b) de
ponderación de factores subjetivos; y c) mixtos, es decir, que
combinan ambos sistemas.
Entre los métodos de cálculo objetivos se encuentran las tablas
o baremos y las fórmulas matemáticas. Los baremos se emplean en
algunos países como mecanismos para homogeneizar las decisiones
judiciales; permiten tasar la prueba con el objeto de reducir la dispersión en los montos y ofrecer soluciones preestablecidas, objetivas y apriorísticas.
Por su parte, las fórmulas matemáticas persiguen obtener un
resultado numérico traduciendo una serie de datos fácticos y jurídicos
a lenguaje simbólico. Así, por ejemplo, cierta jurisprudencia chilena
ha realizado los siguientes pasos: 1) determina el valor del trabajo
efectuado sin remuneración (servicio doméstico) más el costo
alternativo, es decir, aquello que se sacrificó por dedicarse al cuidado
del hogar y/o de los hijos (suma X); 2) multiplica la suma X por doce
meses y su resultado por los años de duración del matrimonio o la
unión; y 3) deduce de dicha cantidad el 13% equivalente a la
cotización obligatoria por concepto de jubilación. En Francia, la
doctrina ha desarrollado dos métodos diferentes: el simplificado, que
prescinde de considerar los derechos de retiro (jubilación) y parte de
comparar la capacidad de ahorro de cada uno de los cónyuges,
teniendo en cuenta las ganancias del trabajo (que pondera aplicando
coeficientes de precariedad laboral); y el del capital (rentas). En
ambos casos, las proyecta en forma anual. A esta capacidad de ahorro
la extiende por ocho años (conforme una pauta que surge del art. 275
del Código Civil francés). Obtenida esa base de “prestación
compensatoria teórica”, le aplica una serie de coeficientes correctores
(edad, número de hijos, duración del matrimonio). El método
completo computa también los datos de la jubilación o retiro de
ambos cónyuges (conf. Molina de Juan, Mariel F., Compensación
económica. Teoría y práctica, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2018, ps.
205 y ss.).
En nuestro país, Irigoyen Testa presentó una fórmula destinada
a servir como método auxiliar de cálculo de la compensación
económica con base en la matemática financiera. Según este autor, el
monto de la compensación económica es igual a MC: C – D – V. La
variable “C” se refiere al valor de pérdida de chance de mayores ingresos a causa del matrimonio. Representa la falta de capacidad laboral y la dificultad de acceder a un mejor empleo, que debe
calcularse en valores presentes aplicando las fórmulas de la
matemática financiera. Se toman como variables la renta (mayores
ingresos frustrados) por cada período (anual o mensual), la tasa de
descuento decimalizada (rentabilidad que el acreedor tendría por
sobre la inflación) y el número de períodos para el cálculo de la
pérdida de chances (por ejemplo, el período en el cual puede obtener
una capacitación). Este último término no se relaciona con los años de
duración del matrimonio, aunque sí puede reflejar la expectativa de
vida cuando no existen posibilidades de que la persona reingrese al
mercado laboral. La variable “D” se refiere a la diferencia patrimonial
relativa a la finalización del matrimonio, en consonancia con lo
dispuesto por el primer inciso de los arts. 442 y 525 del CCyC. Por su
parte, la variable “V” comprende el valor presente del equivalente
económico por la atribución de la vivienda familiar, que tiene un
sentido negativo, es decir, la suma que arroja esta variable se resta.
Para su cálculo, el autor también recurre al auxilio de la fórmula de la
matemática financiera (conf. Irigoyen Testa, Matías, “Fórmulas para
la compensación económica por divorcio o cese de convivencia”,
RCCyC 2015, diciembre, p. 299).
Para Mizrahi, el monto de la compensación económica debe
fijarse acudiendo a la noción de la “pérdida de chance” propia del
derecho de daños. Así, sostiene que “para accederse a la demanda,
tenemos que estar ante una chance seria; la que tiene lugar cuando
existe una marcada posibilidad, con visos de razonabilidad o
fundabilidad, de haber logrado lo que se reclama, evitando el perjuicio
invocado. Tiene que producirse, en consecuencia, una efectiva pérdida
de la oportunidad de lograr un beneficio”. Según este autor “cuando lo
truncado es una probabilidad suficiente, lo que corresponde
compensar es la chance misma y no la ganancia o pérdida que era su objeto; a cuyo fin el juez ha de contemplar la mayor o menor probabilidad de que esa chance se convierta en cierta. Lo dicho
comporta decir, pues, que la suma a pagar en ningún caso ha de tener
el alcance que la identifique con el beneficio perdido, ya que —si
mediara tal identificación— se estaría compensando la ganancia
frustrada o la pérdida generada, y no la probabilidad de lograrla o de
evitarla, que hace a la esencia de la chance”. Con relación al monto de
condena por la chance perdida, “no es admisible… que el juez
proceda a sumar los salarios que la reclamante dejó de ganar durante
una determinada cantidad de años y ordene pagar el resultado que
arroje, sino que —de modo distinto— solo tiene que aplicar un
porcentaje sobre las sumas que obtenga a la luz del mentado cálculo y
según el grado de probabilidad suficiente que estima probado.
Recordemos que, de lo contrario, no se estaría compensando la
pérdida de la chance, sino que, directamente, se dispondría
judicialmente que se condene a abonar el total del beneficio que se
reclama como perdido; lo cual sería improcedente” (Mizrahi,
Mauricio L., Divorcio, alimentos y compensación económica, Astrea,
Buenos Aires, 2018, ps. 176/177 y, del mismo autor, “Compensación
económica. Pautas, cálculo, mutabilidad, acuerdos y caducidad”, LL
06/08/2018, p. 1, Cita Online: AR/DOC/1489/2018).
Un intento de aplicar un método objetivo se observa en el fallo
del Juzgado de Familia de Paso de los Libres, del 06/07/2017, donde
se resolvió que “a los fines de cuantificar la compensación de manera
razonable y sin desviar la finalidad tenida en cuenta en la solicitud y
aplicación de este instituto jurídico… tomaré como base, la suma que
resulte de un Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual conforme
Resolución N° 3-E/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil dependiente del
Ministerio de Trabajado, Empleo y Seguridad Social, art. 1°) inc. a)
que modifica, a partir del 1° de Julio de 2017, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, se incrementa a la fecha en la suma de Pesos Ocho Mil Ochocientos Sesenta $ 8.860, lo cual multiplicaré por los años que le
restan de vida laboral a la Sra. L., para así sopesar en un porcentaje
del 10 % del total arribado, el desequilibrio patrimonial que tuvo
como causa el matrimonio, ($ 8.860 x 12 meses = $ 106.320 x 18 años
(65 años-47 años) = 1.913.760 = 10 % = $ 191.376” (Juzg. Fam. Paso
de los Libres, 06/07/2017, “L., J. A. c/ L., A. M. s/ divorcio - incidente
de compensación económica”, RC J 4410/17).
Analizados estos ensayos, pese a las notables buenas
intenciones de aportar mayor seguridad jurídica en la materia, no
parece posible su aplicación en el caso de autos. La razón es evidente:
las fórmulas propuestas por la doctrina extranjera y nacional y alguna
jurisprudencia contienen componentes de difícil determinación a los
que, además, resulta imposible arribar conforme la prueba producida
en estas actuaciones.
Es que el empleo de estas fórmulas en el caso de la
compensación económica se tropieza con mayores dificultades que las
que se presentan en el derecho de daños, donde se manejan datos
objetivamente determinables (tales como la edad, la expectativa de
vida, el salario).
En la compensación económica, es dudosa la posibilidad de
computar de modo objetivo supuestos fácticos sumamente variables,
tal como ocurre, por ejemplo, con el aporte económico que realiza
quien se ocupa de las tareas domésticas y/o del cuidado de los hijos,
que no tendrá el mismo valor numérico si -como en el caso de autosquien lo realizó es una mujer profesional que resignó su desarrollo
para ocuparse de estos quehaceres, que si la persona no tenía
formación alguna, ni abandonó su empleo para cumplir esas tareas
(conf. Molina de Juan, Mariel F., Compensación económica…, cit., p.
219).

Por otra parte, reducir la función de una mujer que se dedica a
las tareas del hogar y al cuidado de sus hijos a la del servicio
doméstico resulta simplista e incluso ofensivo, si se advierte que
dichas tareas no se ejercen en el marco de una jornada laboral sino
que se desarrollan en forma permanente.
Como bien se ha dicho “El problema que se presenta con la CE
es que son muchos los factores fácticos que inciden para su
determinación y cuantificación, y resulta muy dificultoso reducir la
compleja realidad que contempla, con tantas variables, en una fórmula
matemática. Es que si bien es cierto que la matemática atraviesa a la
persona, no la abarca en toda su dimensión” (Beccar Varela, Andrés,
“El difícil arte de cuantificar la compensación económica”,
AP/DOC/18/2018).
En síntesis, la dificultad de emplear fórmulas matemáticas
objetivas para el cómputo de la compensación económica me inclinan
por la utilización de un método de cálculo global producto de la
ponderación de las circunstancias subjetivas que surgen del caso
concreto.
Este método, defendido por sendos autores, propone sujetar la
decisión a la discrecionalidad del juez para que, conforme sus criterios
y convicciones, determine la suma que habrá de pagarse. Esta
discrecionalidad no implica arbitrariedad en tanto en la sentencia se
individualicen las variables utilizadas conforme las pautas legales
(conf. Molina de Juan, Mariel F., Compensación económica…, cit., p.
220; Beccar Varela, Andrés, “El difícil arte de cuantificar la
compensación económica”, cit.; etc.).
En este entendimiento, para la fijación de la cuantía y extensión
de la compensación tendré en cuenta los parámetros ya explicitados
en el anterior considerando, previstos en el art. 442 del CCyC, en
orden al estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a
la finalización de la vida matrimonial, en especial, el aporte de bienes propios realizado por la actora al ingresar al matrimonio, muchos de los cuales se fueron consumiendo durante el matrimonio (me remito a la pericia contable ya descripta); la dedicación que la Sra. M. L.
brindó a su cónyuge y a la crianza y educación de los hijos; la
resignación del progreso en su carrera profesional por tal
circunstancia; su edad; la dificultad de acceder a un empleo pese a su
capacitación laboral en razón precisamente de su edad; la extensión de
la unión matrimonial por veintisiete años; y el uso de la vivienda que
fuera sede del hogar conyugal, aportada en forma exclusiva por la
actora. Con relación a este último aspecto, debo advertir que de la
pericia obrante a fs. 316 surge que el valor locativo mensual del
departamento en cuestión asciende en la actualidad a la suma de
$45.000 mensuales.

Por otra parte, tendré en consideración los recursos y
disponibilidades con que cuenta el demandado a tenor de lo que surge
de la pericia contable y de los autos conexos sobre liquidación de la
comunidad de bienes, apreciando prudencialmente la cuantificación
de la acreencia de la reclamante, ya que -como dije- además de no
regir en la especie la regla de reparación plena o integral hasta las
fórmulas que se han ensayado entiendo que no es posible prescindir
del tinte netamente subjetivo inherente a la visualización de todo tipo
de chances, al mensurar sus factores (conf. C. de Apel. Civ. y Com. de
Junín, 25/10/2016, “G., M. A. c/ D. F., J. M. s/alimentos”, elDial.com
- AA9AC9 y LL 28/04/2017, p. 4- AR/JUR/70956/2016).
En este sentido, apreciando las circunstancias personales y
situación patrimonial de las partes, y los eventuales derechos de la
actora en la liquidación de la comunidad de bienes, estimo prudente
fijar la compensación económica en favor de la Sra. M. L. en la suma
única de ocho millones de pesos ($8.000.000); suma que
entiendo razonable a fin de reequilibrar la situación económica dispar
de los cónyuges resultante del matrimonio y su ruptura.

Por todo lo expuesto, RESUELVO: I) Hacer lugar a la
demanda. En consecuencia, fijar una compensación económica en
favor de la Sra. N. E. M. L. en la suma única de ocho millones de
pesos ($8.000.000); II) Con costas al vencido (arts. 68 y 69, CPCC).
En consecuencia, de conformidad con lo resuelto por la Suprema
Corte de Justicia en autos “Establecimiento Las Marías
S.A.C.I.F.A. c/ Misiones Provincia s/ acción declarativa” (CSJ
32/2009 45-E/CS1) y prescripto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 19, 39 y
concordantes de la ley nº 21.839, regúlense los honorarios de la Dra.
Laura Gabriela Carranza Acuña, en su carácter de letrada de la parte
actora, en la suma de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000); los
del Dr. Aníbal Norberto Piaggio, en su carácter de letrado apoderado
del demandado y por su actuación hasta fs. 133, en la suma de pesos
trescientos cincuenta mil ($350.000) y los del Dr. Alberto Gaspar
Mario Spota, en su carácter de letrado patrocinante de la parte
demandada y por su actuación desde fs. 136, en la suma de pesos
trescientos mil ($300.000); del perito contable Jorge Antonio Mundani
Vegega, en la suma de pesos ochenta mil ($80.000); y del perito
arquitecto Marcelo Jorge Moreno, en la suma de pesos treinta mil
($30.000) (conf. art. 478, CPCC); III) Notifíquese, regístrese y
oportunamente archívense las actuaciones.-

 

Texto completo del Fallo de Cámara de Apelaciones:

CAMARA CIVIL - SALA I
Expte. n° 4594/2016 (J.92)
Autos: “M. L., N. E. c. D. B., E. A. s/ fijación de
compensación”
Buenos Aires, mayo 31 de 2019
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Contra lo decidido a fs. 733/750 apelaron el demandado a fs.
755 y la actora a fs. 759. Los recursos se fundaron a fs. 765/768 y fs.
770/781, cuyos traslados se contestaron a fs. 783/789 y fs. 794/795.
En tales términos corresponde que el Tribunal se expida al respecto.
II. Los agravios
a) La actora cuestiona que la juez a quo haya omitido ponderar
los cuidados que le brindó a su ex esposo y el aporte de la vivienda
vacacional. También que no se haya computado el valor locativo de la
vivienda de República Árabe Siria, así como el pago de las expensas y
otros gastos vinculados al inmueble. Refiere a su vez que el crédito
que el contrario posee en Frávega S.A. devenga intereses, que no
fueron tenidos en cuenta.
b) Por su lado, el demandado cuestiona que la juez de grado
haya fundado la sentencia en hechos no probados, que no se ajustan a
la verdad, como también que no tuvo en cuenta pruebas y/o
constancias existentes en este incidente.
Tras ello, en el punto 3, identificados entre los apartados a) y
m), puntualizó los aspectos de la decisión que serían objeto de
agravios y, en tal sentido destacó lo siguiente: a) que la sentenciante
realizó una evaluación parcial de la prueba testimonial; b) que tomó
los valores indicados en la pericia contable que no son reales y que
surgen de las declaraciones ante la AFIP y balances del Calafate S.A.;
c) la consideración del inmueble de Punta del Este como bien propio;
d) que no se tuviera en cuenta la falacia de la actora cuando hizo
mención de su patrimonio; e) el tiempo transcurrido desde la ruptura
de la convivencia y la fecha del reclamo de autos; f) haberse reputado
como gananciales las rentas de sus bienes propios; g) que se hubiera
sostenido que no solventó los gastos de la sociedad conyugal y la
convivencia familiar; h) la afirmación de que la actora haya aportado
a la economía familiar bienes propios cuyo uso lo habría beneficiado;
i) la afirmación de que la situación de la actora haya desmejorado con
el cese de la convivencia, en contraposición a su situación ; j) que la
actora hubiera resignado el progreso de su carrera profesional; i) el
monto excesivo de la compensación económica y m) que la sentencia
no es una decisión razonablemente fundada.
III. La solución
Ante todo, debe destacarse que la Sra. Juez de la instancia de
grado ha efectuado un meduloso estudio de esta figura que introdujo
el Código Civil y Comercial de la Nación. Incluso, el abordaje del
conflicto desde la perspectiva de género no ha hecho más que
enriquecer el debate planteado en el expediente. Por lo tanto, al
encontrarse debidamente fundado todo lo concerniente a la naturaleza
jurídica y al modo de cuantificación, este colegiado se ve eximido de
formular nuevas consideraciones a efectos de evitar repeticiones
innecesarias.
Lo segundo que quiere mencionarse es que, a pesar que se
encuentra pendiente de resolución la liquidación de la sociedad
conyugal, ninguna de las partes objetó la oportunidad en que se dictó
el pronunciamiento en crisis, por lo que ante la ausencia de crítica en
ese sentido corresponde entonces abocarse al examen de las quejas
vertidas.
a) Con relación a los cuestionamientos formulados por la
accionante en el memorial de agravios se dirá que –en líneas
generales- no logran rebatir los sólidos fundamentos expuestos en la
anterior instancia. Es más, varias de las manifestaciones vertidas
reflejan una clara coincidencia con lo decidido.
Las sentenciante explicitó minuciosamente –como se dijo – que
en estos supuestos se trata de ponderar el desequilibrio que provocó a
quien reclama la ruptura de la vida en común, y que si bien la
compensación económica presenta semejanzas con otras instituciones,
como los daños y perjuicios y los alimentos –por ejemplo-, no se
confunde con éstos.
Así, al exponerse los parámetros que se tuvieron en cuenta para
la fijación y extensión de esa compensación, se advierte que lo que
subyace es la idea de que no corresponde la aplicación de fórmulas
matemáticas rígidas frente a supuestos en que como el caso de autos
no se advierten parámetros de los que tales cálculos pudieran partir.
Por ello se optó por el método de cálculo global producto de la
ponderación de las circunstancias subjetivas que arroja el caso
concreto.
De allí que sujetar la cuenta al valor locativo del inmueble o a
otras variables como el pago de expensas e impuestos no resulta
procedente. En igual sentido debe concluirse respecto del pedido del
cómputo de intereses del crédito que mantiene el demandado con
Frávega S.A.
Es que más allá que no se objetó el método en sí mismo no
puede perderse de vista que lo que se intenta atenuar es el
desequilibrio y no obtener como resultado un cálculo cuantitativo en
base a variables que aparecen rígidas sin mayores fundamentos.
De todos modos, no deja de mencionarse que en aras de
ponderar aquéllas circunstancias que permitieron en el caso formular
una estimación, la juez a quo evaluó tanto la prueba pericial contable
como la informativa, que arrojan datos precisos y dan una acabada
idea de la evaluación de los patrimonios.
A esta altura, al no haberse logrado demostrar cuál ha sido el
error de hecho o de derecho en el que pudo haber incurrido aquélla,
las críticas no podrán progresar.
b) En lo que hace a las quejas del demandado, en la oportunidad
de fundar los agravios lo señalado bajo el apartado a) no mereció
ningún desarrollo. De allí que la mención de que la juez a quo realizó
una evaluación parcial de la prueba testimonial que debería haber
descalificado, no alcanza a configurar la crítica concreta y razonada
(art. 266 CPCC), por lo que se desestima tal argumento.
Lo mismo ocurre con el apartado d) pues la única afirmación de
que la sentenciante no tuvo en cuenta la falacia de la actora cuando
hizo referencia a su patrimonio, no conduce a ningún resultado y deja
a la queja vacía de contenido.
En lo que hace al apartado e) en el que se afirma que la juez a
quo no evaluó el tiempo transcurrido desde la ruptura de la
convivencia y la fecha del reclamo, la queja no tiene asidero alguno a
poco que se repare en el tratamiento concreto de ese aspecto en el
considerando VI) de la decisión apelada y a los fundamentos allí
expuestos.
Los asuntos mencionados bajo los apartados h) e i) son
formulaciones que, por su generalidad, no permiten formar convicción
en el sentido pretendido.
Por último, los apartados k), l) y m) también son enunciados
que reflejan el punto de vista del apelante mas no logran modificar la
sentencia en estos aspectos.
En relación a los agravios formulados bajo los puntos 5.1. y 5.2
(apartados f y c) cabe expresar que todo lo relativo al carácter de los
bienes, es decir si son propios o gananciales, no es una discusión que
deba darse en este expediente, lo que sería prematuro. Prueba de ello
es que, con criterio que se comparte, la anterior magistrada no
puntualizó sobre esas cuestiones por encontrarse pendiente de
resolución el juicio seguido entre las mismas partes sobre liquidación
de la sociedad conyugal.
De la lectura de la sentencia surge que a los fines de determinar
sien el caso se presentó un desequilibrio económico que diese lugar a
la compensación económica, se tuvieron en cuenta varios elementos
de convicción. Uno de ellos fue la fijación- en el mes de agosto de
2013- de una cuota alimentaria de $10.000 mensuales a favor de la
actora y a pagar por el apelante. La importancia de este punto reside
en que, por un lado, quedaría demostrado que la actora atravesó
dificultades económicas desde la separación y, por el otro, las
posibilidades del demandado de afrontar su pago, por encontrarse éste
en mejores condiciones que la primera. Es indiferente el hecho de que
ello se hubiera interrumpido a partir de la sanción del nuevo
ordenamiento de fondo (ver fs. 126/128, 289/291, 293/295, 296/304 y
312/317 del exp. 30.101/12), pues lo importante es verificar en qué
situación quedó la actora luego de la ruptura del vínculo matrimonial.
En relación a que la familia veraneaba en Punta del Este, en la
casa de propiedad de la actora y del hijo de ésta -de su primer
matrimonio-, de dicha afirmación no se desprende que se hubiera
confundido la titularidad del bien con su carácter, es decir si se trata
de un bien propio o ganancial, conclusión que a la postre resultaría
prematura, pues –como se dijo- lo relativo a ese asunto debe dirimirse
en el marco del expediente sobre liquidación de la sociedad conyugal,
quedando descartado este aspecto de la queja.
Respecto del alquiler del inmueble de la calle San Martín de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, la juez a quo consideró que el
demandado posee un crédito con la empresa Frávega S.A., pero
ninguna consideración efectuó en el sentido que le enrostra el
demandado. Por otra parte, las manifestaciones vertidas en torno al
monto al que asciende dicho canon no son idóneas para modificar la
decisión a poco que se repare que lo que se evaluó son las constancias
objetivas agregadas a fs. 310, fs. 629/30 y fs. 643, que arrojan luz a la
cuestión y no se encuentran controvertidas por elementos de similar
envergadura.
El apelante hace alusión al detalle de pagos informado por
dicha empresa, obrante a fs. 36/129 de los autos sobre medidas
precautorias (N° 60091/2009), que se tiene a la vista para este acto.
Sin embargo, lo que allí se detalla son las retenciones que se habrían
realizado sobre los alquileres en el período abarcado, cuestión
diferente a lo que surge de fs. 629 donde la citada sociedad informó la
suma de dinero que le adeudaría al apelante, sin ninguna distinción y
menos en la línea que pretende el apelante, con lo cual es dable
suponer al único efecto de decidir sobre el pedido en estudio que a esa
fecha el importe total adeudado es el que allí se consignó.
En relación a los años de convivencia -27 años- D. B. denuncia
que las partes estuvieron separadas de hecho desde diciembre de 1990
hasta el año 1999. Esta circunstancia -de que las partes hayan estado
separadas de hecho durante algún tiempo-, no puede alterar el estado
de situación, menos cuando el apelante no explicitó de qué modo ello
podría incidir en el caso de autos.
Además, al cabo de cierto tiempo, los entonces cónyuges se
reconciliaron y volvieron a convivir, borrando los efectos de lo
primero, hasta que el año 2009 se produjo el retiro definitivo del
demandado del hogar conyugal, sobreviniendo con posterioridad el
divorcio decretado por la culpa exclusiva del apelante y con sustento
en el art. 202, inc.5°, del entonces Código Civil.
De allí que lo afirmado en relación a que el vínculo matrimonial
perduró durante 27 años es correcto y no se ve desvirtuado por la
circunstancia apuntada.
En torno a los argumentos vertidos en los puntos 5.4 y 5.5 -falta
de colaboración en el mantenimiento de la familia y valor de los
bienes de la actora, respectivamente-es oportuno recordar que la juez
a quo concluyó que a partir del cese de la convivencia conyugal la
situación económica de la actora se vio gravemente desmejorada, a
diferencia de lo que ocurrió con el demandado, quien tuvo un buen
pasar; y que ese desequilibrio económico manifiesto existente al
tiempo de la separación –y subsistente en la actualidad-, tuvo causa
adecuada en la ruptura del vínculo matrimonial. Para concluir de ese
modo se apoyó en elementos serios que no quedan desvirtuados a
partir de la subjetividad de la parte.
En este sentido poco aporta el apelante, pues resultan
ciertamente irrelevante las compras que pudo haber efectuado en los
comercios que nombra. Lo mismo que lo señalado en relación a las
cuentas en el Banco Macro, en particular la caja de ahorro a la que
alude, pues se trata de una cuenta de cotitularidad compartida entre el
demandado, el hijo de ambos y la actora. Por lo tanto, toda vez que la
cuestión no puede quedar reducida a tales términos, ante la falta de
argumentos de peso, se desestima la queja.
En relación a la vivienda que fue sede del hogar conyugal, tanto
en este expediente como en los juicios conexos la actora reconoció
que vivieron un tiempo en Comodoro Rivadavia y luego se mudaron a
esta ciudad, estableciendo dicha sede en el domicilio de República
Árabe Siria 2801, piso 8, su casa paterna. Ahora bien, más allá de que
la sentenciante incurrió en una imprecisión al expresar que el uso de
la vivienda que fue sede del hogar conyugal fue aportada en forma
exclusiva por la contraria, ello no conduce sin más al resultado
esperado pues no enerva -ni desmerece- el aporte que la actora hizo en
tal sentido y que fue ponderado junto con otras pruebas corroborantes
del desequilibrio económico sufrido.
En lo referido a la contribución que se tradujo en la crianza de
los hijos y en la dedicación a las tareas domésticas, las conclusiones a
las que arribó la anterior sentenciante no logran se refutadas a partir
de las quejas ensayadas. Es que aquélla en momento alguno refirió
“que la actora por haberse casado con el suscripto no pudo
desarrollar su profesión”, sino que lo que evaluó –incluso desde la
perspectiva de género-fue la conformación de una pareja que sostuvo
un proyecto familiar sobre la base de una división de roles tradicional,
por la cual el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a las tareas de
hogar y el cuidado de los niños, lo que es muy distinto a lo anterior.
Pero además de ese aporte la actora hizo otro, cual fue la de
poner ciertos bienes al servicio de la dinámica familiar –hogar
conyugal y casa de veraneo-, más allá de lo que pueda decidirse
respecto del carácter de éstos a los fines de la liquidación de la
sociedad conyugal.
Con relación al tema, no puede soslayarse que uno de los datos
más relevantes lo arroja la pericial contable de fs. 699/701 que
muestra la evolución comparativa de los patrimonios de ambas partes.
Así, el experto señaló que en el año 1982 la actora poseía un
patrimonio de $5.572.159.492, en el año 2009 de $177.916,64 y en el
año 2017 de $ 426.040,44. Por su parte, el Sr. D. B. en el año 1995
poseía un patrimonio de $497.398,08, en el año 2009 de
$2.662.214,30 y en el año 2016 de $11.317.838,76 (informe de fs.
699/701).
A lo anterior, la juez de grado añadió el crédito que el
demandado posee con la empresa Frávega el que, conforme lo
informado a fs. 310, 629/30 y 643, ascendería a la suma de
U$S1.813.000 –como ya se mencionó-, y que no habría sido incluido
en las declaraciones juradas en las que se ha basado la pericia
contable, según indica el experto a fs. 712/715. También se encuentra
agregada en autos la informativa dirigida a AFIP (fs. 372/392,
420/480, 589/628, 644/661, 669/681). Ambas partes tuvieron la
posibilidad de impugnarlo, sin embargo, el experto ratificó sus
conclusiones a las que cabe asignarle eficacia probatoria (art. 477 del
CPCC).
A la vista de lo expuesto, en atención a que lo argumentado no
logra modificar el sentido de la decisión, habiendo quedado
acreditado que se produjo un desequilibrio manifiesto en los términos
previstos por el art. 441 siguientes y concordantes del CCyC, se
encuentra justificada la fijación de la compensación establecida en la
anterior instancia y su cuantía, por las razones antes desarrolladas y
no discutidas adecuadamente por las partes. Por lo tanto, y sin que
hubiera sido objeto de cuestionamiento alguno lo decidido en cuanto a
la forma y alcance de la compensación económica, se propicia la
confirmación de la resolución cuestionada.
Por lo hasta aquí apuntado, SE RESUELVE: I) Desestimar la
vía recursiva intentada por las partes, confirmando lo decidido en todo
cuanto fue motivo de agravios. II) Distribuir las costas de alzada por
su orden en virtud del modo en que se resuelve. Regístrese,
notifíquese y devuélvase.-
Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se
encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del
Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional,
sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial
a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Fdo.: Dres. Castro – Guisado – Rodríguez. Es copia de fs. 816/820


¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0( 0 votos)



Publicado el 12/06/2019. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Compensación Económica, Derecho de Familia, Juzgado Primera Instancia


Fallos Relacionados


Responderemos a la brevedad tus comentarios: