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CONSUMIDORES ARGENTINOS v. CABLEVISIÓN S.A.; DECOTEVÉ S.A.


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SENTENCIA8 de Agosto de 2018

CORTE DE JUSTICIA. SALTA, SALTA

Magistrados: Abel Cornejo - Teresa Ovejero Cornejo - Guillermo Alberto Posadas - Sergio Fabián Vittar - Guillermo A. Catalano - Sandra BonariId SAIJ: FA18179010

SUMARIO
Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y revocar parcialmente la sentencia que condena a una empresa de televisión por cable a devolver a los usuarios las sumas que fueron percibidas en concepto de "tasa por ocupación del espacio público" e ingresadas a la Municipalidad, toda vez que se advierte que la recurrente actuó en cumplimiento de lo expresamente establecido en las ordenanzas tarifarias, las cuales la obligaban a actuar como agente de percepción de una tasa municipal e ingresar los importes recaudados a la Municipalidad.

(Tomo 220: 1013/1030)
_____ Salta, 8 de agosto de 2018.________________________________
_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “CONSUMIDORES ARGENTINOS
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA, EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES VS. CABLEVISIÓN S.A.; DECOTEVÉ S.A. - RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS 38.460/16), y _______________
__________________________CONSIDERANDO: __________________________
_____ El Dr. Abel Cornejo, las Dras. Teresa Ovejero Cornejo y
Sandra Bonari y el Dr. Guillermo Alberto Catalano, dijeron: ______
_____ 1º) Que a fs. 76/77 de autos, esta Corte hizo lugar a la
queja interpuesta, ordenando la tramitación del recurso de inconstitucionalidad
articulado por la codemandada Decotevé S.A. contra
la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial que rola a fs. 774/781 vta. del expediente
principal. _______________________________________________________
_____ Expresó la impugnante, en su recurso de inconstitucionalidad,
que el fallo de la alzada vulneró sus derechos de
propiedad y a un debido proceso y los principios de legalidad y
jerarquía constitucional al condenarla a devolver a los usuarios
las sumas que –según su parecer- fueron debidamente percibidas en
concepto de “tasa por ocupación del espacio público” e ingresadas
a la Municipalidad de conformidad con lo expresamente establecido
por las ordenanzas tarifarias. ___________________________________
_____ Sostuvo –en lo esencial- que la decisión impugnada incurrió
en un grave apartamiento del derecho positivo vigente, teniendo en
cuenta que se desconocieron las ordenanzas que la obligaban a
actuar como agente de percepción de una tasa municipal e ingresar
los importes recaudados a la Municipalidad de la Ciudad de Salta.
_____ Alegó que el deber de actuar como agente de retención
constituye una obligación legal cuyo incumplimiento hace nacer en
cabeza de aquél no sólo una responsabilidad patrimonial sino
también incluso una de naturaleza penal. _________________________
_____ Manifestó que el cumplimiento de un mandato expreso de la
ley no puede convertirse en un acto ilícito y abusivo, en los
términos de la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que el fallo
resultó arbitrario al obligarla a restituir lo que percibió e
ingresó a la Municipalidad por disposición de la normativa aplicable.
_ ___________________________________________________________
_____ Adujo que la sentencia recurrida al confirmar los fundamentos
de la señora jueza de primera instancia, se apartó de la
letra de la ley bajo una presunta “armonización”. En ese sentido,
agregó que cuando se sostuvo que el tributo no es creado por las
referidas ordenanzas sino que ellas se limitan a determinar su
monto o su alícuota, se hizo prevalecer las disposiciones del
Código Tributario Municipal por sobre la letra de las ordenanzas
tributarias, dejando de aplicar estas últimas a su arbitrio. _____
_____ Agregó que el tribunal omitió analizar lo dispuesto por el
art. 39 de la Ley Nacional 19798, que exime de todo gravamen con
relación al uso del espacio público a los servicios prestados con
fines audiovisuales. _____________________________________________
_____ 2º) Que el recurso de inconstitucionalidad constituye una
vía procesal extraordinaria, y ha sido instituido para atender los
casos enumerados por los arts. 153 inc. III a) de la Constitución
Provincial y 297 del Código Procesal Civil y Comercial, o
descalificar como actos jurisdiccionales válidos a las sentencias
que presenten vicios de tal magnitud que conduzcan a catalogarlas
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de inconstitucionales, en el marco y bajo las estrictas pautas de
la doctrina de la arbitrariedad (esta Corte, Tomo 127:715). _______
_____ En ese sentido, la doctrina de la arbitrariedad es el medio
para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un
debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y
constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación
a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo
59:527; 61:743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521; 99:889;
191:27; 207:831). _________________________________________________
_____ En consonancia con ello, corresponde determinar si -en el
caso- la sentencia que hizo lugar parcialmente a las pretensiones
de la actora y ordenó a la demandada restituir las sumas cobradas
en concepto de “tasa municipal” a quienes se les incluyó dicho
cargo, incurrió en arbitrariedad conforme a lo manifestado por la
recurrente. _______________________________________________________
_____ 3º) Que la actora solicitó en su demanda que: I) se declare
práctica abusiva, ilegal e ilegítima el devengamiento y percepción
del cargo mensual detallado en las facturas del servicio que
prestan las demandadas, identificado como “tasa municipal”; II) la
condena al reintegro de las sumas percibidas a los usuarios y III)
la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la
Ley 24240. ________________________________________________________
_____ La Cámara confirmó lo resuelto por la señora jueza de
primera instancia que partió de la premisa según la cual lo que se
cuestionó en la especie fue la actitud adoptada por las demandadas
consistente en trasladar al usuario un tributo que recaía sobre
ellas como prestatarias del servicio de televisión por cable.
Sobre tales bases, el tribunal sostuvo que los argumentos referidos
a la poca claridad de las normas tributarias municipales o a
la exención dispuesta por la ley nacional no resultaban atendibles.
Al analizar las ordenanzas tarifarias diferenció 4 etapas.
Con relación a la primera, correspondiente a las Ordenanzas
Tributarias 7306 y 12349 –vigentes entre los años 1995 a 2006-,
consideró que tales normas no dejaban dudas sobre el obligado al
pago e interpretó que durante ese período existió una práctica
abusiva e ilegal por parte de las demandadas. En la segunda etapa
que identificó desde la sanción de la Ordenanza Tarifaria 13008 y
las que sucedieron hasta el dictado de la Ordenanza Tarifaria
13776, señaló que existía una confusión en la redacción de las
normas, por lo que con relación a las percepciones realizadas
durante los años 2007 a 2010, no podían catalogarse como abusivas.
La tercera etapa identificada por el tribunal corresponde a la
vigencia de las Ordenanzas 14048 y 14076 que establecieron que el
tributo debía ser ingresado en partes iguales por las empresas
prestatarias del servicio y sus usuarios. Por último en la cuarta
etapa las Ordenanzas 14123 y 14124 dejaron en claro que los únicos
obligados al pago del tributo son las empresas prestatarias del
servicio. Pese a tal discernimiento, procedió a confirmar la
resolución de primera instancia que ordenó a las demandadas la
restitución a los usuarios de las sumas percibidas por tal concepto
en todos los períodos reclamados. Con relación a la multa
del art. 52 bis, consideró que no correspondía aplicarla en virtud
de que las ordenanzas tributarias pudieron llegar a engendrar en
las accionadas la convicción de que actuaban conforme a derecho,
más aún -sostuvo- teniendo en cuenta que la Ley Nacional de Telecomunicaciones
las exime de este tipo de gravámenes, por lo que
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ponderó que no existió culpa grave o dolo particularmente reprochable.
__________________________________________________________
_____ 4º) Que cabe analizar a la luz de los agravios traídos por
la impugnante, si su accionar puede ser considerado abusivo,
ilegal e ilegítimo, es decir, si las percepciones que realizó en
su carácter de agente de recaudación, en concepto de “derechos o
contribución que incide sobre ocupación o utilización de espacios
del dominio público”, fueron indebidamente trasladadas a los
usuarios y deben ser restituidas a éstos en el marco del régimen
de la Ley de Defensa del Consumidor. _____________________________
_____ 5°) Que respecto a ello, cabe precisar que en la organización
institucional, las provincias conservan todo el poder no
delegado a la Nación (arts. 5º, 75 inc. 12 y 121 de la C.N.) y,
sobre ese punto, la Constitución de la Provincia de Salta establece
como recursos propios de los municipios aquellos establecidos
en el art. 175, norma que se complementa con la potestad
que posee el municipio de dictar todas las ordenanzas y reglamentos
necesarios para el cumplimiento de sus fines (art. 176 inc.
23). _ ___________________________________________________________
_____ En ejercicio de esa prerrogativa, en el año 1995 el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Salta dictó la Ordenanza Tarifaria
7306 que en su Capítulo VI estableció para las diferentes prestadoras
de servicios públicos –empresas telefónicas, servicios
sanitarios y provisión de gas, energía eléctrica, televisión por
cable, teleférico, servicio de contenedores-, la obligación de
actuar como agente de recaudación de la contribución por ocupación
de la vía pública, espacios aéreos, superficiales y/o subterráneos.
Del análisis armónico de este capítulo surge que en todos
los casos previstos -arts. 58 al 62-, se designó a las prestadoras
de servicios públicos como agentes de recaudación y no como
contribuyentes. En efecto, de la redacción de tales normas surge
en forma expresa que el tributo es a cargo de los usuarios y en
todos los casos se establece la obligación de aquéllas de
“ingresar” lo recaudado del 1 al 10 de cada mes vencido. _________
_____ En el año 2005 tal norma fue modificada por la Ordenanza
Tarifaria 12349 que, con relación a dicha contribución, estableció
en su art. 42 que “Las empresas mencionadas en el artículo
anterior por la ocupación diferencial del espacio público
Municipal, ‘pagarán’ mensualmente del 1 al 10 y por mes vencido,
en concepto de tasa, las alícuotas individualizadas en el artículo
anterior, sobre los ingresos brutos obtenidos de la facturación
libre de impuestos…”. ____________________________________________
_____ Posteriormente, en el año 2007 se dictó la Ordenanza 13008,
la cual en sus considerandos estableció que “con relación a la
tasa en cuestión se restituye a las empresas el carácter de
agentes de percepción de la tasa, que había sido eliminado, sin
justificativo”. Así, su art. 38 estableció que “las empresas
mencionadas en el art. anterior, actuarán como agentes de
percepción de la tasa…”. Esta redacción se mantuvo inmutable en
los años siguientes en las Ordenanzas Tarifarias 13429, 13527 y
13776 hasta que en el año 2010 se dictó la Ordenanza Tarifaria
14048, que en su art. 33 estableció que “las empresas prestadoras
y los usuarios de los servicios deberán ingresar mensualmente y en
partes iguales, en concepto de contribución por ocupación….” _____
_____ Al dictado de esta última, la actora interpuso acción
popular con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de
los arts. 33 y 34 b) de tal ordenanza. En el precedente registrado
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al Tomo 176:973, esta Corte tuvo a la asociación por legitimada y
acogió su pretensión. Cabe mencionar asimismo que con respecto a
esta ordenanza la demandada sostuvo que no inició acción alguna
porque nunca abonó el tributo en análisis en razón de gozar del
beneficio de la reducción del 100 % prevista para aquellos que no
poseyeran deuda exigible en otras tasas (cfr. art. 34 inc. a). ____
_____ Seguidamente, la Municipalidad procedió a dictar la Ordenanza
Tarifaria 14124, modificando la redacción del art. 33, que
estableció que “Las empresas prestadoras de los servicios que a
continuación se detallan, deberán ingresar mensualmente, en
concepto de tasa por ocupación o utilización de espacios de uso
público, el importe que surja de aplicar las siguientes alícuotas
sobre los importes facturados, libre de impuesto…”. Este artículo
se mantuvo sin modificaciones en los períodos siguientes
-Ordenanzas Tarifarias 14271, 14492, 14663, 14882, 15032 y 15210-.
_____ Así, contrariamente a lo sostenido por el tribunal “a quo”,
salvo en los períodos 2005 y 2006 en los que rigió la Ordenanza
Tarifaria 12349 que designaba a las demandadas como responsables
del pago del tributo –luego modificada por el Concejo Deliberante
sosteniendo un error en su redacción-, las ordenanzas tarifarias
analizadas en el lapso en cuestión les asignaban el carácter de
agentes de recaudación –retención o percepción-, debiendo ingresar
al fisco municipal lo percibido de los usuarios –contribuyentesen
concepto de ocupación o utilización de los espacios de dominio
público. __________________________________________________________
_____ Siguiendo este análisis, al haber actuado la impugnante en
cumplimiento expreso del mandato establecido por las ordenanzas
tarifarias dictadas por el Concejo Deliberante en el ámbito de sus
competencias, no puede sostenerse un actuar ilegítimo o abusivo de
su parte. Menos aún podría ordenársele la restitución a los usuarios
–con fondos propios- de aquellos montos que hubieran sido
ingresados a la Municipalidad en cumplimiento de lo allí establecido,
sin afectar su derecho de propiedad. ________________________
_____ Caso contrario, estaríamos sosteniendo que aquellos designados
como agentes de retención o percepción, deben -además de cumplir
con tal carga pública- verificar la constitucionalidad de los
tributos y –en su caso- accionar en contra de la Municipalidad en
lugar de los contribuyentes. ______________________________________
_____ 6º) Que esta solución no implica desconocer los principios
esenciales del derecho tributario ni la letra del Código Tributario
Municipal. __________________________________________________
_____ En efecto, el principio de legalidad o de reserva de ley que
rige en materia de tributos tiene como objetivo brindar seguridad
jurídica a los contribuyentes y responsables, estableciendo que
ninguna carga tributaria pueda ser exigible por el poder público
sin la preexistencia de una obligación legal encuadrada dentro de
los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente
creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones
(CSJN, Fallos, 316:1115, 2329; 317:1282). __________________
_____ Asimismo, el principio de transparencia tributaria, identificado
con el principio de legalidad, exige que las leyes tributarias
y sus normas reglamentarias se estructuren de manera que
presenten técnica y jurídicamente el máximo posible de inteligibilidad
y sus disposiciones sean tan claras y precisas que
excluyan toda duda sobre los derechos y deberes de los contribuyentes,
y con ello la arbitrariedad en la liquidación y
recaudación de los impuestos. Desde el punto de vista jurídico, la
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transparencia tributaria se dirige, pues, a la protección y garantía
de los derechos de los contribuyentes (Soler, Osvaldo H.,
“Ilegitimidad de las tasas municipales cuya base imponible son los
ingresos brutos del contribuyente. Un particular enfoque doctrinario”,
LL - Imp. Nº 6, junio 2011, págs. 55 y ss.), principios
que obligan al Concejo Deliberante a extremar los recaudos para
dictar ordenanzas tarifarias que respeten los elementos esenciales
de los tributos que se encuentran establecidos en el Código Municipal
y no contravengan los principios constitucionales de legalidad,
igualdad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva,
razonabilidad y proporcionalidad, todos ellos plenamente aplicables
al ámbito de imposición municipal. __________________________
_____ Ello tampoco implica un pronunciamiento sobre el derecho de
los usuarios de los servicios de televisión frente al cobro que
efectuó la Municipalidad de la Ciudad de Salta. __________________
_____ 7º) Que así las cosas, más allá del análisis sobre la
constitucionalidad o no del gravamen en cuestión respecto del cual
esta Corte tuvo ocasión de pronunciarse en la acción deducida por
la actora, lo cierto es que se advierte que la demandada –salvo en
los períodos 2005 y 2006- actuó en cumplimiento de lo expresamente
establecido en las ordenanzas tarifarias, en mérito de lo cual
corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad
interpuesto a fs. 791/796 del expediente principal
y dejar sin efecto la sentencia de fs. 774/781 de esos autos en
cuanto condena a la accionada a la devolución de las percepciones
establecidas por las Ordenanzas 7306, 13008, 13249, 13527 y 13776.
Con costas por el orden causado, teniendo en cuenta la complejidad
del caso, de lo que se desprende que la actora tuvo fundadas razones
para litigar. ________________________________________________
_____ 8°) Que es atribución de esta Corte no adoptar el camino del
reenvío y ejercer su competencia positiva decidiendo sobre el
fondo del asunto cuando, como sucede en la especie, así lo
aconsejan razones de economía, celeridad y certeza, atendiendo a
la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo transcurrido
(cfr. Tomo 98:355; 131:89 y sus citas, entre otros). _____________
_____ 9°) Que por los fundamentos expuestos en los considerandos
precedentes, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de
apelación interpuesto por la demandada y revocar parcialmente la
sentencia de primera instancia con el alcance establecido en el
considerando séptimo. Con costas de primera y segunda instancia
por el orden causado por la valoración efectuada en tal apartado.
_____ Los Dres. Guillermo Alberto Posadas y Sergio Fabián Vittar,
dijeron: _________________________________________________________
_____ 1º) Que compartimos lo expuesto en los considerandos 1º, 2º
y 3º del voto que abre el acuerdo pero disentimos de la solución
jurídica que allí se propone, por los fundamentos que seguidamente
se expresan. _____________________________________________________
_____ 2º) Que la actora solicitó en la demanda que: I) se declare
práctica abusiva, ilegal e ilegítima el devengamiento y percepción
del cargo mensual por ocupación del espacio público que se
identifica como tasa municipal en las facturas del servicio que
prestan las demandadas; II) se condene al reintegro de las sumas
percibidas de los usuarios por ese concepto, y III) se aplique la
multa prevista en el art. 52 bis de la Ley 24240. La Cámara, al
confirmar la sentencia de primera instancia, cuestionó el traslado
del tributo a los usuarios y ordenó la restitución de los montos
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por los períodos reclamados, a la vez que desestimó el pedido de
daño punitivo por inexistencia de dolo o culpa grave. _____________
_____ 3º) Que a la luz de los agravios traídos por la recurrente,
la contienda quedó ceñida a determinar la legitimidad de la
conducta seguida por Decoteve S.A. al transferir el impuesto y, en
su caso, a dilucidar si corresponde ratificar la restitución ordenada
en las instancias anteriores. ________________________________
_____ 4º) Que este Tribunal ha tenido oportunidad de analizar la
naturaleza del tributo por ocupación del espacio público con
relación al servicio de televisión por cable, pronunciándose por
su inconstitucionalidad (Tomo 176:973), en tanto consideró que se
trataba de una carga de tipo impositivo que la municipalidad no
podía implementar al no encontrarse autorizada por una ley
provincial (art. 175 inc. 2° de la Constitución local). Esta
declaración no sólo fue consentida por las partes sino que fue
compartida en sus fundamentos por la demandada ( v. fs. 91 y vta.,
entre otras menciones). ___________________________________________
_____ Frente a esas circunstancias, no cabe más que ratificar el
reproche por el traslado del impuesto pues conociendo –y aun
proclamando- la ilegitimidad de las ordenanzas, la demandada ha
decidido permanecer en su estado de confort sin cuestionarlas,
evidenciando un marcado desinterés por el perjuicio económico que
tal imposición le causaba mensualmente a sus clientes. Esta
actitud, valorada en el marco de una relación de consumo, configura
una situación jurídica abusiva que justifica la condena a
restituir los importes indebidamente percibidos, pues el sistema
protectorio obliga a asistir, en estas circunstancias, al usuario
devenido –injustamente- en contribuyente por ser la parte débil de
la vinculación. __________________________________________________
_____ Tal práctica, a su vez, afectó la libertad de elección de
los usuarios pues la omisión de alertar sobre la ilegitimidad del
impuesto contradice la calidad de cierta, clara y detallada que
debe tener la información que suministra el proveedor en relación
con los bienes y servicios que presta (art. 4º de la Ley 24240). __
_____ De esa forma, la solución del caso se encuentra signada por
la aplicación de los principios del derecho del consumidor,
entendido como un microsistema legal de protección especial con
base en el derecho constitucional (cfr. Lorenzetti, Luis R., “Consumidores”,
Santa Fe, Rubinzal – Culzoni, 2009, pág. 50), que
tiene por efecto la aplicación del Título III y las restantes
normas del Código Civil y Comercial y las leyes especiales de
tutela de consumidores (Lorenzetti, Luis R., “Fundamentos de derecho
privado – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina”,
Buenos Aires, La Ley, 2016, pág. 296). ____________________________
_____ En esa inteligencia y ante la certeza de que el usuario es
el sujeto protegido, la crítica de la impugnante referida a que,
por su condición de agente de percepción, es la municipalidad la
obligada a la devolución, no puede prosperar, pues tal temperamento
conduciría a que sean los propios perjudicados los que
tengan que recurrir nuevamente a la justicia, con la asequible
probabilidad de que el cobro de sus créditos se vea frustrado por
efecto de la prescripción. En consecuencia y en este esquema, los
tribunales anteriores han optado por la composición más justa de
los intereses en juego, al condenar a Decotevé S.A. al reembolso
sin perjuicio del derecho al recupero que le pudiere corresponder
por las sumas que deba restituir. _________________________________
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_____ Cabe señalar, al respecto, que la decisión mencionada aparece
como la más adecuada a pesar de que el déficit de las ordenanzas
tributarias haya dificultado el análisis sobre la posición
jurídica de las partes, pues si hay dudas respecto a la interpretación
de los hechos la situación debe resolverse en el sentido
más favorable al consumidor (Shina, Fernando E., “Sistema legal
para la defensa del consumidor”, Astrea, Buenos Aires, 2016, pág.
20). _ ___________________________________________________________
_____ 5º) Que por su parte, el agravio referido a la supuesta
contradicción de la sentencia que condena a la demandada y que al
mismo tiempo declara la inexistencia de dolo o culpa grave tampoco
puede prosperar, ya que tal valoración se ha efectuado exclusivamente
para desestimar el daño punitivo, pues su procedencia
exige la verificación de tales calificantes. _____________________
_____ 6º) Que igual mención merece la crítica referida a la falta
de análisis y aplicación del art. 39 de la Ley 19798, ya que la
condena de reembolso tiene fundamento en la desaprensiva conducta
de transferir un impuesto cuya ilegitimidad de origen conocía, y
no en la situación fiscal en la que se encontraba la demandada –si
estaba o no exenta del gravamen– ni en el carácter que revestía
frente a la imposición –si era contribuyente o agente de recaudación,
de percepción o de retención-. ___________________________
_____ 7º) Que en lo referido a las costas y más allá de que la
cuestión no ha sido introducida en el recurso de inconstitucionalidad
(v. fs. 798/811 del expediente principal), el análisis
de los hechos demuestra que no existen razones que
justifiquen el apartamiento del principio objetivo de la derrota y
que, por tal motivo, permita que se exima de los gastos causídicos
a la empresa demandada. En tal sentido, el argumento de la recurrente
sólo exhibe una disconformidad desprovista de aptitud para
modificar lo resuelto. ___________________________________________
_____ 8º) Que por último, cabe recordar que la doctrina de la
arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la
defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las
sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del
derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de
la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 71:1; 77:619;
87:769; 96:521). En ese lineamiento, el análisis precedente
posibilita descartar la tacha de arbitrariedad, ya que la
sentencia presenta motivaciones suficientes que, aun sin ser compartidas
por la impugnante, permiten considerarla como acto
judicial válido (cfr. esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987;
71:1; 77:619; 199:253). __________________________________________
_____ 9º) Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de
inconstitucionalidad deducido, imponiendo las costas a la demandada
(art. 302 del Código Procesal Civil y Comercial). ___________
_____ Por lo que resulta de la votación que antecede,____________
_________________________LA CORTE DE JUSTICIA, ___________________
______________________________RESUELVE: __________________________
_____ I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de inconstitucionalidad
interpuesto a fs. 791/796 de los autos principales, y
en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de fs. 774/781 vta. de
esas actuaciones en los términos del considerando séptimo del
primer voto. Con costas por el orden causado. ____________________
_____ II. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación de la
codemandada Decotevé S.A. de fs. 669 del expediente principal y,
en su mérito, revocar parcialmente la sentencia de fs. 655/663 de
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dichos autos, en los términos de los considerandos séptimo y
noveno del primer voto. Con costas de primera y segunda instancia
por el orden causado. _____________________________________________
_____ III. MANDAR que se registre y notifique.____________________
(Fdo.: Dr. Abel Cornejo, Dra. Teresa Ovejero Cornejo; Dres.
Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo A.
Catalano -Presidente-, y Dra. Sandra Bonari –Jueces y Juezas de
Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo Sosa -Secretario de Corte de
Actuación-).


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Publicado el 11/09/2018. Temas: Derechos del Consumidor, Superior Tribunal


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