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Consorcio de Prop. Av. A. y G. P. c/ C. D. G., C. B.; s/Rendición de cuentas


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Expte. 61.044/2012 – "Consorcio de Prop. Av. A. y G. P. c/ C. D. G., C. B.; s/Rendición de cuentas. Ordinario" – CNCIV – SALA H – 31/08/2015

En Buenos Aires, a 31 días del mes de agosto del año 2015, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala "H" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: "Consorcio de Prop. Av. A. 3153 y G. P. 5560 c/ C. D. G., C. B.; s/Rendición de cuentas. Ordinario" y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:
I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs.57 contra la sentencia de fs.54/5 que rechazó la demanda por rendición de cuentas contra la ex administradora del Consorcio actor. Expresa agravios a fs.76/80 los que son respondidos por la accionada a fs.82/4. Varios son los puntos de la sentencia que ataca el apelante, cuyos argumentos no logran rebatir eficazmente los fundamentos del decisorio de grado. A continuación mis razones.
II- En la pieza procesal recursiva, la actora hace alusión al expediente conexo nº 74.526/2011 relacionado con una repetición por el pago de una indemnización a un empleado según un acuerdo en sede laboral por el que la demandada y el consorcio habrían asumido el pago de la misma por mitades. Dice que la demandada si bien renunció a la administración del consorcio en julio de 2008, con posterioridad existieron reclamos verbales y telefónicos, y una audiencia de mediación en octubre de 2009 referida a las cuestiones pendientes. Que en el expediente conexo se reclamaba la repetición de la suma de $12.000 más la rendición de cuentas de la administradora, y que la juez de grado no permitió la acumulación objetiva de acciones, por lo que se inició este expediente únicamente referido a la rendición de cuentas. Considera irrelevante el acta notarial nº 42 del 4 de julio de 2008 en la que se da cuenta de la entrega de la documentación del consorcio, así como insuficiente la rendición de cuentas allí efectuada. Expresa que equivoca el a quo su postura cuando dice que el juicio de rendición de cuentas debió haber sido autorizado por la Asamblea de Copropietarios, en tanto el Administrador en representación del Consorcio se encuentra legitimado a reclamarla. Postula que no existió una verdadera rendición de cuentas por parte del ex administrador, y que ello le impide conocer los daños causados. Finalmente, se queja por la imposición de costas.
III- En primer término debo aclarar atento la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que de acuerdo a la norma contenida en el art.7, el presente caso será analizado bajo las directivas del Código de Vélez; ello sin perjuicio de indicar que la normativa actual tiene su correspondencia con la anterior. El aspecto medular del decisorio radica en que la accionada luego de su renuncia a la administración del Consorcio, conforme el acta notarial nº 42 procedió a dejar constancia de la entrega de toda la documentación del consorcio a la nueva administración, con un detalle de las cuentas –me remito al acta referida-, por lo que el Magistrado entendió que las cuentas habían sido rendidas y aceptadas por la accionante, de modo que rechazó la demanda. La atenta lectura del acta notarial me persuade de la sinrazón de este juicio. En el acto que da cuenta ese instrumento público, la demandada entregó la documentación correspondiente a su anterior gestión –junio de 2005 a mayo de 2007- y la correspondiente a su periodo –junio de 2007 a junio de 2008-, y detalló las cuentas. Hay un verdadero inventario de toda la documentación entregada, con detalle de los recibos de sueldo, declaraciones juradas formulario 931 de cargas sociales y boletas de Fateryh y Suterh; copia del Reglamento de Copropiedad y Administración, Libro de Ordendes ley 12.981; exámenes médicos periódicos y preocupacional de Ramirez, Vélez, Gallardo y Baez; legajos personales; Libro de Actas; carpeta con información referida a los convenios de pago realizados en el estudio de Dra. T., apoderado legal del Consorcio; informe con detalle de los porcentajes de expensas de cada una de las T. y nº de los medidores de cada Torre y los medidores comunes; estados del Banco Patagonia, con número de cuenta y saldo al 30/5/2008 de $ 29.655,23, estado de otra cuenta de $ 1493,33 al 30/5/2008; la chequera de pago diferido de la cuenta corriente, indicando el número del último cheque que ya había sido debitado. Asimismo, se especificó la entrega del contrato de conservación de ascensores; el contrato de trabajo de reparación del 6/3/2008 y el avance de obra; la póliza de seguros del edificio con vencimiento en diciembre de 2008, y los seguros de vida de los empleados con vencimiento en octubre de 2008; documentación relativa a la situación de las unidades 77 y 47; certificado de estudio de Aguas; Formulario 460/J de la AFIP; duplicado de los recibos de expensas desde el 1/5/2007 al 30/5/2008; recibos en blanco de cobro de expensas numerados, más 210 liquidaciones del mes de junio. También se indicó las cuentas pendientes de pago y las pendientes de cobro (ver fs.11/12). Si bien no hay especificación numérica en el acta notarial, lo cierto es que ello es aceptado sin reparos, condicionamientos u observaciones por la nueva administración que había sido designada por Asamblea Extraordinaria el 23 de junio de 2008. Tal accionar sella la suerte del presente. El consorcio podía pedirle al anterior administrador la rendición de cuentas, sin necesidad de ser dispuesta la manda por la Asamblea de Copropietarios (conf.art.1909 y cc C.Civil); pero lo que no podía era insistir con una rendición de cuentas cuando las mismas habían sido ya aceptadas.
IV- Es ampliamente reconocido por la doctrina nacional el valor probatorio de la conducta procesal de las partes, criterio con antecedentes en Cappelletti y otras autoridades foráneas (ver sobre el tema, Masciotra, Mario, "La conducta procesal de las partes. El principio de colaboración y los deberes del juez", ED, 209-846 y sig.; Kielmanovich, Fecha de firma: 31/08/2015 Teoría de la prueba y medios probatorios, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, pág. 652 y sig., entre otros). En esta clase de procesos el órgano judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes (Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, 3era.edición póstuma, 1993, págs. 185 y ss.; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 2da.ed. 6ra.reimpresión, T I, págs. 253 y ss.), y advierto en el subjudice que el obrar discrecional y despreocupado del consorcio actor importó una transgresión a los principios de buena fe y lealtad procesal (CSJN, Fallos: 255:283; 258:299; 298:220; entre muchos otros). En efecto, la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Es esta una aplicación concreta de los deberes de lealtad, probidad y buena fe mencionados genéricamente en el art. 34 inc. 5to. letra d) y en el art. 163 inc.5 CPCC. La buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro, la conducta que los actos anteriores hacían prever (Diez Picazo Ponce de León Luis: "La doctrina de los propios actos", Barcelona 1963, pág. 245; CSJN, Fallos 305: 1402, in re "California S.E.C.P.A c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura" y "Zubdesa S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", consid. 5°, en ED 118-362 del 27/2/86 en donde se cita la sentencia del 5.9.85 in re S.164.XX "Szilaguyi de Maquelo Elena A. y otros c/ Sanatorio e Instituto Buenos Aires S.A. y otros s/ cobro de pesos", consid. 8° y sus citas).
Siguiendo ese hilo argumental, observo que el apelante aceptó sin reserva la entrega de toda la documentación del consorcio, además del detalle de las cuentas pendientes de pago y pendientes de cobro, más las copias de los recibos de expensas y las liquidaciones del mes de junio – correspondientes a mayo de 2008– y consintió la declaración de puro derecho. Así las cosas, no puede pretender con posterioridad mediante este juicio una nueva rendición de cuentas. Comparto la solución del caso dispuesta por el a quo, en el sentido que las cuentas ya han sido rendidas y aceptadas por el Consorcio en julio de 2008, por lo que mal puede venir a cuestionarlas ahora. Además, el actor pretende que se rindan cuentas, cuando ni siquiera esgrime o justifica su acción en supuestos errores o falencias de las brindadas oportunamente por la accionada, de lo que da justamente cuenta el acta notarial precitada (conf.art.1910 C.Civil). No es óbice a esta conclusión el hecho de que la actora tuviera un hipotético crédito contra la accionada derivado de un acuerdo laboral que se ventila en otro juicio, por cuanto su objeto no coincide con éste, y con más razón cuando ya se ha dictado una sentencia que rechazó la demanda, la que se encuentra firme –ver fs.95/97–. V- En otro aspecto, recuerdo que la obligación de rendir cuentas consiste esencialmente en el deber de información, y por lo tanto, debe tener la aptitud para colocar a la otra parte en condiciones de aprobarla con libertad, con conocimiento de la situación (conf. Lorenzetti, en HightonBueres, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, 2003, T 4D, pág.256). Se ha dicho también en cuanto a la prueba de la rendición de cuentas que no cabe un rigor excesivo al respecto, por cuanto algunas veces los gastos aparecen notoriamente justificados por las circunstancias. Precisamente, tal situación acontece en este conflicto, por cuanto el administrador presentó durante casi un año las liquidaciones de expensas, y al terminar su gestión dejó en claro el dinero existente en caja, más el cobro de lo percibido por expensas y aquellas que estaban adeudadas –me remito al acta notarial no impugnada por la apelante; art.993 y cc C.Civil–. Es evidente que la ex administradora informó sobre su gestión, de acuerdo a la costumbre y sus reglamentaciones; y acompañó toda la documentación que tenía en su poder, que daba razón y justificaba lo actuado en nombre y por cuenta del consorcio (ver Lilian Gurfinkel de Wendy, Derechos Reales, Abeledo Perrot, 2010, T1, pág. 706). Como aspecto de suma relevancia señalo que el actor no acompañó a estas actuaciones, ni al juicio conexo que tramitó por separado, el Reglamento de Copropiedad y Administración del Consorcio, cuya naturaleza jurídica contractual hubiera puesto en claro cuál era el carácter de las obligaciones asumidas por el administrador, como su extensión y forma de cumplimiento. Tampoco adjuntó copia del Libro de Actas que demostrara los hechos en que se funda la demanda (conf.art.377 CPCC).
Nótese que ni el Código Civil ni la ley 13.512 han reglamentado la forma en que deben ser presentadas las rendiciones de cuentas, aún cuando la mayoría de la doctrina y jurisprudencia coinciden en que por analogía se aplicarán las normas del Código de Comercio sobre la materia. Siguiendo este criterio, cabe indicar que tampoco hubo cuestionamiento dentro del plazo del art. 73 del C.Com (Elena Highton, "El administrador en la propiedad horizontal", Revista de Derecho Privado y Comunitario, pág.224). Felizmente esta cuestión se encuentra zanjada en el nuevo Código Civil y Comercial que fija en el art.2067 entre las obligaciones del administrador en caso de renuncia o remoción, la de entregar los activos existentes, libros y documentación del consorcio, y rendir cuentas documentadas dentro de los 15 días hábiles; plazo que aquí fue superado holgadamente en años. Esta norma si bien no resulta aplicable al caso (conf. art.7 CCC), nos da una pauta de razonabilidad en la petición del Consorcio, y que en este conflicto puede validamente entenderse que existió una aprobación tácita (ver Smayesky-Penna, Propiedad horizontal (Dir.), La Ley, 2011, pág.381). Por ende, la recepción de la documentación y la aceptación de la rendición sin ningún condicionamiento o reserva, aunado el tiempo transcurrido desde la renuncia hasta la fecha de realización de la mediación, permite arribar a la conclusión que se extinguió la obligación que recaía sobre el mandatario (conf. art.537, 541, 625 y cc C. Civil), tal como lo entendió el a quo, por lo que propongo la confirmación de la sentencia de grado.
VI-Costas En orden al rechazo de la demanda, corresponde confirmar las costas de primera instancia en cabeza de la actora perdidosa, como también imponerle las de Alzada (conf.art.68 CPCC). No encuentro mérito suficiente para apartarme del principio objetivo de la derrota, más aún cuando fue la actora quien se colocó en la situación que la perjudicó VII-Colofón Por las razones precedentes, propongo al Acuerdo de Sala de mis distinguidos colegas: I-Rechazar los agravios de la actora y confirmar el decisorio de grado. II-Imponer las costas de segunda instancia a la actora perdidosa (conf.art.68 CPCC).
El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.
FDO. José Benito Fajre - Liliana E. Abreut de Begher - Claudio M. Kiper. /
//nos Aires, de agosto de 2015.
Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:
I-Rechazar los agravios de la actora y confirmar el decisorio de grado.
II-Imponer las costas de segunda instancia a la actora perdidosa (conf.art.68 CPCC).
III. El presente se trata de un proceso en el cual se persiguió una condena a hacer rendir cuentas. A los fines regulatorios se tendrá en cuenta el art. 6to. del Arancel y los trabajos efectivamente cumplidos, teniendo en cuenta que la pretensión no prospero, así como la naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los profesionales el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-. En consecuencia, por resultar equitativos se confirman los honorarios regulados a los letrados apoderados de la parte demandada Dres. B. Á. O. y A. M. V.. IV.
En cuanto a los honorarios de la mediadora, esta Sala entiende, que a los fines de establecer los honorarios de los mediadores corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos "Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.", del 25/10/2013, Exp. 6618/2007).
En consecuencia, ponderando lo dispuesto por el Dec. 1467/2011, Anexo III, art. 1, inc. h), por resultar reducidos se elevan a la suma de pesos ... ($ ...) la retribución fijada a la mediadora, Dra. E. G. P.. V. Por las tareas realizadas en esta instancia que culminaron en la presente sentencia regúlanse los honorarios de la Dra. K. A. T. letrada apoderada de la parte actora a la suma de pesos ... ($ ...). Los del Dr. B. Á. O. letrado apoderado de la parte demandada a la suma de pesos ...($ .... (art. 14 del Arancel).
Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.
Fdo.: José Benito Fajre - Liliana E. Abreut de Begher - Claudio M. Kiper


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Publicado el 31/08/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Propiedad horizontal, Rendición de cuentas


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